El Constitucional anula otro crédito a Defensa para comprar armas
El alto tribunal acepta que no se devuelvan los 856,4 millones cobrados por las empresas en 2015
El Tribunal Constitucional ha anulado el crédito extraordinario por valor de 856,4 millones de euros aprobado por el Gobierno en 2015 para pagar los Programas Especiales de Armamento (PEAS), como el caza Eurofighter, el avión de transporte A400M, el carro de combate Leopardo o la fragata F-100. El alto tribunal estima el recurso presentado por 50 diputados socialistas y considera que "el uso sistemático del decreto-ley como forma jurídica de vehicular créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento" no está justificado por razones de "extraordinaria y urgente necesidad" y, por tanto, "no se ajusta a las previsiones constitucionales".
Sin embargo, la sentencia no obliga a las empresas de armamento a devolver el dinero cobrado a través de este sistema irregular, ya que "la protección de los terceros de buena fe que mantienen relaciones económicas con la Administración se vería gravemente comprometida si desapareciese la autorización del crédito extraordinario". En consecuencia, "tras ponderar el principio de seguridad jurídica", declara "no suceptibles de ser revisados como consecuencia de [la] nulidad" del decreto-ley los pagos realizados por Defensa.
Esta sentencia es prácticamente idéntica a otra que el alto tribunal aprobó en julio pasado, por la que anulaba el decreto ley de 2014, que destinó 883,6 millones de euros a los PEAS, dando la razón al recurso presentado por el PSOE y otros grupos de la oposición (Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA, Izquierda Plural y UPyD). Desde 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy ha desembolsado 4.390 millones de euros para el pago de estos programas, que se iniciaron en la etapa de Aznar y cuya factura total ronda los 30.000 millones, a pesar de las repetidas advertencias de los expertos sobre la inconstitucionalidad del recurso al decreto-ley.
La consecuencia práctica de estas dos sentencias es que el Gobierno no podrá volver a emplear este procedimiento y tendrá que incluir el pago de los PEAS en los presupuestos ordinarios o en una ley paralela. Se trata de una decisión controvertida, ya que ello supondría incrementar los presupuestos de Defensa en torno al 15%, en un momento en que está pendiente un drástico ajuste de gastos y no existe una mayoría clara en el Congreso para sacar adelante las cuentas públicas.
Defensa preveía aprobar este verano un nuevo crédito extraordinario de 1.000 millones para atender la nulidad de la factura de los PEAS, pero no ha podido hacerlo al encontrarse el Gobierno en funciones y recibir en julio el primer varapalo del Constitucional.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
