Pujalte declara como imputado: “No se ha hablado nada de gestión pública”
El exdiputado del PP defiende su inocencia en la causa abierta por los pagos recibidos de una constructora cuando ocupaba un escaño
"Es un asunto privado. No se ha hablado nada de gestión pública". Con estas escasas palabras se ha defendido este miércoles Vicente Martínez Pujalte, exdiputado del PP, en los pasillos de los madrileños juzgados de Plaza de Castilla, a donde ha acudido a declarar como investigado —antigua figura de imputado— por los delitos de falsedad y cohecho. El Ministerio Público lo acusa de simular pagos de diferentes empresas por trabajos inexistentes mientras ocupaba un escaño en el Congreso. "Todo lo que me han preguntado ha sido sobre una relación mercantil privada", ha apostillado el exdirigente popular.
La causa contra Pujalte, que ha declarado este miércoles ante el juez durante más de dos horas, arrancó después de que se constatase, como publicó EL PAÍS, que el popular recibió abonos regulares de la constructora Collosa, que contrataba con la administración pública, mientras ocupaba un escaño en el Parlamento. "Todo era legal", ha repetido reiteradamente el exdiputado, que ha defendido que eran trabajos de asesoría externa y que cumplió el régimen de compatibilidades del Congreso. En ese sentido, ya recibió el respaldo de su partido. Javier Arenas, vice secretario general de Política Autonómica y Local del PP, aseguró que se limitó al régimen de autorizaciones permitido por el Hemiciclo.
Pese a ello, la fiscalía abrió en mayo de este año diligencias contra Pujalte. Aunque la investigación también implica a Ana Torme, exdiputada y exsenadora del PP; a Alejandro Ballestero, exparlamentario balear de la formación conservadora; al exasesor de José María Aznar, Jaime Miguel Marín; al vicepresidente de Collosa, Alejandro Llorente; y a María del Mar Benito. Todos ellos se encuentran vinculados con las empresas que presuntamente pagaron a Pujalte, a través de la compañía Sirga XXI Consultores. Torme ha declarado también este miércoles ante el juez y el resto lo harán en diciembre y enero.
Pujalte y Torme eran dueños al 50% de Sirga XXI. La crearon mientras eran diputados, hasta que en 2011 la parlamentaria vendió su parte. De hecho, la fiscalía imputa a ambos por los mismos delitos, aunque la exsenadora decidió personarse en la causa y acusó a su excompañero de partido de engañarla. Según asegura Torme, ella no hacía nada en la empresa, aunque recibía una nómina que compatibilizaba con el escaño.
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