Ministros por la gracia de Dios

Genuflexión al Rey, crucifijo y santa Biblia. La definición de España como Estado aconfesional se resintió de la ceremonia de unción de los ministros. Once de ellos pusieron las sagradas escrituras como testigos del juramento. Y únicamente dos, Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal, se avinieron a prometer el cargo.

La propia excepción de ambas demuestra hasta qué extremo son la anomalía de un Gobierno fervoroso y piadoso. Puede entenderse que los ministros interpreten su misión en un plano metafísico y providencial, pero la decisión de jurar públicamente el cargo con la mano sobre la Biblia sobrepasa el ámbito privado de la fe e implica la predisposición del Ejecutivo marianista a impregnarse de los motivos doctrinales.

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Otra cuestión es que la liturgia de la toma de posesión obedeciera a cuestiones dramatúrgicas. No procede personarse en chándal a La Zarzuela ni sustraerse a la solemnidad que conlleva la noción del apostolado ministerial, pero un Gobierno tiene sus responsabilidades con la neutralidad, la independencia y el laicismo. Especialmente cuando las leyes —la del aborto o la del matrimonio homosexual, por ejemplo— se exponen a la injerencia de las presiones eclesiásticas y cuando la realidad sociológica de España tanto se ha distanciado de la Iglesia católica apostólica romana como ha conocido otras expresiones religiosas en la evidencia del mestizaje cultural.

De hecho, la salida de Fernández Díaz y de su ángel de la guarda, Marcelo, en la purga gerontocrática —Margallo, Morenés— sobrentendía un distanciamiento de las antiguas vinculaciones iconográficas. Hacerle una genuflexión a Felipe VI y poner a Dios por testigo de un juramento ministerial se antojan costumbres decimonónicas que podrían haberse eludido si no fuera porque prevalece en el equipo de Rajoy —11 de 13— una devoción a los símbolos identitarios, cuando no una actitud imitativa al ritual que protagonizó el propio presidente del Gobierno.

Mariano Rajoy, registrador de la propiedad en eterna excedencia, juró su cargo delante del crucifijo y con la mano sobre la Biblia. Marcaba el paso a sus evangelistas. Y se recreaba en las facultades de la Constitución, cuyo artículo 16.3 menciona la aconfesionalidad de la patria, es verdad, pero también invita a los poderes públicos a tener en cuenta el hecho religioso y a mantener relaciones con la Iglesia católica.

No hace falta reformar la Carta Magna para distanciarse de la confusión Iglesia-Estado, reivindicar el laicismo y prevenir a los españoles de las nubes de incienso que esta mañana han precipitado un estado de levitación y de trance místico entre casi todos los ministros. Comprendemos su emoción y aceptamos la sugestión de encontrarse en una tarea divina, pero resulta embarazoso y rancio anteponer la casación del juicio final a las obligaciones que deben contraerse con los hombres.