El Parlamento vasco comienza el debate sobre la nueva relación entre Euskadi y España

El Parlamento vasco ha iniciado el camino hacia un nuevo Estatuto desde el "respeto al ordenamiento jurídico" y a la "voluntad democráticamente expresada" por los ciudadanos. Ese es el punto de partida de la Ponencia creada este jueves para estudiar y pactar la reforma del Estatuto que consolide el nuevo modelo de relación entre las administraciones central y vasca.

La creación de este grupo de trabajo ha sido apoyada por el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE, mientras que EH Bildu se ha abstenido y el PP ha votado en contra, aunque participarán activamente en el foro, una continuación del que ya funcionó la pasada legislatura y que concluyó sus trabajos antes de la disolución del Parlamento.

El texto pactado esta mañana por PNV, PSE y Elkarrekin Podemos subraya que el objetivo es actualizar el sistema de autogobierno "como oportunidad para que una mayoría amplia y plural de vascos renueve el pacto político y social que le permita hacer frente a los retos presentes y futuros" . Además, establece que el autogobierno ha de ser entendido como "la consolidación y extensión de los derechos sociales, económicos o culturales", así como "la solidaridad intergeneracional, el diseño de la arquitectura institucional interna de Euskadi o nuevas formas de relación entre las instituciones y la ciudadanía".

El portavoz del PNV, Joseba Egibar ha planteado que su grupo quiere buscar el acuerdo "más amplio posible que culmine en una consulta a la ciudadanía vasca" y ha invitado al PP a que no actúe como "el corregidor del reino" para lograr el "mayor consenso posible". Egibar respondía así al portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha augurado el fracaso de la ponencia habida cuenta de las posiciones encontradas de los grupos y que "podrían meter a Euskadi en un lío de imprevisibles consecuencias y acabar en un callejón sin salida", como ha sugerido que está sucediendo en Cataluña.

Maddalen Iriarte (EH Bildu) ha indicado que trabajarán en la ponencia "sin intención de dificultar y sin poner condiciones previas", aunque ha dejado claro que su objetivo es la consulta. "EH Bildu trabajará de forma seria porque quiere llevar al país donde se merece. Tenemos que poner los píes en el suelo y vamos a empezar a caminar", ha indicado.

Lander Martínez, de Elkarrekin Podemos cree que, "frente a propuestas indefinidas de nuevos estatus que esconden meros traspasos de competencias", su grupo apuesta por que de la ponencia salga una propuesta "que dé respuesta a las demandas sociales". Para los socialistas lo importante en este debate "no es poner plazos, ni fechas, ni marear la perdiz", sino alcanzar un "punto de encuentro" siguiendo los procedimientos legales "como única garantía de utilidad" de los trabajos de la ponencia, ha dicho José Antonio pastor.

PNV y PSE pactaron en su acuerdo de coalición un punto en el que ponían límite temporal al debate y resolución del nuevo Estatuto de Gernika "respetando el ordenamiento jurídico". "El borrador con la reforma del nuevo Estatuto deberá ser redactado en el plazo de ocho meses a partir del acuerdo en la ponencia y tramitado por el Parlamento vasco como proposición de ley siguiendo las normas y procedimientos jurídico legales vigentes y los establecidos en el Reglamento de la Cámara".

Así figura en el último punto del documento de coalición, en el que precisan el procedimiento y contenido de la actualización: "Los acuerdos que estas adopten serán sometidos a la decisión de la ciudadanía, para que los ratifique mediante referéndum", como fija la propia Constitución. El lehendakari, Íñigo Urkullu, planteó después, durante el periodo electoral que el PNV apuesta por otra consulta, tras la aprobación del nuevo texto en el Parlamento vasco para comprobar el respaldo social en Euskadi antes de su aterrizaje en el Congreso de los Diputados.

Ponencia de la Memoria

Las diferencias entre los partidos han sido, sin embargo, insalvables al debatir sobre la Ponencia sobre Memoria y Convivencia, cuya puesta en marcha también se ha aprobado este jueves. El PP no va a participar en sus debates porque cree que no persigue deslegitimar el terrorismo y además incluye la política penitenciaria como uno de los temas centrales para pronunciarse. Todos los demás partidos coinciden en reclamar a la administración central un cambio sustancial en la política penitenciaria que suponga el acercamiento de los presos a centros próximos a Euskadi. El texto de creación de la ponencia establece que su misión será la búsqueda de "amplios consensos" en torno a "la memoria, la convivencia, las víctimas, la deslegitimación del terrorismo y la violencia, la política penitenciaria, la libertad, la paz y los derechos humanos".

El presidente del PP en Euskadi, Alfonso Alonso, ha reconocido que se siente apenado por no participar pero ha explicado que los populares "no pueden sentarse" con quienes "no aceptan unas condiciones éticas mínimas" y que "son incapaces de decir que matar estuvo mal".