La Fiscalía del Tribunal Supremo pide nueve años de inhabilitación para Homs por el 9-N
El ministerio público pide juzgar al exconsejero de Presidencia por desobediencia grave y prevaricación administrativa
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este miércoles una pena de nueve años de inhabilitación o bien de siete años y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros para el diputado del Partido Demócrata Catalán (PDECat, antigua Convergència) Francesc Homs por su participación en la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que había sido expresamente prohibida por el Tribunal Constitucional. La fiscalía ha presentado este jueves el escrito de conclusiones provisionales en el que se solicita la apertura de juicio oral contra el exconsejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno de Cataluña por un delito de desobediencia grave y otro de prevaricación administrativa.
En su escrito, el fiscal afirma que Homs "no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular". Según el escrito, el entonces consejero "impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos de su Departamento a disposición del CTTI [el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el centro que dio apoyo tecnológico a la consulta] para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas, y, en definitiva, potenció tras haber conocido la providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado “proceso participativo”.
Además, el fiscal explica en su escrito que el exconsejero de Presidencia “era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional”.
El escrito de acusación del fiscal llega después de que el pasado 29 de diciembre el instructor de la causa, el magistrado de la Sala de lo Penal Andrés Palomo, diera por concluida la instrucción en un auto en el que expuso los indicios para llevar a juicio a Homs por los delitos de desobediencia y prevaricación. En ese escrito, el magistrado señala que Homs desobedeció el mandato del Constitucional de forma "abierta, obstinada y pertinaz".
El fiscal considera que los hechos cometidos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa del art. 404 del Código Penal y de un delito de desobediencia grave cometido por autoridad pública del art. 410.1. El fiscal solicita que ambos delitos sean penados conjuntamente con la pena de 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos.
Si el tribunal optara por castigar los dos delitos por separado, el fiscal solicita que se imponga por el delito de prevaricación la pena de inhabilitación especial por 7 años y 6 meses, y por el delito de desobediencia, una multa de 5 meses con una cuota diaria de 200 euros e inhabilitación especial por 1 año y 1 mes.
El escrito detalla las acciones llevadas a cabo por el departamento que dirigía Homs para hacer posible la consulta después del veto del Constitucional: En primer lugar, según el fiscal, durante los días 7 y 8 de noviembre se materializaron “tareas esenciales” relacionadas con la infraestructura informática diseñada para que la votación pudiera tener lugar. El día 7, la empresa T-Systems, a quien el CTTI había encomendado construir los programas informáticos necesarios para el desarrollo de la votación, entregó las aplicaciones que los contenían a los responsables del CTTI para que otro contratista privado pudiera después instalarlas en los ordenadores.
La participación de Homs “resultó crucial” en este punto, advierte el escrito de acusación, ya que la empresa T Systems, tras conocer la providencia de 4 de noviembre del Constitucional, dirigió una carta al CTTI en la que solicitaba la confirmación de que las actividades que le habían encomendado no resultaban afectadas por la suspensión decretada por el TC y en caso de estarlo solicitaban instrucciones detalladas respecto de cómo proceder. Fue el propio Homs el que respondió al presidente de la empresa el 6 de noviembre en una carta en la que “legitimó e impulsó la continuación de los trabajos”, asegurando que no estaban afectados por la providencia del TC. Homs, señala el fiscal, llegó incluso a poner a disposición del CTTI los servicios jurídicos de su departamento para el caso de que hubieran de ser ejercitadas acciones legales si T-Systems no desarrollaba tales trabajos, lo cual condujo a que los mismos prosiguieran y culminaran en los días sucesivos.
“Esos trabajos resultaban esenciales para la celebración del proceso habida cuenta de que T Systems estaba encargado de tres programas informáticos, dos para ser instalados en los ordenadores portátiles que se distribuirían a las mesas de votación (uno para registrar a los participantes a medida que iban votando y otro para consignar y consolidar los resultados en cada mesa) y uno para ser instalado en los centros de procesamientos de datos del propio CTTI (cuya función sería introducir los resultados que se fueran recibiendo a fin de consolidarlos y proceder a su tratamiento y presentación)”, afirma el fiscal.
El escrito señala también que en los dos días previos al 9-N, la sede del CTTI acogió cursos impartidos por los contratistas privados a los voluntarios sobre el funcionamiento del programa informático de la consulta; que esos programas se instalaron en los 7.000 ordenadores portátiles adquiridos por la Generalitat y que en la sede del CTTI se instaló la infraestructura necesaria para controlar el desarrollo y resultado de la votación.
El fiscal alude también a que fue el departamento que dirigía Homs el que las obras para acondicionar el pabellón italiano de Montjuïc para instalar el centro de prensa internacional, donde la Vicepresidencia facilitaría los resultados de la consulta. Las obras se realizaron ya con la consulta suspendida por el Constitucional.
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