Santamaría elude fechar la reforma de la Constitución que pide la oposición

La esperada comparecencia a petición propia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ante el Congreso para explicar los grandes planes del Gobierno para esta nueva legislatura y en especial sobre el desafío separatista en Cataluña se ha saldado otra vez con muchas y muy buenas palabras pero muy poca concreción. Santamaría ha apelado en numerosas ocasiones a la necesidad aritmética y parlamentaria de disponerse al diálogo, el consenso, los acuerdos y la concordia en esta "legislatura colaborativa" pero también ha matizado que siempre con "mucha prudencia". La casi totalidad de los partidos de la oposición en el Congreso han aprovechado la cita, que debía marcar el inicio de la exposición de los proyectos de todos los ministros, para reclamar una puesta al día de la Constitución de 1978. Algunos, como el PSOE, han demandado la creación ya de una subcomisión de expertos que aborde el guion de las grandes reformas pendientes. Santamaría no lo rechazó pero abogó de entrada por pactar "el consenso de salida" antes de provocar una división mayor que la que genera el texto actual.

Diálogo, espacios para el acuerdo, entendimiento, consenso, cooperación, colaboración de todos, imaginación, esfuerzo, empatía, "las cosas tienen que hacerse de otro modo", nueva etapa, "reto de entendernos los unos con los otros". La vicepresidenta ha empleado este jueves casi la primera media hora de su intervención ante la comisión Constitucional del Congreso en intentar demostrar a sus oponentes de los demás partidos que el Gobierno ha entendido que ahora no dispone de mayoría absoluta y que con sus 137 escaños debe pactarlo casi todo. Por convicción o por necesidad.

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Santamaría había avanzado que quería aprovechar esa cita para desgranar los grandes proyectos de Estado que le corresponde liderar o coordinar en el ejecutivo de Mariano Rajoy en este mandato y en especial sobre el proceso independentista en Cataluña. Se asumía que es el gran reto. Pero durante su discurso apenas ha esbozado esas líneas maestras al considerar de gran trascendencia asuntos a resolver o discutir como la evolución demográfica, la despoblación, la plena igualdad entre hombres y mujeres, la mala conciliación de horarios en España, los nuevos desarrollos tecnológicos y digitales o el cambio climático y el futuro de la Unión Europea. Ha sido ese contexto genérico cuando ha anunciado que al ejecutivo le gustaría abordar con los demás partidos algún tipo de regulación sobre los derechos de los ciudadanos en las redes sociales y los límites a la libertad de expresión.

Fue cuando ha desgranado sus nuevas responsabilidades sobre las Administraciones Territoriales cuando Santamaría ha admitido que esa es la tarea más importante ahora a poner en orden en un Estado ya muy descentralizado. Santamaría ha evitado durante casi toda su comparecencia utilizar la palabra Cataluña, pero las alusiones y las réplicas de los demás oradores no dejaban lugar para ninguna duda.

La vicepresidenta ha intentado abordar el problema catalán desde el punto de partida de que en España ahora ya hay una gran descentralización del gasto y de los impuestos. Luego ha intentado destacar que la relegada y olvidada Conferencia de Presidentes autonómicos podría ser en el futuro un buen instrumento para trabajar entre todos en los asuntos de Estado con otro modelo de funcionamiento menos ocasional y protocolario y ha ensalzado en esa línea de implicar a todas las administraciones la trascendencia de la labor realizada en estos años críticos de las autonomías y los ayuntamientos.

La aportación más específica para la resolución de conflictos entre las Administraciones territoriales que ha aportado Santamaría ha sido su oferta de recurrir más a las comisiones bilaterales previstas en el artículo 33 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional en la que se pueden dirimir problemas antes de llegar a la vía judicial del recurso. El Gobierno se la ha ofrecido al Gobierno vasco y al catalán, en público y en privado, y hasta ahora con escaso éxito.

En el turno de réplicas, los portavoces de casi todos los partidos han optado por no conceder mucha credibilidad a las apelaciones al diálogo ahora de Santamaría y el Gobierno de Mariano Rajoy y por demandar una reforma ya de la Constitución de 1978. Los más desconfiados ante la actitud que anuncia el ejecutivo han resultado de partida la diputada de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, y el portavoz del Partido Demócrata Catalán, Francesc Homs, que ven cada vez más signos de recentralización del Estado. Mikel Legarda, del PNV, ha incidido en la acusación del rodillo del anterior mandato, ha reivindicado negociaciones bilaterales mejores que multilaterales entre muchas autonomías y ha cuestionado las virtudes políticas de tantas ofertas de Pactos de Estado desde el Gobierno para silenciar o maniatar a la oposición.

La portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Ester Capella, ha sido la primera que ha exigido a Santamaría que entrase a exponer sus ideas específicas sobre Cataluña y ha defendido un cambio de la Constitución y una interpretación más flexible y menos estática del "determinismo histórico" de las leyes para permitir un referéndum de autodeterminación que puedan votar los catalanes.

El portavoz de Ciudadanos fue Albert Rivera, que ha sido el único de los grandes líderes políticos que se ha presentado en la comisión. Rivera ha pedido a Santamaría más humildad y menos triunfalismo, ha leído casi los 150 puntos del acuerdo de investidura que obligan al PP en la legislatura para plantear a continuación "una actualización y modernización de la Constitución" valiente y con coraje. "Reformar o morir" ha sido su conclusión. "Vamos a poner fecha para ponerse a trabajar y a poner hilo a la aguja ya", ha señalado Rivera sobre la reforma de la Constitución.

El diputado de Podemos Xavier Domènech, que ha sustituido en el puesto este jueves al titular, Pablo Iglesias, ha argumentado que cada vez y cada año que pasa hay más gente que ha nacido y vive en España y Cataluña y que no votó en su día la Constitución de 1978 y ha reclamado algo más que el cambio constitucional. Domènech sostiene que ahora hace falta "un proceso constituyente" en España para encarar "la peor crisis territorial que se está viviendo desde la transición".

El portavoz del PSOE, el catedrático de constitucional Gregorio Cámara, ha defendido la necesidad de la reforma constitucional ante la gravedad del desafío soberanista y ante la actitud demostrada por el ejecutivo de Rajoy hasta ahora de "la negación y mirar para otro lado". Cámara ha agradecido la actitud y buenas palabras de Santamaría, pero le ha exigido más concreción y en ese momento ha anunciado la intención del PSOE de presentar una iniciativa parlamentaria para que se cree una subcomisión con expertos que estudie las posibilidades de una profunda reforma y actualización de la Carta Magna "como el gran proyecto compartido por todos de la legislatura".

No ha tenido respuesta a esa oferta ni concreción. La vicepresidenta ha respondido sobre todo a las acusaciones de prepotencia política del pasado y ha eludido poner fecha alguna a la reforma de la Constitución o de creación de la citada comisión parlamentaria. Luego ha explicado que quiere conducirse en ese asunto "con mucha prudencia" aunque no ha renegado de que pueda afrontarse en algún momento de la legislatura.

Durante la sesión parlamentaria de este jueves Santamaría ha puesto el ejemplo de "los tiras y aflojas" que se vivieron en el verano de 2010, bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para cambiar en 15 días el artículo 135 de la Constitución para fijar el principio de estabilidad financiera y limitar el déficit. Luego ha mencionado incluso el precedente de la Constitución norteamericana y cómo necesitó 203 años para su última enmienda, introducida en 1992.

El gran argumento de Santamaría para frenar los ímpetus de casi todos los partidos de la oposición para retocar la Constitución ha sido la falta de acuerdo en los cambios y el temor a que el consenso futuro sea menor que el actual. La vicepresidenta se ha agarrado ahí a que no ve posiciones similares entre los partidarios del derecho a decidir en Cataluña, como ERC y Podemos, y sus detractores como Ciudadanos, UPN o incluso la postura federal del PSOE en su declaración de Granada. Y ha enumerado en esa retórica algunas preguntas sobre sus dudas: "¿Qué es un Estado Federal? ¿Qué añade el federalismo al Estado de las autonomías?". Y también sobre su simetría, su asimetría, el reparto competencial, la federalización del poder judicial o el modelo de financiación.

La vicepresidenta ha subrayado que lo importante antes de entrar en la discusión de la reforma de la Constitución es ser "conscientes del consenso de salida y del consenso de llegada" para que luego esos cambios puedan ser avalados por todos los españoles cuando se les pregunte en un referéndum nacional porque mantuvo que en ese aspecto ni el Gobierno central, ni los autonómicos ni las Cortes pueden arrogarse una potestad que es limitada y que corresponde a todos los españoles. "Si el consenso, si la búsqueda de la concordia guía nuestros trabajos, acertaremos. Acertaremos si lo hacemos con prudencia, analizando muy bien nuestros consensos y disensos y trabajando desde el primer momento", ha recalcado.