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La Universidad de Sevilla alega que trató igual al catedrático condenado por abusos y sus víctimas

La institución pide disculpas pero dice que dio "tratamiento simétrico" al exdecano y a sus subordinadas

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, este miércoles.

La Universidad de Sevilla ha defendido este miércoles que dio un "tratamiento simétrico" al catedrático condenado a siete años de cárcel Santiago Romero Granados y a sus tres víctimas de abusos sexuales, dos profesoras y una becaria. El rector de la institución, Miguel Ángel Castro, ha alegado que el exdecano y las mujeres disfrutaron del mismo trato tras numerosos episodios de tocamientos e insultos vejatorios. Sin embargo, el jefe de Departamento de ambas profesoras, José Pascual Sanchís, ignoró las denuncias internas de las docentes y la universidad solo abrió un expediente disciplinario tras las concentraciones de las víctimas y escritos firmados y presentados ante el rector de entonces, Joaquín Luque, que se negó a recibirlas.

Castro ha afirmado esta mañana que desconocía las denuncias de las profesoras, a pesar de que era vicerrector de Ordenación Académica cuando se presentaron e incluso la prensa se hizo eco de estas irregularidades.

El exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación —apartado ahora de la universidad— ha impartido clases hasta esta semana, mientras que una de las profesoras ha sufrido graves secuelas depresivas por culpa de los abusos y la otra sufrió un deterioro en su carrera profesional, al igual que la becaria víctima de Romero.

Tras defender este "tratamiento simétrico", el rector ha pedido perdón al admitir que en su institución se produjeron los abusos por parte de "uno de los nuestros". "Toda la sociedad se empobrece y debo pedir disculpas (...) Hay que hacer autocrítica", ha admitido Miguel Ángel Castro. "Entiendo la percepción de las víctimas que debe estar cargada de asimetría. Por ello pido mis disculpas a ellas y a la sociedad (...) Nuestra repulsa es máxima y lamentamos lo que ha ocurrido a nuestras compañeras, a las que damos todo nuestro apoyo", ha matizado.

Romero seguirá cobrando el 75% de su sueldo hasta que finalice el expediente sancionador puesto en marcha y que interrumpió el proceso penal. En paralelo, el Consejo Superior de Deportes ha iniciado la revocación de la Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo concedida en 2010 al catedrático. Es la primera vez que este organismo retira una medalla, pese a que concede unos 150 galardones cada año a instituciones, deportistas y entrenadores.

La universidad alega que el procedimiento judicial paralizó el expediente sancionador según el consejo de sus servicios jurídicos y por ello no suspendió hasta esta semana al exdecano. Sin embargo, la institución podía haber actuado con completa autonomía cuando la justicia subrayó los indicios fundados de abusos en tres ocasiones: al dictarse el auto de procesamiento tras terminar la investigación judicial, al presentar la fiscalía su petición de penas y en el auto de apertura de juicio oral. La universidad ignoró cada uno de esos momentos procesales y hoy lamenta el retraso de la justicia, que se ha demorado seis años en condenar al catedrático en primera instancia. Al respecto, Castro ha dicho: "En seis años, los que saben mucho de leyes, que son los jueces, no lo hicieron [adaptar medidas cautelares]".

El rector ha enumerado las medidas adoptadas por la universidad desde que se conocieron los hechos el 3 de noviembre de 2010 tras la denuncia de las tres profesoras: separar a denunciantes y denunciado con la división del departamento en dos sedes, proporcionarles al catedrático y sus víctimas distintos destinos en otras universidades durante un año y haber programado la actividad docente para que no coincidieran, además de haber prestado ayuda psicológica a las denunciantes.

Sin embargo, la trayectoria del caso apunta desde 2010 a que las medidas fueron insuficientes. El 15 de marzo de 2011 una quincena de profesoras pidieron en una carta al rector Luque que apartara al catedrático porque todos los indicios apuntaban a los abusos sexuales. "Estas profesoras, que no tendrían nada que ganar y sí mucho que perder con su valiente denuncia, no merecen el aparente silencio y desamparo institucional que sienten haber encontrado", denunciaba la misiva ante el rector. "Se da una situación de clara asimetría de poder entre las denunciantes, dos profesoras recién contratadas y una becaria, y el denunciado, catedrático, exdecano y actual director del departamento. Esta circunstancia las coloca en posición de especial vulnerabilidad que debería conducir a la adopción inmediata de medidas", exponían las denunciantes.

La reacción de la Universidad para apartar por fin al catedrático abusador se ha dilatado casi seis años. Las docentes pedían un protocolo específico para evitar más casos, y la institución tardó dos años en ponerlo en práctica. 

¿Sancionará ahora la Universidad a Sanchís por haber ignorado las denuncias de las profesoras y no elevar sus quejas a la cúpula de la institución? El rector ha avanzado que su investigación interna sobre lo sucedido se realizará "en profundidad", sin despejar el futuro de Sanchís, al que el juez de lo Penal reprocha su inacción.

La abogada de una de las víctimas, Amparo Díaz, ha replicado al rector que un "tratamiento simétrico no quiere decir un trato igual. La propia universidad vio indicios de algo grave, se tenía que haber planteado una suspensión antes".

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