El pacto PP-Ciudadanos obliga a Rajoy a acelerar sus reformas antes de fin de año

Albert Rivera afronta la legislatura en una complicada posición. Ciudadanos votó a favor de la investidura de Rajoy, pero no entrará en su gobierno. Tendrá que apoyar al Ejecutivo para impulsar las 150 medidas que recoge su pacto y aunque Rivera, finalmente, se ha comprometido a ser "un factor de estabilidad", no está dispuesto a renunciar a que los Presupuestos de 2017 incluyan los 5.000 millones de gasto pactados con el PP para impulsar las principales políticas de su acuerdo. En consecuencia, los dirigentes de Ciudadanos quieren defender el cumplimiento del calendario de ejecución del documento. Es este:

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Noviembre. La fortaleza del acuerdo se medirá antes del 30 de noviembre. Según Francisco de la Torre, experto en fiscalidad de Ciudadanos, el nuevo Ejecutivo tiene hasta entonces para reclamar a las fortunas que se beneficiaron de la amnistía fiscal que paguen el 10% del dinero repatriado (como estaba previsto) y no el 3% (como finalmente hicieron). Sin embargo, la fecha no se recoge específicamente en el pacto, Hacienda dice que las declaraciones del indulto fiscal no caducan y el PP no se ha mostrado inclinado a tomar la iniciativa. Los 2.800 millones que Ciudadanos cree posible recaudar así serían un pilar fundamental de financiación para el pacto.

Además, Rajoy ya ha dado pasos para cumplir con dos compromisos que tiene que afrontar en su primer mes en La Moncloa: reformar la ley de contratos públicos (para que se publiciten más y haya más competencia para su adjudicación) y abrir la subcomisión del pacto nacional para la educación y otra para la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. De hecho el PSOE y Ciudadanos ya han presentado una iniciativa conjunta (y dos separadas) para crearla. 

Finalmente, el PP y Ciudadanos se han comprometido a reformar "a la mayor brevedad, y en un plazo máximo de tres meses", el impuesto de sociedades para aumentar su recaudación. Como este cambio es fundamental para los Presupuestos de 2017, es probable que se priorice. Tanto el PP como Ciudadanos han asumido que sin cambiar este tributo es imposible equilibrar las cuentas públicas y hacer el ajuste de 5.500 millones que tiene que hacer España para cumplir con el déficit fijado por Bruselas.

Antes de finales de enero de 2017. El ejecutivo se verá obligado a acelerar para cumplir con los múltiples compromisos que ha adquirido para el primer trimestre de la legislatura. En esos tres meses deben ponerse en marcha los seis puntos del pacto anticorrupción que firmó con Ciudadanos, que incluyen eliminar los aforamientos de los políticos, limitar el mandato presidencia a ocho años o crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP. Par la mayoría de esas medidas, los firmantes del acuerdo necesitarán el apoyo de otras formaciones. Sin embargo, esos no son los únicos hitos previstos. En los primeros tres meses de la XII legislatura, Rajoy también debe impulsar una subcomisión para iniciar los trabajos que lleven a firmar un pacto por la conciliación laboral (se acabaría de trabajar a las 18.00). 

Resto de 2017. Antes de que acabe el año tienen que estar en funcionamiento dos infraestructuras: el AVE a Galicia y la variante de Pajares entre León y Asturias. Además, el ejecutivo debe aprobar "de manera urgente" el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015 que regula el sistema de formación profesional para el empleo, "agilizando la Implantación de los Cheques de Formación para los desempleados de larga duración". Finalmente, el cuadro de inversiones para el primer año completo de la legislatura incluye, entre otros gastos, 1.300 millones para un complemento salarial; 1.000 para luchar contra la pobreza infantil; o 500 para programa de activación para el empleo.