Formación policial y Estado de derecho

¿Cuál es el perfil idóneo para formar a los policías en un Estado constitucional? Hasta ahora se consideraba que sus docentes debían ser expertos en temas de seguridad, identificados con los valores de los derechos humanos, conocedores de las líneas de investigación más avanzadas en cuestiones técnicas (informática, estadística). También psicólogos especializados en criminología, por supuesto, preparados para despejar prejuicios discriminatorios de todo tipo.

Muy difícil sería aceptar que profesores de centros privados o empresarios particulares se ocuparan de dar clase a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Menos aún, que alguien sin experiencia alguna asumiera la responsabilidad de transmitir convicciones sensibles en disciplinas tan relevantes como el Derecho Penal o el Procesal. ¿A quién se le ocurriría algo así? ¿Quién podría frivolizar con la preparación de quienes son garantes de las libertades?

El Ministerio del Interior ha adjudicado a una universidad privada de la Iglesia la formación de los futuros inspectores de policía. Casi tres décadas de trabajo conjunto de la Universidad de Salamanca con el Centro de Formación de la Policía Nacional se ponen en riesgo con esta decisión. Si hasta ahora sus profesoras y profesores eran funcionarios y contratados —doctores y doctoras—, este curso académico la dirección general ha decidido que sean los de una institución de base religiosa católica. A mi juicio, los principios del marco normativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España impiden la externalización y privatización de la enseñanza oficial de los funcionarios policiales. Por eso, seguramente, las condiciones técnicas de esta contratación excluyen a las universidades que no acrediten contar entre su plantilla a profesores de los cuerpos docentes regulados en la Ley Orgánica de Universidades. ¿Cómo puede cumplir este requisito una privada?

De no haber documentado su solvencia, debería haber sido excluida del proceso de selección. Si no aportara evidencias suficientes sobre la capacidad profesional acreditada de miembros de su plantilla, ni siquiera podría haber sido admitida su oferta. Es muy difícil de concebir un resultado positivo cuando no se dan los elementos imprescindibles de la suma. ¿Cómo aceptar la privatización de una actividad que requiere necesariamente funcionarios?

Más allá de la verosímil discusión sobre la ilegalidad de la adjudicación, el punto de fondo es trascendente: ¿Qué mensajes formativos queremos que reciban los policías de la escala ejecutiva, es decir, quienes van a llegar a ser al avanzar en su carrera nada menos que comisarios? Hasta ahora —Salmantica docet— se les insistía en la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas, desde la más transparente de las neutralidades partidistas y el respeto al interés general.

¿Les importa a ustedes? A mí mucho y no solo como profesor con docencia allí desde el año 1993, como catedrático de Derecho Administrativo preocupado por la falta de cumplimiento de la legalidad, como decano de una facultad destacada en la investigación criminalística. Soy un ciudadano que quiere vivir en una democracia y un Estado de derecho de calidad, así que considero fundamental la formación de nuestra excelente policía.

Ricardo Rivero Ortegaes decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.