El expresidente del PP de Pontevedra y la diputación encara un juicio por cohecho

Rafael Louzán, que hasta marzo pasado fue presidente provincial del PP de Pontevedra durante 16 años, y otros doce en la Diputación, encara la fase previa al juicio con jurado popular por un delito continuado de cohecho pasivo que ha solicitado el Ministerio Fiscal. El actual presidente de la Federación Gallega de Futbol afronta por ello una condena de un año de prisión y más de dos años de suspensión de empleo y sueldo.

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La jueza de Cambados (Pontevedra), Laura Fernández, ha citado a Louzán para que comparezca el 26 de octubre a la vista previa establecida por Ley del Tribunal del Jurado después de desestimar todos los recursos presentados por la defensa del expolítico popular para evitar el juicio.

Después de escuchar a las defensas y al fiscal del caso, la magistrada tendrá que decidir si Louzán se sienta o no en el banquillo después de más de tres años de instrucción y que el asunto haya pasado por la lupa de tres jueces.

Junto al exbarón popular, uno de los más influyentes y que más poder han acumulado en el partido, también comparecerán como acusados su mujer, como colaboradora necesaria, y el concejal del PP en el Ayuntamiento de Pazos de Borbén y exdiputado provincial, Severino Reguera, por cohecho impropio y “cuya proyección política dependía de Louzán” según la acusación.

El fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, acusa a Louzán de recibir favores de Reguera con el sobreprecio en el alquiler de unos bajos comerciales en Vigo mientras el primero presidía la Diputación y el segundo era diputado raso.

Louzán, que trabaja de asesor del partido a sueldo del organismo provincial desde que los socialistas y nacionalistas arrebataron al PP la diputación, podría verse apartado de su actual cargo en el ámbito político (por el que percibe 45.000 euros anuales) e incluso también en el deportivo. También está implicado en otra causa de presunta corrupción política (Operación Patos) que investiga presuntos amaños de contratos públicos.

El matrimonio, en régimen de gananciales, presuntamente pactó el alquiler de tres bajos comerciales en Vigo por encima del precio del mercado al concejal y empresario de panadería Severino Reguera, que se enfrenta a una condena de un año de prisión. El fiscal pide el decomiso de los locales del matrimonio Louzán que le alquilaron a la empresa de panadería de Reguera, Brunopán.

Sin embargo, el abogado de Rafael Louzán y su mujer niega que existiera un pacto tácito entre ambos (presidente y diputado) y argumenta que solo se trata de una operación comercial de un particular, en un escenario de oferta y demanda y que la causa “es fruto del empecinamiento del fiscal”.

Los hechos se remontan a agosto de 2008, cuando Louzán y su mujer compraron los locales por 460.122,50 euros sin IVA, “a sabiendas de que Severino Reguera se los iba a alquilar”, incide el fiscal. Y subraya que “en realidad habían reservado cinco bajos contiguos pero el concejal compra solo dos por importe 358.340 euros, pagando luego mucho más por el alquiler de lo que le hubiera costado comprarlos”.

Reguera prestó a Louzán 103.748,42 euros para la fianza del alquiler y una vez alquilados los bajos, estos se unieron a los de Reguera, pasando a formar uno solo con el nombre comercial Boutique del pan. “Hecho que acredita que el propósito inicial de los compradores era formar un único local, creando una especie de sociedad encubierta entre ellos”, añade la acusación pública.

Excepto en el primer año de arrendamiento, el precio abonado por Reguera por los alquileres superó el de la amortización de las cuotas hipotecarias, a pesar de que Brunopán tuvo pérdidas significativas, en 2011 y 2012. Aún así, dice el escrito de acusación, el concejal “siguió pagando los incrementos pactados del precio del arrendamiento, contrastando con la rebaja de alquileres que se produjeron fruto de la crisis”.

El fiscal no se explica el motivo por el que Brunopán no compró o alquiló otros bajos a precios más competitivos, según recoge un informe de la Agencia Tributaria el cual constata que Reguera pagó un 60% más por los bajos de Louzán, lo que supone que hasta finales del 2013, Brunopán SL abonó a los arrendadores 89.000 euros más, “lo que supone un premio injustificado para ellos”, concluye el fiscal.