¿Cómo reformar el sistema de pensiones?

Se ha despejado la principal incógnita de la gobernabilidad. Ya tenemos un Gobierno a la vuelta de la esquina y conviene seguir haciendo girar la rueda de las reformas estructurales para que la economía y la sociedad españolas mejoren sus indicadores de productividad y bienestar. Esta mejora se reflejará en la calidad de nuestro sistema de pensiones y a la vez, se apuntalará si es el propio sistema de pensiones el que adopta reformas.

Las pensiones en España son, fundamentalmente, de promoción, provisión y gestión pública por parte de la Seguridad Social. Están basadas en el método financiero de reparto. Su grado de cobertura es general para todos los trabajadores del sector privado (por cuenta propia y ajena) y para la mayoría de los trabajadores y funcionarios del sector público.

Pero también existen en España pensiones de promoción, provisión y gestión estatal para muchos cientos de miles de funcionarios de los cuerpos más característicos de la Administración central (clases pasivas), sustitutivas de las de la Seguridad Social, que se basan en recursos presupuestarios en 9/10 partes de su gasto y de las que se habla muy poco. Finalmente, existen pensiones de promoción, provisión y gestión privada (individuales, de empleo o colectivas) que, por ley, solo pueden ser complementarias a las pensiones públicas y que se basan en el método de capitalización. A ellas están acogidos más de nueve millones de partícipes y asegurados que detentan once millones de cuentas, si bien los capitales acumulados son escasos e insuficientes como pensiones complementarias propiamente dichas.

Esta combinación de sistemas es bastante común en muchos otros países y, al igual que les sucede a estos, en España se encuentra sometida a enormes retos derivados de la creciente longevidad y la reducción del número de cotizantes por cada pensionista. La creciente distancia entre la edad de jubilación y la esperanza de vida a dicha edad de jubilación hace que cada vez haya que extraer más recursos de una base más pequeña y acaba por hacer a las promesas de pensiones de la Seguridad Social la mejor inversión financiera (de las cotizaciones pasadas) de todos los tiempos, aunque insostenible, claro.

La falta de trabajadores (consecuencia de la caída de los nacimientos y de la inmigración) es solo en apariencia un problema. Mejor dicho, su solución (con más niños e inmigrantes) acaba creando un problema mayor de sostenibilidad futura si se mantienen las promesas actuales.

Así las cosas, para el caso español, me centraría en encontrar soluciones fiscales temporales para paliar el déficit de las pensiones públicas que el agotamiento del Fondo de Reserva va a exponer crudamente en 2017, desde luego no bajando los impuestos generales durante unos años. Como estas soluciones serían dolorosas para los contribuyentes, trataría en paralelo de plantear nuevas reformas estructurales que asegurasen la sostenibilidad de las pensiones públicas ajustando los ingresos a los gastos, por ejemplo, empezando a pensar que, dada la general participación de las mujeres de 45 años o menos en el mercado de trabajo, las pensiones de viudedad para trabajadores de esta edad o menos pasaran a ser pagos únicos al fallecimiento de la pareja.

También equipararía de verdad las pensiones de todos los trabajadores: por cuenta ajena, por cuenta propia y afiliados al Régimen Especial(ísimo) de clases pasivas del Estado. Por último, liberaría los límites a la edad de jubilación para que se adaptasen pari passu cada año, y proporcionalmente, al aumento de la longevidad, teniendo en cuenta, naturalmente, los casos de trabajos especialmente onerosos.

José A. Herce es director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi)