¿Cambiar de rumbo?

La conferencia de presidentes de las comunidades autónomas, celebrada la semana pasada, no sé si es una buena noticia para el futuro o añadirá una nueva decepción. Será una buena noticia si la conferencia se consolida y supone el inicio de unas reformas que culminen la organización autonómica en sentido federal. Será una nueva decepción si a la conferencia le sucede lo mismo que a sus anteriores ediciones, tras su creación en 2004: ineficacia, discontinuidad, irrelevancia, instrumento en manos del Gobierno.

Consolidar la conferencia significa dotarla de una estructura organizativa permanente que solo tiene sentido si se cambia el rumbo de nuestra organización territorial, es decir, si se reforma el modelo de Estado autonómico. Cuando se habla de reformas del Estado de las autonomías es inevitable tratar de la reforma del Senado. Efectivamente, el Senado español es una Cámara de poca o nula utilidad pero, más que suprimirlo, sería mejor encaminarlo hacia un elemento clave de los Estados federales de hoy: la colaboración, cooperación y coordinación del Estado con las comunidades autónomas y de estas entre sí.

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Para que estas funciones las lleve a cabo el Senado se exige una reforma constitucional. Nunca, en casi 40 años de régimen constitucional, la composición política de Congreso y Senado había ofrecido tantas dificultades para esta reforma. Probablemente pueden llegar a acuerdos los tres partidos constitucionalistas (PP, PSOE y Ciudadanos), pero muy difícilmente podrían sumarse a la reforma los nacionalistas catalanes (y quizás vascos), así como Podemos y sus confluencias, que proponen iniciar un nuevo proceso constituyente en lugar de una reforma.

Las dificultades políticas para una próxima reforma del Senado hacen que la conferencia de presidentes adquiera un significado especial. Muchas de las funciones que podrían encomendarse al Senado pueden ser llevadas a cabo por la conferencia, en especial las de colaboración, cooperación y coordinación administrativas. Es imposible que a la conferencia se le atribuyan funciones legislativas, pero sus informes no vinculantes podrían servir de orientación al Congreso.

Por tanto, a la espera, ya demasiado larga, de la reforma del Senado, la conferencia podría servir para desempeñar todas estas funciones con el fin de integrar las comunidades autónomas en el Estado, algo propio de los Estados federales de hoy y que falta en el nuestro. Pero, naturalmente, no debería ser una conferencia como la actual sino un órgano permanente, eficaz y no a disposición de la voluntad del Gobierno sino con autonomía propia regulada en su propia ley. La creación de tal órgano por ley sería una señal inequívoca de que se ha producido un cambio de rumbo, de signo federal, en la organización de la España de las autonomías.