La oposición quiere proteger a los denunciantes de corrupción

Ana María Garrido, denunciante del caso Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid), perdió su trabajo en el Ayuntamiento y sufrió acoso laboral tras testificar en 2010 contra cargos del PP en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El teniente Luis Gonzalo Segura fue expulsado del Ejército y pasó 139 días en una prisión militar por las manifestaciones que hizo en la presentación de Un paso al frente, una novela en la que bajo la capa de ficción denunciaba un sombrío panorama de corrupción en las Fuerzas Armadas.

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Su decisión de revelar prácticas irregulares les ha costado la salud y la hacienda. Garrido, aquejada de depresión, se dedica ahora a vender pulseras. Segura, sin trabajo, malvive de las ventas de su libro, y según su testimonio, ha llegado a dormir en un coche y a tener que administrar “una barra de pan para tres días”.

Ambos se han unido en la llamada Plataforma por la Honestidad. Esta agrupación, presidida por el activista asturiano Pedro Arancón, se ha fijado como principal meta sacar adelante una ley que proteja a los empleados públicos que deciden destapar los vicios de la Administración. La plataforma, apoyada por la asociación Jueces para la Democracia, arrancó este martes a todos los grupos de la oposición en el Congreso el compromiso de promover esta ley en cuanto la Legislatura eche a andar de forma efectiva. Es decir, después de que se produzca la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Medidas de apoyo

Diputados de todos los partidos con representación en la Cámara baja, excepto el PP, Coalición Canaria y EH Bildu, se mostraron de acuerdo con las principales medidas de protección reclamadas por la plataforma. Entre ellas figuran la colocación del funcionario o empleado público denunciante en un puesto alternativo de la Administración con el mismo salario y condiciones laborales; la asistencia jurídica al confidente; la atención médica y psicológica o la adopción de medidas para proteger su identidad y la confidencialidad de sus datos personales.

Estas medidas se basan en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, ratificada en 2003 por España, y que recomienda a los Estados firmantes desarrollar una norma nacional de protección de testigos.

La plataforma pretende que los partidos de la oposición se pongan de acuerdo para presentar una iniciativa legislativa conjunta que facilite su admisión a trámite y su aprobación. La propuesta de la Plataforma por la Honestidad plantea, entre otras iniciativas, la creación de un Observartorio de la Corrupción, elegido por sorteo entre funcionarios, que se reúna semanalmente y evalúe las denuncias que presenten los empleados públicos, que deberían quedar protegidos en cuanto formulen la primera denuncia.

Sin embargo, dentro de la propia plataforma hay enfoques diversos. El teniente Segura considera que “debe ser el juez el que atribuya y retire la condición de persona protegida” y no un observatorio que pueda tener dependencia del poder ejecutivo o el legislativo.

Pedro Arancón, presidente de la plataforma y que se define como “activista apartidista”, reclama también que personas como Garrido o el teniente Segura, cuyas denuncias “han ahorrado miles de millones de euros a la Administración”, puedan acogerse también a los beneficios de la norma con carácter retroactivo.

En las próximas semanas, en todo caso después de la investidura, la plataforma tratará de reunirse con los grupos parlamentarios, y con los asesores jurídicos de estos, para perfilar con buena técnica legislativa el anteproyecto de ley. “Es una cuestión urgente y de derechos humanos”, asegura Arancón.

"Más que buenas palabras"

Ana Garrido, denunciante del caso Gürtel, agradeció la buena voluntad de los grupos hacia la ley de protección al denunciante. Sin embargo, tras el carrusel de apoyo de los diputados, aseguró que la Plataforma por la Honestidad van a vigilar por que la norma se lleve a efecto.“Detecto determinadas incongruencias de partidos que en privado te dicen una cosa y luego sus hechos se traducen en otras”, afirmó Garrido.

“El 16 de noviembre voy al Parlamento Europeo a contar las medidas de protección al denunciante que se hacen en España. Espero que entonces pueda contar mucho más que buenas palabras”, les advirtió.