Sobre qué se vota

Más información

Javier Fernández: “El PSOE podrá consentir la investidura, pero no va a proporcionar estabilidad”

El presidente de la gestora del PSOE: “Una abstención no es lo mismo que un apoyo”

Nada más conocerse los resultados de las elecciones autonómicas de 2009, Antonio Basagoiti, líder del PP vasco, le dijo a Patxi López, candidato a lehendakari del PSE: “Mi voto [para la investidura] ya lo tienes, sin condiciones; pero creo que sería mejor reforzar el compromiso con un acuerdo sobre unas cuantas prioridades políticas del Gobierno que se forme”. Eso hicieron.

Salvando las distancias, viene a ser lo que se ha planteado ahora entre Mariano Rajoy y el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández. Dirigentes del PP habían deslizado que no bastaba una abstención técnica; que el PSOE debía garantizar la estabilidad política. Fernández respondió que la posible abstención era solo para la investidura, y que otros eventuales acuerdos se los tendría que ganar el PP gobernando. Con lo que Rajoy dijo estar de acuerdo.

Ambos hicieron y dijeron lo que la situación exigía. Cabría, sin embargo, añadir que rechazar la pretensión de que la oposición garantice la estabilidad del Gobierno no significa que tenga que desestabilizarlo. Más bien sería deseable que los dos partidos aprovechen para explorar posibles acuerdos sobre problemas que están sobre la mesa. Ante todo, el de Cataluña; intentar que de ahí salga una propuesta conjunta de PP y PSOE.

¿Es posible algo así a la vista de las posiciones de ambos? El reproche que merece Rajoy no es que ponga por delante la exigencia de respeto a la ley, algo obligado, sino que no plantee a la vez una alternativa política dentro de la legalidad. La salida planteada por los socialistas arranca de una reforma de la Constitución, impensable sin la implicación del PP. Esa reforma, que sería sometida a ratificación del pueblo español, sería el marco para una reforma del Estatut que sería a su vez refrendada por el electorado catalán.

Mediante esa doble consulta se salvaría la objeción de que algo que afecta profundamente al conjunto de los españoles sea decidido por una parte. Primero se delimita y legitima mediante referéndum el marco constitucional reformado y luego se negocia la incorporación al Estatut de las modificaciones posibles en ese marco. La cuestión que plantea el referéndum catalán no es cuándo votar sino sobre qué hacerlo: no sobre sí o no a la independencia, que no recoge las opciones realmente existentes en la Cataluña actual, sino sobre un texto articulado que ofrezca respuestas a las demandas de autogobierno compartidas por una mayoría.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha planteado ahora la celebración de un referéndum pactado entre las instituciones españolas y las catalanas. Si es pactado no podrá ser sobre la independencia. Pero también ha sugerido la posibilidad de una moratoria de la consulta si el Estado acepta negociar. Como expresó en su momento José María Ruiz Soroa a propósito de la vía canadiense, “no existe un derecho de secesión pero sí un derecho a negociar sobre ella, sin que el resultado esté prejuzgado”. Es decir, retirando de la mesa la amenaza de ruptura. No es imposible que un diálogo de ese tipo pueda abrir paso a un acuerdo intermedio que concite más adhesión que la independencia.