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Los exalcaldes de Alicante Castedo y Alperi, al banquillo por el ‘caso PGOU’

El juez concluye que favorecieron al empresario Enrique Ortiz en el diseño urbanístico de la ciudad

Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante. Ampliar foto
Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante.

El juez Manrique Tejada ha procesado a los exalcaldes alicantinos Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP, al concluir que favorecieron los intereses del empresario Enrique Ortiz al diseñar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. El magistrado cierra así ocho años después la instrucción de una de las piezas derivadas del 'caso Brugal', que destapó una supuesta trama de corrupción ligada al PP, tanto en el sector inmobiliario como en el del tratamiento de residuos, en distintos puntos de la provincia de Alicante.

Sonia Castedo, Díaz Alperi y Ortiz están acusados de delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en esta causa junto a otros implicados. La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía reveló que los ex primeros ediles habían percibido supuestamente dádivas de Ortiz, que ha confesado en otro procedimiento haber financiado ilegalmente al PP valenciano a través de la 'red Gürtel'. Entre esos regalos los investigadores citaban viajes a Andorra e Ibiza, así como un coche mini Cooper, para la exalcaldesa, y unas vacaciones en Creta en avión privado, el pago de hipotecas a favor de sus hijos y sobornos en metálico a favor de Díaz Alperi.

La investigación se inició en 2008 en el marco del 'caso Brugal' por el juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela. De ahí se derivó al juzgado de Instrucción 5 de Alicante, que elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano dada la condición de diputados autonómicos, y por tanto aforados, de los dos políticos alicantinos. Una vez que dejaron sus escaños, la instrucción regresó al juez Manrique Tejada, que ahora ha situado al borde del banquillo de los acusados los dos exalcaldes.

Junto a estos tres implicados, el magistrado ha dictado auto de procedimiento abreviado contra el arquitecto responsable del diseño del plan investigado, Jesús Quesada, los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano este último de la exalcaldesa), los empresarios Ramón Salvador y Pablo Rico, el hermano de Enrique Ortiz, Virgilio Ortiz, y el directivo de una de sus mercantiles, Santiago Bernáldez. Y ha decretado el sobreseimiento provisional del proceso para la esposa de Ortiz, María Manuela Carratalá, al entender que los indicios delictivos que había contra ella no se han confirmado.

El auto enumera los indicios de criminalidad existentes contra los encausados, entre los que destacan diversas conversaciones telefónicas interceptadas por la policía. En una de ellas, en mayo de 2008, Castedo, entonces concejal de Urbanismo, "se comprometió a dar a Ortiz una información que no quería dar delante del director del equipo redactor". "Además, le informa de aquellas modificaciones que se pueden haber llevado a cabo y que benefician a los intereses del señor Ortiz, interesando este que la concejala lo explique. Es más, que le enseñe el planeamiento tal y como se va definiendo, para comprar suelo", precisa el instructor.

En líneas generales, el auto recoge cómo el empresario logró que Castedo y su predecesor en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi, le “pintaran de azul” algunas parcelas, es decir, le reclasificaran como urbanizable suelo de su propiedad. En otros casos, se le compensaba con una mayor edificabilidad en varias zonas de expansión urbanística de la ciudad los metros cuadrados que hubiera en su poder susceptible de protección medioambiental.

Para el magistrado, el constructor alicantino desplegó todo su poder e influencia a través del redactor del planeamiento, Jesús Quesada. “Existe algo más que una actividad poco ética por parte de los investigados, un nexo relacional de íntima amistad, que llega a un grado de complicidad máximo, influye en las propias decisiones del municipio y permite a Ortiz alcanzar unas cotas de poder real en decisiones públicas inalcanzables para cualquier ciudadano", argumenta Tejada.

En esta trama desempeñó un papel clave el bufete de abogados Salvetti, del que eran socios el hermano de Castedo, José Luis Castedo, y el abogado y exconcejal socialista Javier Gutiérrez. Ese despacho presentaba alegaciones al futuro PGOU y, a través de otra firma, contratada por el ayuntamiento, se encargaba de resolverlas. De esa actividad podría haber sacado su propia tajada Díaz Alperi, ligado a ese despacho jurídico.

En cuanto a los delitos de cohecho, el magistrado expone que Ortiz pagó a Castedo y a la familia de esta sendos viajes a Andorra en las 2008 y 2009 y le costeó también unas vacaciones estivales en Ibiza, al tiempo que regaló un coche marca Mini Cooper a una amiga de la expolítica.

Por lo que respecta a Díaz Alperi, el instructor recoge entre las supuestas dádivas que le hizo Ortiz un viaje a la isla de Creta valorado en 45.000 euros y para el que el constructor fletó presuntamente un jet privado, así como diversas entregas de dinero en metálico que ascienden en su conjunto a 394.000 euros. Parte de ese dinero habría servido para el abono de las hipotecas de los hijos del exalcalde y ex diputado autonómico, entre ellos la también exdiputada Elisa Díaz.

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