Condenada a más de tres años de cárcel por el sacrificio “masivo” de mascotas en Málaga

Carmen Marín, presidenta de la protectora Parque Animal de Torremolinos, ha sido condenada a tres años y nueve meses de prisión por el sacrificio “masivo” e “indiscriminado” de perros y gatos en este albergue, fundado por ella en 1996 y poseedor de la concesión del Ayuntamiento malagueño para recoger las mascotas abandonadas en el municipio. Las muertes tenían una finalidad “lucrativa” y se practicaron entre principios de 2008 y octubre de 2010. El Juzgado de lo Penal 14 de Málaga ha sentenciado a la acusada por los delitos continuados de maltrato animal doméstico, falsedad en documento oficial e intrusismo profesional.

El magistrado considera que Marín, que durante el juicio negó los hechos, impartía las instrucciones y “ejecutaba materialmente” esos sacrificios con la colaboración “imprescindible” de un trabajador, condenado también a un año de cárcel. La fiscalía, basándose en los informes del Seprona, fijó en 2.183 los perros y gatos sacrificados. El juez apunta que el número de víctimas es “indeterminado”, aunque “masivo”, y sostiene que el fin era “lucrativo” porque se perseguía crear espacio en las instalaciones de la asociación para albergar nuevos animales, por los que se recibía una aportación económica. Por un perro adulto se cobraba 60 euros, por un cachorro 45 y por un gato, 25 o 30 euros.

Los sacrificios se realizaban “sin control” veterinario alguno y los productos eutanásicos (se utilizaba sobre todo el Dolethal) eran suministrados por Marín, que no tenía titulación, en menor dosis de la que se indica para que un animal no sufra. La sentencia resalta que el trabajador condenado sujetaba a las mascotas para que ella pudiera pincharles, algo que se hacía de manera “inadecuada”. Esto provocaba una muerte “lenta” y una “dolorosa y prolongada” agonía. El juez afirma que los acusados eran conscientes de ello por los “alaridos, aullidos o maullidos” de los perros y gatos.

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Estos actos “no atendían tampoco a ningún criterio por la edad o estado de salud del animal o porque hubiesen transcurrido más de 10 días desde que fueran albergados sin que pudieran haber sido cedidos a terceros”, añade el fallo, que se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Málaga. El magistrado cita, entre otros, el caso de dos cachorros de podenco que fueron sacrificados pocas horas después de que fueran entregados en la protectora.

Estas sesiones para segar la vida de las mascotas se practicaban “de forma sistemática y regular en el tiempo”, en ocasiones dos veces por semana, y se intensificaban durante los meses estivales. En una sola de ellas se podía llegar a sacrificar “hasta varias decenas” de mascotas. Tras las muertes, la acusada presentaba al Ayuntamiento unos listados junto a la factura por su incineración para que la Administración local abonara los citados recibos, tal y como preveía la concesión adjudicada a Parque Animal.

La pena impuesta a Marín por el delito continuado de maltrato animal doméstico es de un año de cárcel e inhabilitación especial durante tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. Por intrusismo profesional ha sido sancionada con una multa de 10.800 euros; y por la falsedad, la pena es de dos años y nueve meses de prisión y multa de 9.000 euros.

En la sentencia, de 62 páginas, el juez Miguel Ángel Gómez destaca “la loable evolución legislativa” que se ha habido en las dos últimas décadas para garantizar la protección de los animales, aunque se muestra de acuerdo con el alegato final de la fiscalía de que sería “deseable” una reforma del Código Penal para agravar el delito de maltrato y elevar la pena en hechos de “extrema gravedad” o los que tuvieran lugar en centros dedicados a la defensa de las mascotas, como el que ha sentenciado.

“Carmen Marín era la presidenta de una protectora de animales a la que debía suponerse una finalidad de cuidado y atención a los perros y gatos que accedían a Parque Animal”, subraya el magistrado, que pone el acento en el “sufrimiento” al que eran sometidas las mascotas antes de morir, al número “masivo” de sacrificios y a la “defraudada confianza” de los socios y particulares que entregaron sus animales a la asociación “creyendo que se les buscaría un hogar”.