“La Generalitat será quien establezca las prioridades del plan de Cercanías”

Íñigo de la Serna es a sus 45 años uno de los valores de futuro del PP. Es ingeniero y desde 2007 fue alcalde de Santander hasta que Mariano Rajoy le llamó hace poco más de un mes y apenas dos horas antes de proponerle al Rey como nuevo ministro de Fomento.

Pregunta. ¿Ya le han dicho Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro que tendrá presupuesto para garantizar las promesas que hace a todos los presidentes autonómicos de que cumplirá con los compromisos de cada región?

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Respuesta. Estoy siendo enormemente prudente y no estoy estableciendo compromisos de cara a presupuestos de años posteriores. Al contrario, estoy lanzando el mensaje de que las demandas de los territorios para que puedan plasmarse necesitan de la colaboración de todos. Es lógico pensar que presidentes que pertenecen a otros partidos y que esperan algunos nuevos proyectos estén deseosos de que puedan existir Presupuestos para 2017.

P. Sobre el conflicto político con Cataluña, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha reconocido que se cometieron errores en el pasado y que ahora habría que impulsar más planes de inversiones. ¿Qué piensa hacer con la reivindicación para la mejora de las Cercanías y cuándo?

R. Queremos sentarnos y trabajar juntos y el 4 de enero nos reuniremos con la consejera de Vivienda y con el consejero de Transportes. El Estado ha invertido el 40% del dinero de toda España para Cercanías en Cataluña entre 2012 y 2016. Ahora queremos establecer con ellos un nuevo plan de Rodalies [Cercanías] y trabajar desde la lealtad institucional en un proyecto realista en el que sepamos qué podemos abordar y que esté marcado por prioridades compartidas y conjuntas. No queremos estar presos de cifras de hace ocho o diez años. Y ahí entiendo que la Generalitat, dentro de las actuaciones que haya que hacer, sea quien establezca sus prioridades en ejecución.

P. ¿Hasta cómo de específico es ahora el compromiso de Rajoy con el corredor mediterráneo?

R. Esta semana hemos fijado que a finales del primer trimestre de 2017 vamos a iniciar la circulación en pruebas y la conexión entre Valencia y Castellón. Rajoy me ha pedido darle a este asunto un impulso porque es estratégico en viajeros y en mercancías para derivar parte del tráfico de las carreteras.

P. ¿Hay margen para hacer algo sobre la queja perenne de los catalanes con el pago de los peajes de sus autopistas?

R. Hay autovías de peaje en muchos lugares en España, y Cataluña no es la que tiene más longitud de peaje en kilómetros en relación al total del Estado. Sí es la comunidad con más redes autonómicas de peaje y más caras, con una media de un 75% más caro que el peaje en las estatales. Lo que sí es cierto es que hay subvenciones del Estado al peaje y que son cuatro veces más cuantiosas que la segunda comunidad autónoma con esas subvenciones. Hay razones más que de sobra para demostrar que no hay ningún trato discriminatorio.

P. Como ministro y como exalcalde de Santander. ¿El problema de Cataluña se puede resolver solo a estas alturas con más dinero e inversiones y un despacho en Barcelona?

R. El problema de Cataluña se debe resolver pensando en lo que necesitan los catalanes, en sus necesidades en servicios sociales e infraestructuras y sentándonos a trabajar conjuntamente.

P. ¿Fue un error del PP recurrir unilateralmente el estatuto catalán o tiene razón Aznar cuando llama la atención a Soraya Sáenz de Santamaría por avergonzarse de su pasado?

R. El PP está haciendo lo que siempre ha hecho, intentar trabajar desde la lealtad institucional, con la máxima voluntad de colaboración, pero dentro del marco constitucional.

