Un manifiesto de 60 cargos de Podemos pide una comisión de garantías independiente
Los dirigentes, entre los que hay dimitidos del órgano, reclaman un pacto de consenso previo al congreso
La batalla de Vistalegre 2 debe dejar fuera la Comisión de Garantías, el órgano que vela por el funcionamiento democrático de Podemos, cuestionado por parcial y opaco por una gran parte del partido. Con ese objetivo, más de 60 cargos, entre ellos miembros de Garantías y exintegrantes del órgano, reclaman un pacto de consenso entre corrientes para asegurar la “independencia” del tribunal de Podemos. En un manifiesto difundido este jueves firmado por miembros de todas las sensibilidades del partido, piden protección contra despidos, rendición de cuentas y publicidad de las resoluciones.
El conflicto soterrado en el seno de la Comisión de Garantías Democráticas salió a la luz el pasado diciembre, tras una decisión del órgano sobre la acumulación de cargos del líder en Madrid, Ramón Espinar, que soliviantó al sector errejonista. La resolución, que había sido declarada confidencial, fue divulgada en su Facebook por un ex integrante del mismo, Manuel Maroto, que la calificó de “antidemocrática”. Maroto, doctor en derecho, reveló entonces a EL PAÍS que había dimitido en el mes de julio, junto a otros dos miembros de la comisión, “por desacuerdos irreconciliables con la forma en que Gloria Elizo [presidenta actual] dirigía la comisión”. Los tres dimisionarios son ahora firmantes del manifiesto que ha sumado a 60 cargos de Podemos para reclamar una comisión “independiente y eficaz”. También lo suscribe una integrante en activo del órgano (formado ahora por siete personas), Marina Avia, y varios miembros de comisiones autonómicas.
El modelo organizativo del primer Vistalegre “pretendió promover una cultura militante lo más ajena posible a las patologías endémicas en los partidos españoles tradicionales, a través del establecimiento de un modelo de Comisión de Garantías fuerte e independiente”, dice el texto del manifiesto divulgado este jueves. “Sin embargo, dos años después de Vistalegre 1, los defectos de ese modelo se han hecho evidentes para el conjunto de la militancia de Podemos. Hoy existe un amplísimo consenso en Podemos sobre la necesidad de introducir modificaciones estatutarias que protejan la independencia y la eficacia de la Comisión de Garantías estatal, así como de las Comisiones autonómicas”, subraya el texto.
Los firmantes del mismo, de todas las corrientes del partido, piden un pacto de consenso entre las tres candidaturas para el congreso —pablistas, errejonistas y anticapitalistas— que asegure un cambio en las reglas que rigen el órgano. Y proponen medidas concretas para asegurar su independencia e imparcialidad.
Incompatibilidades
Consideran, en primer lugar, que formar parte de la comisión debe ser incompatible con la pertenencia a “cualquier otro cargo externo o interno” de Podemos, así como con un sueldo del partido por otras funciones. La presidenta, Gloria Elizo, es también vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados. El manifiesto pide protección para los miembros del órgano. “Quienes ejerzan funciones dentro de la Comisión de Garantías de manera remunerada verán protegido su puesto de manera especial contra despidos o procesos de finalización de contrato”, señala. La comisión deberá, además, “rendir cuentas de su tarea ante el Consejo Ciudadano Estatal (máximo órgano de dirección) periódicamente, así como publicar sistemáticamente sus resoluciones, dictámenes, actas y cuentas”, reclama el texto.
Firman el manifiesto más de 60 cargos de las diferentes sensibilidades. Entre los afines a Pablo Iglesias, lo suscriben las diputadas Rita Bosaho y Sofía Castañón; entre los de Íñigo Errejón los dirigentes Jorge Moruno, Pablo Bustinduy, Clara Serra o el diputado Juan Pedro Yllanes, entre otros; y desde Anticapitalistas el eurodiputado Miguel Urbán o la portavoz parlamentaria en la Comunidad de Madrid Lorena Ruiz-Huerta.
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