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La juez Núñez censura “las teorías sobre conspiración” de Alaya, el PP y la Guardia Civil

La magistrada critica el daño a "muchas familias" en el caso de los cursos de formación

La juez María Núñez, en su despacho de Sevilla.
La juez María Núñez, en su despacho de Sevilla.

La juez María Núñez ha censurado las "teorías sobre conspiración y tramas delictivas" elaboradas en la pieza política del caso de los cursos de formación, iniciada por Mercedes Alaya tras recibir informes con "irregularidades administrativas" y tras una mera "hipótesis" de la Guardia Civil que luego ha "avalado" el PP, en su guerra política contra la Junta de Andalucía.

Al aterrizar en el juzgado hace un año y medio, Núñez se enfrentó con crudeza a Alaya, que la tildó de incompetente, y posee una visión radicalmente distinta de su predecesora. Mientras que Alaya apreciaba delito en numerosas decisiones de la Junta, Núñez ha desarrollado investigaciones mucho menos inquisitivas, de ahí que ahora haya cargado contra Alaya, junto a la Guardia Civil y el PP, que comparten muchas de sus acusaciones sobre la labor del Gobierno andaluz y que Núñez estima desmesuradas y sin base.

Las críticas de hoy de la magistrada Núñez censuran tres patas fundamentales de la acusación del caso de los cursos de formación y solo deja fuera a la Fiscalía Anticorrupción, que apoyó el archivo de esta rama troncal que afecta a la Junta de Andalucía como pagadora de los cursos.

En respuesta a un recurso del PP contra el archivo de la pieza política de los cursos, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla afirma que su "criterio operativo" en esta causa consiste en iniciar investigaciones penales tras la "interpretación" de informes de la Cámara de Cuentas andaluza y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Tras esos informes sobre los 2.896 millones invertidos por la Junta en formación entre 2002 y 2012, desde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se elaboró una "hipótesis" de una supuesta red clientelar y de una "organización criminal" formada por altos cargos del Ejecutivo autonómico, que no se ha podido demostrar y que motivó el archivo de esta pieza por la juez el pasado octubre, tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

En la pieza política de los cursos había 24 exdirigentes de la Junta investigados, 16 de ellos detenidos por Alaya y que pasaron por calabozos. Para Núñez, en esta causa se actuó como en el Caso avales, que también abrió Alaya, y se elaboraron "teorías sobre conspiración y tramas delictivas", una tesis que ha sido "avalada" por el PP andaluz, concluye en su auto.

En contraste con la juez, el Instituto Armado estimó que las irregularidades en la concesión, justificación y liquidación de las subvenciones "eran fruto de una actuación concertada y coordinada desde el SAE, fruto de una organización criminal, de una asociación ilícita, que comprendía toda la comunidad autónoma de Andalucía". Sin embargo, para la juez esto no ha quedado demostrado.

Esta supuesta organización dentro del Gobierno andaluz benefició a una "red clientelar" tras actuar "de forma concertada y bajo instrucciones específicas" y provocó, "de forma consciente", una "malversación del erario público", según la tesis de la UCO a la que se refiere la juez y que respaldó Alaya. Tras recordar la "especial formación" que se requiere para analizar los informes oficiales para evitar "conclusiones erróneas", la juez subraya que los propios interventores de la Intervención General, que examinan la actuación administrativa, no han abierto causas penales por irregularidades administrativas.

"Cómo es posible que se abran numerosas causas penales partiendo de interpretaciones de los informes de la Intervención, causas que vienen siendo archivadas por los juzgados de instrucción", indica la instructora en alusión a los archivos decretados por varios juzgados andaluces sobre los cursos de formación.

La juez Núñez advierte de que estas investigaciones penales pueden causar "un grave perjuicio a muchas familias cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada", que han tenido que defenderse "como presuntos delincuentes" y respecto a las cuales se pone en duda su honorabilidad y profesionalidad. También señala que esta causa perjudicó a personas que dejaron de recibir una formación "necesaria y útil para su vida profesional". Es decir, la juez critica la ligereza de Alaya para meter en calabozos a altos cargos de la Junta con indicios débiles en su contra, según su tesis.

"Los jueces no trabajamos con papel sino con personas, detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo", indica Núñez sobre la referencia a la estrategia del PP con los recursos que presenta.

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