P. No me ha contestado.

R. Yo creo que el PP y la vicepresidenta está haciendo lo que venía haciendo, tendiendo la mano a la Generalitat para trabajar conjuntamente, pero usted entenderá que ese marco de colaboración no es el que quiere la vicepresidenta sino el que fija la Constitución

P. ¿Fue un error recurrir el estatuto catalán?

R. El marco constitucional es el que debe regir la convivencia y a esas reglas de juego nos debemos someter todos, también el Gobierno.

P. ¿En una hipotética subcomisión para la reforma de la Constitución se podría o debería buscar para Cataluña una definición y encaje particular?

R. Si se aborda ese proceso se debe hacer sabiendo bien qué queremos cambiar. Hacer otra cosa sería un tremendo error y nosotros estamos abiertos a hablar de cualquier cosa pero sabiendo qué es lo que queremos mejorar. Y la definición que pueda tener Cataluña es la que establece la Constitución y si los españoles quieren cambiar ese marco debe hacerse con el máximo consenso y mientras tanto no debe haber vías unilaterales.

P. ¿Puede explicar por qué no es un escándalo que ahora todos los españoles tengan que pagar el rescate de 5.000 millones de las autopistas radiales que concedieron a empresas privadas José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos?

R. No es en ningún caso un rescate, es una obligación legal. Un rescate es cuando uno decide rescatar una autopista y tiene que pagar el desequilibrio económico financiero por una decisión política. Aquí no cabe una decisión política, es una decisión judicial, y dentro de ese procedimiento se acaba en una fase de acreedores de tal forma que desaparece el concesionario y la ley establece que revierte en el titular, que es el Estado, el propietario de la infraestructura. Por lo tanto la capacidad de decisión política es ninguna. Estamos en un cumplimiento de la legalidad y para ello tendría el Estado que incorporar un activo que no habría pagado y hacer frente a la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuyo valor no conocemos pero que será muy inferior a esos 5.000 millones, y muy inferior a la cifra final que le hubiera costado al Estado pagar y construir esas autopistas. El Estado recibirá ese activo y podrá ponerlo en valor. ¿Qué ha hecho el PP? No hacer ningún rescate ni subvención a las concesiones; y adoptar medidas legislativas dirigidas a minimizar en el futuro cuestiones como esta. ¿Qué hizo el PSOE? Abonó a esos concesionarios cantidades multimillonarias a través de un fondo de más de 80 millones de euros, con créditos participativos de casi 500 millones y ampliando los plazos concesionales y las tarifas para poder pagar esos préstamos.

P. ¿Fue un error dar esas concesiones?

R. Hay varias causas que provocan ese desequilibrio económico y financiero. Que cada vez hay una red más mallada de carreteras y autovías alrededor, que las expropiaciones que tenían una valoración inicial cercana a los 400 millones tuvieron un coste cercano a los 2.400 y que el tráfico fue finalmente un 45% del total esperado. No tuvieron la rentabilidad para permanecer.

P. ¿Por qué cuesta tanto admitir que fue un error esa concesión?

R. Hay muchas situaciones, como la propia crisis económica, y a día de hoy se está constatando un ligero incremento del tráfico.

P. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ya ha advertido de que no admitirá variaciones ni demoras en la llegada y trazado previsto para el AVE a Galicia.

R. No hay ninguna divergencia, hay convergencia absoluta y he compartido con el presidente Feijóo que vamos a hacer todo lo posible, lo que podamos y lo que no podamos, para que el AVE llegue en el menor tiempo. Todos los compromisos se mantienen. He quedado con Feijóo en que en enero vamos a hacer un repaso de la situación para poner fechas en el momento que liberemos los problemas técnicos.

P. ¿Ha mantenido ya algún contacto con el Gobierno vasco para cerrar el trazado de alta velocidad en la Y y cómo se resolverá esa exigencia política básica para negociar con el PNV?

R. Voy a ser muy prudente. La reunión con el Gobierno vasco será el 22 y vamos a hacer un repaso tramo por tramo de cada infraestructura y las principales necesidades porque hay dificultades en la zona del nudo de Bergara.