Pulso final contra la opacidad de la Administración

El pulso final por lograr que los políticos sean transparentes en sus decisiones y gastos se pelea en 2017. Justo cuando se cumplen tres años de la aprobación de la Ley que regula el acceso a los datos, las resoluciones y las inversiones públicas, España afronta un momento crítico para vencer las resistencias de las instituciones y los partidos. Las Autonomías están redactando una carta para denunciar ante el Gobierno los pocos recursos que tienen para aplicar la norma. El Ejecutivo se ha comprometido a aprobar un reglamento en 2017 y estudia una propuesta de Ciudadanos para que sea más fácil saber quiénes acceden a puestos de confianza o cuál es la ejecución de los presupuestos. Y el organismo regulador de la Ley pide acelerar con paso firme: “Hay que poner la transparencia 2.0 en marcha”, anima Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia.

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“Diría que no hay mucha voluntad política, lo que no puede sorprender: la transparencia real es un misil en la linea de flotación del sistema”, opina Elisa de la Nuez, abogada del Estado, sobre las dificultades que pone la Administración para contestar a peticiones de información. “La debilidad del sistema de transparencia se demuestra en la inexistencia de un régimen de sanciones digno de tal nombre y en que el Consejo carezca de facultades reales de sanción e inspección para velar por el cumplimiento de la Ley”, sigue la impulsora de la plataforma Hay derecho. Y remata: “Otro problema es la escasez de recursos del Consejo. Esto también es señal de la falta de voluntad política, extensible a otros organismos a los que parece que se quiere rendir por hambre”.

La Ley de transparencia ha permitido conocer los gastos de las embajadas en el exterior o los fondos recibidos por la Iglesia católica. El Consejo que regula la norma aspira a que en 2017 se puedan consultar los órdenes del día de las reuniones del Consejo de Ministros, para saber qué asuntos tratan; y a que los Altos Cargos tengan que dar cuenta pública de con quién, cuándo y para qué se reúnen, fiscalizando así la labor de los lobistas y arrojando luz sobre los oscuros círculos de poder que a veces intentan influir en las decisiones de la Administración. Las reclamaciones presentadas ante este organismo han aumentado en un 153% en 2016, pasando de 517 en 2015 a 1306 a finales de noviembre. Y, sin embargo, España, el último gran país europeo en aprobar esta normativa, aún sigue lejos de los estándares del resto de la UE.

“Hay tres cosas que hay que cambiar”, solicita Arizmendi, la presidenta del Consejo. “Una, el acceso”, dice sobre la obligatoriedad de tener firma digital para presentar una solicitud telemática, lo que dificulta el uso del portal por parte de los ciudadanos. “Otra, las competencias del Consejo, que no tiene de inspección, control o sanción", sigue. "Y la tercera, un aumento de plantilla y modificar nuestro estatuto”.

El Consejo tiene 19 personas en plantilla. Su presupuesto no llega a los tres millones de euros. Cuando se descuentan sus gastos en nóminas y alquiler de la sede, apenas le quedan 400.000 euros para operar durante el año. La Administración, además, le obliga recurrentemente a pleitear en los tribunales, gastando parte de sus escasos fondos. Sin embargo, la formación de Gobierno ha deparado un cambio que puede servir de punto de inflexión, según las partes implicadas. El Consejo ha dejado de depender de una secretaría de Estado integrada en el Ministerio de Presidencia para pasar a hacerlo del de Hacienda. Un paso que se ha interpretado como el inicio de un nuevo tiempo por distintas fuentes consultadas que hasta ahora observaban "falta de voluntad política". 

"Se ha hecho mucho y con pocos medios", reconoce María Pía Junquera, directora general de gobernanza pública, en conversación con este diario. "Queremos mejorar el portal de transparencia, que es susceptible de mejoras desde el punto de vista técnico, de la publicidad de los datos que se dan, mejorar la formación de los empleados públicos, la cultura de la transparencia... y nuestro propósito es que se apruebe el reglamento en 2017, con el consenso de todo el mundo", enumera. "Hay una proposición de Ciudadanos que se está estudiando", añade sobre el socio del Gobierno.

Mariano Rajoy y Albert Rivera firmaron en agosto un pacto de investidura que recoge en su punto 112 el objetivo de mejorar el Portal de Transparencia, ampliando los registros de publicidad activa ("en especial la relación de puestos de trabajo del personal de confianza o asesoramiento especial, las campañas de publicidad institucional que se promuevan y contraten"); avanzar en la accesibilidad de la información de la ejecución presupuestaria con un mayor grado de detalle y en un formato reutilizable; e impulsar la consulta pública electrónica de los anteproyectos de ley "para facilitar la participación de los ciudadanos". Además, en el punto 113 se establece la meta de reformar la Ley para elegir al Presidente del Consejo por mayoría de tres quintos del Congreso entre profesionales de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia.

Nuevos proyectos

Mientras eso ocurre, el Consejo avanza hacia esa transparencia 2.0 que reclama. En 2017 lanzará una aplicación electrónica que permitirá a las distintas administraciones recoger y comparar cómo de bien están cumpliendo la Ley, así como establecer ránkings de percepción ciudadana de la transparencia. Al tiempo, intentan internacionalizar su trabajo para crecer más rápido.

“Hemos creado un núcleo con Irlanda, Alemania y la UE para intentar trabar una red formal en la que se vuelquen las experiencias de todos y podamos ir más deprisa”, dice Arizmendi. “Mientras tanto nos hemos integrado en la red latinoamericana y hemos convertido ese organismo en iberoamericano, siendo el nexo entre ellos y Europa”.

Falta, sin embargo, lo básico para que la transparencia española se equipare a la europea: recursos y colaboración de la Administración.