La negociación del pacto educativo arranca con la abstención de Podemos y los nacionalistas

Todos los partidos están de acuerdo en el trazo grueso: España necesita un acuerdo por la educación. Los matices, que ya han salido a la luz y se irán ampliando en las próximas semanas y meses, son los que marcarán si se puede cerrar por primera vez en 40 años el gran pacto educativo para el que el Congreso de los Diputados ha dado este jueves el primer paso después de que el Gobierno haya limado uno de los aspectos más polémicos de la LOMCE: las reválidas.

Se ha constituido la subcomisión parlamentaria que debe negociar los contenidos y buscar una ley que sustituya a la contestada reforma del PP. El plazo inicial de negociación es de seis meses. La propuesta ha salido adelante con 26 votos a favor y 11 abstenciones de PNV, Bildu, la antigua Convergencia y la coalición Unidos Podemos, aunque todos han señalado que participarán en el debate. El pleno de la cámara debe ratificar este acuerdo- previsiblemente el próximo 13 de diciembre- para que comiencen las comparecencias.

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El partido de Pablo Iglesias, que el viernes pasado señaló que sí respaldaría esta iniciativa, se ha abstenido tras presentar una enmienda al texto. En ella piden que se retire la referencia a “alcanzar los objetivos educativos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación 2020 de la Unión Europea”. Joan Mena, de Unidos Podemos, asegura que “es un marco no aceptado mayoritariamente por la comunidad educativa” porque “marca una educación mercantilizada”. “El pacto no puede ser un lavado de cara de las políticas del PP”, añade la formación. Los tres partidos que impulsaron la creación de la subcomisión (PSOE, PP y Ciudadanos) han rechazado la enmienda.

“Todos los países europeos están representados en ese marco 2020. Relacionar ese acuerdo con la mercantilización es una simplificación”, critica el diputado socialista Manuel Cruz. La estrategia europea cuya referencia quiere retirar Podemos es un foro de intercambio de ideas en el que se citan como objetivos el aprendizaje permanente, un asunto que suscita bastante acuerdo, o ideas que defiende la propia coalición de izquierdas: “Fomentar la igualdad, a cohesión social y la ciudadanía activa”.

La diputada Sandra Moneo (PP) acusa al partido de Iglesias de pensar en parámetros “absolutamente políticos” en lugar de hacer “debate educativo" en este primer encuentro de la subcomisión. La coalición de izquierdas, que se ha abstenido pero asegura que participará en la negociación, reclama “blindar la escuela pública” o que la religión quede fuera de las aulas. También pide que aumente la inversión hasta el 6% del PIB (actualmente está por debajo del 4%),

Los nacionalistas se han abstenido en este primer paso porque consideran que no se está garantizando el “respeto” a las competencias autonómica, como ha señalado Miriam Noguera, del PDECat (la antigua Convergencia). Su partido reclama que se retire la disposición adicional 38 de la LOMCE que obliga a la Generalitat a subvencionar con hasta 6.000 euros por alumno y curso a los que se quieran escolarizar en castellano. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se comprometió el pasado lunes a tratar este asunto con la Generalitat en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas en la que se cerró la retirada de las reválidas.

“Si se vuelve a legislar pensando que hay una sola España y que ha una sola manera de entender esta nación se excluirá a una parte importante del Estado español”, añade Joan Olòriz, de Esquerra Republicana. “Tendremos la mente abierta pero con escepticismo”, añade Joseba Agirretxea (PNV), quien reclama un pacto que sea “escrupuloso” con Euskadi y le permitan “un desarrollo normativo propio”. Oskar Matute (Bildu) discrepa de que sea  un "pacto estatal", que considera una interpretación "uniformadora y recentralizadora".

Así que el “día histórico” al que aludían los diputados presentes este jueves en la Comisión de Educación ha arrancado con menos respaldos de los anunciados. Marta Martín (Ciudadanos) ha pedido “altura de miras para poder llegar a muchos consensos” de los que sentirse “orgullosos”. Su partido reclama nuevas competencias para la sociedad de la información “no solo digitales sino también emocionales” y subraya la revisión del acceso y la formación de los docentes “es la joya de la corona”. Cambiar ese acceso es un aspecto en el que están de acuerdo todos los partidos políticos.

El PSOE, que ha estado desde el principio con PP y Ciudadanos con en la negociación para impulsar esa subcomisión, arranca no obstante el trabajo parlamentario con un tono crítico. Manuel Cruz (PSOE) reclama que se reviertan los recortes y “restañar en el menor tiempo posible el enorme daño perpetrado” con el Gobierno del PP.  Cruz pide un sistema público “estable y de calidad” con plazas “suficientes”, que se recupere el antiguo sistema de becas que, tras el cambio de sistema de 2012, ha supuesto que se repartan más ayudas pero con una reducción considerable de las cuantías, que distintos datos sitúan entre 500 y 1.000 euros anuales en las ayudas universitarias.

La diputada Sandra Moneo (PP) ha dado un “agradecimiento especial" a PSOE y Ciudadanos por “la generosidad”. “Fuera de estas puertas hay una sociedad que espera de nosotros un gran pacto”, ha señalado la diputada. En el último gran intento, encabezado por el ministro Ángel Gabilondo (PSOE), fue el PP el que se descolgó del acuerdo en el último momento. Después de aquel intento fallido, el PP comenzó a gobernar con mayoría absoluta en diciembre de 2011, unos resultados muy alejados del escenario parlamentario fraccionado que hay en 2016, con el Gobierno que menos apoyo parlamentario tiene de la historia de la democracia española. Moneo ha subrayado la “absoluta predisposición al diálogo” de su partido.