El PP y el PSOE chocan sobre cómo facilitar el cobro de las cláusulas suelo

El PP y el PSOE han chocado este jueves sobre el contenido del código de buenas prácticas que tiene previsto estudiar este viernes el Consejo de Ministros para facilitar que los ciudadanos recuperen el dinero que pagaron por la inclusión de cláusulas suelo en sus hipotecas. Tras la sentencia en contra de los bancos del Tribunal de la UE, el Ejecutivo quiere que el protocolo sea de adhesión voluntaria para estas entidades, mientras que los socialistas consideran "inaceptable" esa propuesta y apuestan porque sea de obligatorio cumplimiento. Aunque el PP ya ha acercado posturas con Ciudadanos y otros grupos, el Gobierno se debate entre tomar este viernes la decisión final y retrasarla hasta el Consejo del 13 de enero para así tener más tiempo para negociar con el PSOE.

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"Es verdad que hay contactos, pero el PSOE no está de acuerdo con respecto al planteamiento del Gobierno", ha dicho Rafael Simancas, diputado socialista, este jueves en el Congreso. "Somos partidarios de una solución que permita a los afectados recuperar su dinero sin quitas, sin demoras y sin tener que acudir uno a uno a los tribunales. Una solución extrajudicial", ha subrayado. "No nos parece razonable dejar la solución a este problema en manos de la voluntad de los bancos".

Si el PP no transige, el PSOE intentará que la medida se tramite en el Congreso como proyecto de ley para poder enmendarla. Luis de Guindos, ministro de Economía, ha centralizado este jueves las conversaciones con Pedro Saura, del PSOE, y la oficina económica de Ciudadanos, que encabeza Luis Garicano.

El Gobierno valora que los ciudadanos puedan recuperar su dinero en metálico o a través de amortizaciones de sus hipotecas. Las tres partes, en cualquier caso, llegaron a las negociaciones con visiones distintas sobre las características de la comisión de seguimiento que fiscalizará la aplicación de las medidas que tiene previsto estudiar este viernes el Gobierno a petición de Mariano Rajoy. El PP plantea que el ente tenga representantes del Banco de España. El PSOE considera que debe ser independiente y no tener ninguna relación con la banca. Ciudadanos, finalmente, subraya la necesidad de que en el órgano arbitral también haya presencia de organizaciones de usuarios de la banca.

"Está habiendo conversaciones y vamos a intentar aportar alguna mejora a la primera propuesta del Gobierno", ha confirmado José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos. "Es bueno que se consiga un mecanismo rápido y que no tenga coste para aquellos ciudadanos que han sufrido esas cláusulas suelo que han sido declaradas nulas", ha añadido el número dos de Albert Rivera. "Lo que no sería lógico que ahora tuvieran que meterse esos ciudadanos en una pelea judicial que tuviera costes en tiempo y en dinero. Según la sentencia, ese dinero les pertenece".

El fallo del Tribunal tendrá un impacto de entre 3.000 y 5.000 millones de euros en los balances de los bancos afectados. La Comisión de Justicia del Congreso mostró la voluntad que tienen los partidos de alcanzar un acuerdo el pasado martes 20. Entonces, se aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por Ciudadanos con la que se instó al Gobierno a proteger a las personas afectadas por esta práctica para que puedan recuperar con efecto retroactivo las cantidades indebidamente cobradas por las entidades financieras.

Características del código de buenas prácticas

Las entidades que firmen voluntariamente el código de buenas prácticas estarán luego obligadas a cumplir sus preceptos, según el proyecto del Gobierno. Al mismo tiempo, sus clientes quedarán abocados a agotar esta vía alternativa antes de acudir a la justicia.

Además, con la idea de hacer más fácil la devolución de las cantidades cobradas de más durante años, el Ministerio de Economía exigirá a los bancos que creen unidades especiales para gestionar la previsible avalancha de reclamaciones. Para garantizar que los bancos cumplen con estas nuevas reglas se creará también una comisión de seguimiento con representantes del Banco de España y de los ministerios de Economía y de Justicia.