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El calendario judicial para 2017

Las diferencias de criterio del tribunal retrasan la sentencia del ‘caso Nóos’

Las tres magistradas llevan deliberando el fallo desde el pasado junio y ha pedido una prórroga

Las diferencias de criterio jurídico entre las tres magistradas encargadas de enjuiciar el caso Nóos, la causa de corrupción en la que están acusados, entre otros, la infanta Cristina, su esposo, Iñaki Urdangarin, y el expresidente balear Jaume Matas, han retrasado la sentencia del caso, que quedó visto para sentencia el pasado 22 de junio. El tribunal que preside la magistrada Samantha Romero sigue deliberando para alcanzar un fallo unánime en la que quizá sea la causa más sensible de cuantas se dirimirán en el presente 2017.

Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, el pasado junio. Ampliar foto
Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, el pasado junio.

El principal hito de este curso judicial será la sentencia del caso Nóos. La redacción de este fallo se está dilatando más de lo previsto. El caso quedó visto para sentencia el 22 de junio y desde entonces la magistrada encargada de redactar la sentencia, Samantha Romero, ha contado con dedicación exclusiva para elaborar el dictamen.

Romero ha dedicado muchas de las tardes de los últimos meses a deliberar con sus compañeras de tribunal, Eleonor Moyá y Rocío Martín. La divergencia de criterio entre las juezas sobre determinados aspectos de la sentencia ralentizaron el trabajo, previsto inicialmente para finales de 2016. La comisión de servicio que le otorgó el Tribunal Superior de Justicia de la Islas Baleares expiraba el pasado 5 de diciembre. Romero tuvo que solicitar una prórroga hasta finales de marzo para seguir dedicándose en exclusiva al fallo, que todavía no está cerrado. Las magistradas continuaban deliberando la semana pasada.

Las diferencias iniciales entre el tribunal fueron solventadas y Romero ha pisado el acelerador para no agotar la segunda prórroga. Las juezas también ha comenzado a estudiar la forma de notificar la sentencia y entregársela a las partes, ya que su extensión —más de mil folios—complica la transmisión telemática ordinaria. Por el momento, el contenido de la sentencia que podría condenar a Urdangarin a 19 años y medio de cárcel y a ocho años a la Infanta —si prospera la petición de Manos Limpias, única acusación contra ella— es un secreto. La ponente lo guarda con celo absoluto para evitar filtraciones.

El juicio del siglo en Andalucía

Uno de los juicios previstos para 2017 que más expectación suscitará es el de la llamada rama política del caso ERE de corrupción. El pasado noviembre el juez instructor, Álvaro Martín, dictó la resolución por la que los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013) se sentarán en el banquillo de los acusados.

Ambos están acusados de prevaricación y asociación ilícita, y Griñán suma además una imputación por malversación de fondos. Junto a ellos se sentarán otros 24 antiguos altos cargos del Gobierno andaluz. El ministerio público sostiene que entre 2010 la cúpula política de la Junta se saltó los informes de la Intervención y permitió la entrega sin control de 855 millones de euros en ayudas a empresas en crisis.

Otro expresidente autonómico, el catalán Artur Mas, también se verá probablemente en el banquillo en 2017. Se enfrenta a diez años de inhabilitación por encabezar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Junto a él se sentarán en Tribunal Superior de Justicia catalán la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Neus Munté. El exconsejero de Presidencia y actual diputado nacional Francesc Homs será juzgado por el Supremo.

Otra causa será el caso Púnica. Es más, dos piezas de esta macrocausa están ya pendientes de juicio. En la primera se verá el chivatazo que un guardia civil dio al ex consejero madrileño Francisco Granados de que el instituto armado le estaba investigando. La segunda pieza afecta al expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez Barazón, acusado de pagar con fondos públicos al conseguidor Alejandro de Pedro para mejorar su reputación en Internet.

El caso Nóos es la vigesimaquinta pieza, y la más conocida, de las 28 que componen la macrocausa del caso Palma Arena. En ella se juzga el supuesto desvío de 4,5 millones de euros públicos, procedentes de los gobiernos baleares y valenciano y del Ayuntamiento de Madrid a las sociedades de Iñaki Urdangarin. Este dinero supuestamente acabó en los bolsillos del exduque de Palma a través de los congresos que organizaba el Instituto Nóos, la entidad supuestamente sin ánimo de lucro que el esposo de Cristina de Borbón dirigía con su socio, Diego Torres, también encausado.

El juicio se extendió a lo largo de 61 sesiones entre el 31 de enero y el 22 de junio del año pasado y aunque la causa es compleja, la extensa deliberación está sorprendiendo a los abogados y a las acusaciones personadas en la causa.

En los tribunales hay años de siembra, en los que predominan las investigaciones y las diligencias de instrucción, y años de cosecha, en los que los juicios y las sentencias derivados de aquellas copan la actualidad informativa. 2017, salvo sorpresa, será un año de cosecha abundante.

Otra sentencia que previsiblemente se conocerá este año será la de las tarjetas black de Caja Madrid. El juicio a los exconsejeros de la entidad por gastar 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012 en bienes y servicios de lujo con las tarjetas que les dieron para gastos de representación, afronta su recta final este mes con la exposición de las conclusiones de las defensas de los 65 acusados. En esta causa, el expresidente de la caja Miguel Blesa y su sucesor, Rodrigo Rato, se enfrentan a una petición de pena del fiscal de seis años y cuatro años y medio de cárcel respectivamente.

Los desmanes en la antigua caja madrileña van a ocupar buena parte de la actualidad judicial. Si el atasco judicial no lo impide, un juzgado de lo Penal de Madrid podrá ver la causa por los sobresueldos e incentivos irregulares por valor de 8,5 millones de euros que se adjudicaron los exmiembros del comité de dirección de la entidad entre 2008 y 2010. El fiscal pide cuatro años de prisión para Blesa y para su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, por administración desleal.

Otro bloque que avanzará en 2017 es el del caso Gürtel. La causa sobre los contratos de la Generalitat valenciana con la trama de Francisco Correa para organizar el expositor de la comunidad en la feria de turismo Fitur se encuentra estancada nueve meses después de haber quedado vista para sentencia. Problemas informáticos en el Tribunal Superior de Justicia dificultan la redacción del fallo sobre el primero de los juicios del entramado Gürtel que se han celebrado.

Mientras tanto, la vista oral por el bloque central de la trama sigue también acumulando retrasos en la Audiencia Nacional. El próximo martes se producirá una de las declaraciones más sonadas, la del extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien se pedirán explicaciones sobre su fortuna en Suiza. El tribunal había previsto que antes de la pasada Navidad hubieran declarado los 37 acusados en este caso, sin embargo, solo ha conseguido interrogar a algo menos de la mitad.

Fuera de los juzgados, la política judicial también va ser protagonista en 2017. El Ministerio de Justicia prevé presentar al Congreso alrededor del mes de septiembre las reformas legales para dar a los fiscales la investigación de las causas penales en lugar de los jueces de instrucción. Para ello será necesario modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1881, y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dos normas de gran calado. <NO1>Además, en las próximas semanas se deberán renovar algunas fiscalías clave como la de la Audiencia Nacional o Anticorrupción.

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