La UPA, investigada por financiación ilegal con 1,8 millones de ayudas de UE

La Guardia Civil ha detenido a siete miembros del sindicato UPA-UCE de Extremadura (Unión de Pequeños Agricultores) por supuestos delitos de fraude de subvenciones de la Unión Europea para asesoramiento de agricultores y blanqueo de capitales. La investigación sitúa a la UPA en el centro de un entramado de transferencias y cobros a espaldas de los agricultores afiliados, de los que se beneficiaba para su presunta financiación ilegal, y por el que supuestamente se embolsó casi dos millones de euros en ayudas. 

Según los investigadores, el sindicato gestionó unas 5.500 solicitudes de subvenciones de alrededor de 1.800 afiliados entre 2013 y 2015, por las que recibió unos 1,8 millones de euros. El organismo supuestamente derivó este dinero a la financiación de la UPA y de otras personas físicas y jurídicas que aún están bajo investigación. 

Los empleados del sindicato están siendo investigados por hacer de captores y engañar a los afiliados del sindicato para que firmaran documentos. Entre los documentos que los agricultores firmaban supuestamente mediante engaños está la solicitud de la subvención, la petición de un préstamo para asesoramiento agrario o la aprobación para que una empresa asociada al sindicato efectuara cobros y pagos de sus cuentas, entre otros. Según la información facilitada por la Guardia Civil, muchos de los agricultores desconocían haber solicitado un préstamo para asesoramiento agrario. Solo eran conscientes de haber firmado la solicitud de la subvención. 

Un carrusel de cobros y pagos

El sindicato supuestamente creó un sistema de transferencias y cobros de capitales, definido por los investigadores como "de tipo carrusel", que les permitió embolsarse el valor de las subvenciones concedidas a los afiliados.

La mecánica funcionaba así: Los agricultores que pedían una subvención solicitaban al mismo tiempo, y sin saberlo, según los investigadores, un préstamo a una empresa tapadera creada por el sindicato agrario. El dinero del crédito servía para pagar el supuesto servicio de asesoramiento de UPA y cuando la UE ingresaba a los beneficiarios el importe de la subvención se transfería a la sociedad tapadera en concepto de pago de la deuda. Los receptores de las ayudas eran agricultores extremeños que recibían antes de presentar la solicitud el 80% del importe total que le correspondía por el asesoramiento agrario.

La operación policial comenzó el pasado mes de febrero cuando un pequeño agricultor de Campo Arañuelo (Cáceres) denunció un supuesto entramado de financiación ilegal del sindicato. Los registros que comenzaron este miércoles en la sede central de Mérida (Badajoz), en las delegaciones de Plasencia, Coria y Talayuela (Cáceres), y un domicilio particular en la provincia de Badajoz continúan este jueves. Según los investigadores, los extractos bancarios de las cuentas del sindicato ponen de manifiesto la existencia de "un plan preconcebido y organizado" de financiación irrgulares. La investigación está abierta y no se descartan nuevas detenciones.