El juez imputa a un patrono de Unicaja por el chivatazo del ‘caso Ausbanc’
La fiscalía acusa al directivo de avisar a Luis Pineda de que la policía le investigaba
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado el 9 de diciembre como investigado a José Luis Gómez Boza, el patrono de la Fundación Bancaria Unicaja que supuestamente dio el chivatazo al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, de que estaba siendo investigado por la Policía.
Para ese mismo día, Pedraz, a petición del fiscal Daniel Campos, también ha llamado a declarar como investigado a Lorenzo Díaz, dueño de la empresa de seguridad LPM, a la que Manos Limpias quiso acudir para disfrazar, a modo de préstamo, un posible cobro por retirar su acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos.
Además ha citado como testigo, también para el 9 de diciembre, al empresario José María Mas Millet, quien supuestamente intermedió para pactar una renuncia de Manos Limpias de acusar a la infanta en el juicio de Nóos, y entre el 12 y 15 de diciembre comparecerán otros diez testigos, entre ellos el director de comunicación del Banco Santander Juan Manuel Cendoya.
Estos testigos son trabajadores de bancos como Santander, Mare Nostrum o Liberbank, que fueron supuestamente extorsionados por Ausbanc y Manos Limpias, así como del Grupo Volkswagen, contra el que Manos Limpias se querelló por sus emisiones.
El fiscal del caso Ausbanc-Manos Limpias, Daniel Campos, había pedido al juez que citara como imputado a Boza. Supuestamente, Unicaja Banco se sometió al chantaje de Ausbanc y Manos Limpias y pagó al menos un millón a ambas entidades a cambio de que el sindicato pidiera el archivo de la acusación en el caso ERE contra su presidente, Braulio Medel.
Gómez Boza, abogado sevillano, fue consejero de Unicaja cuando era caja de ahorros y patrono de la fundación desde hace dos años. Lorenzo Díaz, dueño de la empresa de seguridad LPM, fue a quien Manos Limpias quiso acudir para disfrazar, a modo de préstamo, un posible cobro por retirar su acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos.
La policía apuntó a Gómez Boza en diferentes informes como la persona que avisó a Pineda de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le estaba investigando, según se desprende de los pinchazos telefónicos intervenidos en la causa. En concreto, de una conversación entre dos empleados de Ausbanc se extrae que a Pineda le dio el chivatazo una persona de Unicaja que acudió a un acto en Sevilla el 16 de marzo de 2016, un mes antes de la operación contra Ausbanc y Manos Limpias en la que fueron arrestados Pineda y el líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, entre otros. Ambos permanecen en prisión preventiva.
Tras estudiar los asistentes a ese acto, la policía concluye en un informe que la única persona de Unicaja allí presente era Gómez Boza, por lo que le considera el autor de la filtración.
En cuanto al propietario de la empresa LPM, su petición de imputación se basa, entre otras cosas, en las declaraciones del director de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, quien denunció ante la policía las extorsiones de Manos Limpias el 29 de marzo, dos semanas antes de las detenciones.
El directivo del banco afirmó a los agentes que unos seis meses antes había recibido una propuesta de Bernad para retirar la acusación a la infanta a cambio de 2 millones, una cantidad que se disfrazaría de una ayuda económica a LPM. El representante del ministerio público también ha reclamado la declaración como testigos de una serie de trabajadores de bancos como Santander, Mare Nostrum o Liberbank, que fueron supuestamente extorsionados por Ausbanc y Manos Limpias, así como del Grupo Volkswagen, contra el que Manos Limpias se querelló por sus emisiones.
Entre ellos, el empresario José María Mas Millet, quien supuestamente intermedió para pactar una renuncia de Manos Limpias de acusar a la infanta en el juicio de Nóos. De aceptar el juez estas citaciones, serían, en caso de que no aparezcan nuevas pruebas, la recta final antes de cerrar la instrucción del caso Manos Limpias-Ausbanc, según fuentes jurídicas.
En esta causa están imputadas una quincena de personas, que fueron detenidas el 15 de abril en la Operación Nelson. De ellas, solo Pineda y Bernad permanecen encarcelados. Están imputados por extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa, administración desleal y fraude de las
subvenciones. El juez le acusa de coordinarse para extorsionar a bancos a los que pedían dinero e inserciones publicitarias a cambio de retirar acusaciones judiciales, entre ellas la de la infanta en Nóos.
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