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Durante mucho tiempo, una parte de la opinión pública vasca dio como buenas dos ideas que ETA propagaba con habilidad: que mataba para forzar una negociación y que el “conflicto” no tenía otra solución que esa negociación, porque ni las fuerzas de seguridad podrían doblegar nunca a ETA, ni la banda terrorista tenía posibilidades de vencer al Estado; lo que los ideólogos de la banda denominaron “el empate infinito”. Por razones bien distintas, los partidos democráticos, todos sin excepción, acordaron en el primer y más importante acuerdo antiterrorista, el Pacto de Ajuria Enea, que si se daban las condiciones adecuadas, el Estado podría buscar un final dialogado para el terrorismo de ETA. En ese final, Batasuna desempeñaría un importante papel: el de ser el instrumento político para la integración de los violentos en la democracia.

Todos los gobiernos intentaron alcanzar ese final dialogado de la violencia. Lo buscaron sucesivamente Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. No lo consiguieron, pero siempre he sostenido que esos intentos no fueron baldíos. Aquellos procesos permitieron desmontar la supuesta voluntad negociadora de ETA y evidenciar la absoluta sumisión de Batasuna a la banda. Por un lado, hicieron que el apoyo social a los terroristas fuera disminuyendo; y por otro, provocaron que las reglas de la relación con Batasuna cambiaran: a partir de un determinado momento, tuvieron que elegir entre los votos y las bombas. La eficacia de las fuerzas de la seguridad del Estado, de nuestros servicios de inteligencia, y la cooperación con Francia acabaron con el otro mito: el del “empate infinito”.

Desde el 6 de junio del año 2007, día en el que ETA declaró el final de la tregua que permitió al Gobierno de Zapatero abrir un diálogo con la banda, las caídas de comandos y de las distintas cúpulas de los terroristas fueron constantes. Las disensiones entre ETA y Batasuna crecieron y se trasladaron al ámbito de la política penitenciaria, a partir del momento en el que el Estado decidió abrir la denominada vía Nanclares, para facilitar, cumpliendo escrupulosamente con las leyes vigentes, la reinserción de los presos arrepentidos de la banda.

Y así llegó el final. ETA, en las últimas, renunció definitivamente a la violencia. Y Batasuna se apresuró a intentar capitalizar esa renuncia. Pero la realidad es la que es: ambas, ETA y Batasuna, se vieron obligadas a hacer lo que hicieron. Batasuna a abandonar a ETA, y ETA a abandonar la violencia. Fue el mejor final. Ganó la democracia, y quienes durante décadas intentaron chantajearla sembrando la muerte y el sufrimiento no consiguieron ni uno solo de sus objetivos políticos. Por respeto a la verdad y, sobre todo, a las víctimas, conviene no olvidarlo nunca.

Alfredo Pérez Rubalcaba fue ministro del Interior entre 2006 y 2011