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El jueves la Comisión de Justicia debatirá y votará recuperar la llamada Justicia Universal, es decir, la capacidad de los jueces españoles para investigar y juzgar hechos que ocurran en otros países. La iniciativa es de Unidos Podemos-En Comú y es una proposición no de ley, es decir, en principio tiene solo valor político pero puede determinar mayorías para una futura reforma. Que salga adelante depende de la posición del PSOE, con quien Unidos Podemos está negociando. Está basada en las reiteradas peticiones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para revertir la reforma que hizo el PP en 2014 en contra de todos los demás partidos y que ha provocado el archivo de numerosas causas.

Según el texto de la proposición “la reforma de la Justicia Universal aprobada en 2014 supuso una restricción sustancial y extrema de los derechos de los españoles víctimas de genocidios en el extranjero, según señaló la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 18 de abril de 2016. En su resolución, el Alto Tribunal destaca que «la nueva regulación del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero, que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español dada la escasísima posibilidad de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en España».

Hasta 2009 el principio de Justicia universal era casi absoluto y la Audiencia Nacional pudo investigar el genocidio chino en Tibet, la represión de Augusto Pinochet en Chile o las torturas en Guantánamo, entre otros casos.

Con la ley previa a 2009 hubiera sido posible tramitar la querella presentada esta semana en la Audiencia Nacional por el genocidio en Sira en el que hay víctimas con vinculaciones con España.

En 2009, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero hizo una primera reforma restrictiva para evitar conflictos diplomáticos. Se limitaba la Justicia Universal a que los acusados se encuentran en España, que alguna de las víctimas tiene nacionalidad española, o que "exista algún vínculo de conexión relevante en España".

Pese a esa reforma, jueces y fiscales de la Audiencia Nacional buscaron la forma de seguir investigando esos casos, sorteando las restricciones. Sin embargo, en 2014 el PP hizo en solitario una reforma que en la práctica eliminó la Justicia Universal con restricciones añadidas como que reforzar la limitación de que no sea posible investigar aquí aunque haya españoles si se han abierto diligencias en los países en los que se han producido los hechos.

Por ejemplo, el juez Santiago Pedraz resumió en la frase “el flexo no podrá mantenerse encendido” la imposibilidad de mantener la investigación sobre la muerte del cámara español de Telecinco José Couso por militares estadounidenses en Bagdad en abril de 2003, durante la invasión de Irak. Si se aprobara la reforma que se discute el jueves casos como ese podrían mantenerse abiertos.

Jueces y fiscales lamentan también no tener instrumentos legales contra el terrorismo islámico y para dar protección y satisfacción a las víctimas.

Por ejemplo, la Audiencia Nacional no ha podido abrir diligencias por el atentado en el Museo del Bardo de Túnez en el que murieron dos españoles. Eso significa que la Fiscalía ve restringida su capacidad de investigación y de cruce de datos y, además, ha habido dificultades para dar protección y ayuda a los familiares de las víctimas.

Tampoco ha sido posible, pese a los lamentos de la Fiscalía, abrir diligencias con el mismo fin en otros atentados terroristas como los de París.

Otro de los efectos negativos de la reforma del PP que también se mitigaría ahora sería la gestión de los intereses de las víctimas del accidente del avión avión de Germanwings, en este caso no a efectos de investigación porque ya se determinaron los hechos en la Justicia francesa, pero sí a efectos de gestionar los intereses de las víctimas.

Esa reforma, que ahora se quiere revertir, ha dificultado también la investigación de tramas de crimen organizado internacionales, también, por aplicación de ese principio de concurrencia, es decir, que no haya investigaciones en marcha en otros países.

Incluso, los efectos negativos alcanzan al auxilio judicial de España a otros países. Por ejemplo, el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal rechazó una petición de auxilio de un magistrado argentino que ha abierto una investigación por delitos de lesa humanidad contra ETA en virtud del principio de justicia universal.

Según el texto que defenderá el portavoz de Justicia de Unidos Podemos, Jaume Moya, “el actual redactado del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no solo niega la justicia a las víctimas extranjeras de graves violaciones de derechos humanos sino que también deja por tanto en situación de desamparo a las víctimas españolas que sufran delitos internacionales en el extranjero, contradiciendo el Estatuto de la Corte Penal Internacional en su Preámbulo que establece que «es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales».

Hace meses ya se discutió en el Senado, pero entonces Unidos Podemos mantuvo una posición de máximos para que se volviera a la situación previa a 2009, es decir, la Justicia Universal sin restricciones. El PSOE presentó una enmienda transaccional para que se fuera a antes de 2014.

Ahora para facilitar el acuerdo, el grupo de Pablo Iglesias acepta esa misma posición del PSOE y se da la circunstancia de que la reforma de 2009 la lideró el ahora portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, entonces secretario de Estado de Justicia.

El PP y Ciudadanos no comparten esta reforma y, de hecho, el partido de Albert Rivera no lo incluyó en su pacto con el PSOE no en el de investidura de Mariano Rajoy. Los partidos independentistas y nacionalistas sí apoyarán la proposición no de ley, por lo que todo queda en manos del PSOE.