Un jurado popular declara a María Antonia Munar culpable de soborno
Los miembros no aprecian ninguna circunstancia atenuante en la exíder de Unió Mallorquina
Un jurado popular, compuesto por seis mujeres y cinco hombres, ha declarado por unanimidad culpable de un delito de cohecho a la expresidenta del Parlamento balear María Antonia Munar. Los miembros del jurado consideran probado que la exlíder de Unió Mallorquina exigió y cobró parte de un soborno de cuatro millones de euros por la adjudicación de un solar en Palma y argumentan que no puede beneficiarse de ninguna aminoración de la pena. Tras la lectura del veredicto, que Munar ha recibido con la cabeza gacha, el fiscal ha solicitado una condena de cuatro años de cárcel y una multa de siete millones de euros.
Junto a Munar han sido declarados culpables este jueves otros dos ex altos cargos de Unió Mallorquina, un empresario y un jubilado que participó como intermediario en el soborno. El representante del ministerio público ha precisado ante la presidenta del tribunal, Rocío Martín, que si no ha solicitado una pena mayor es porque la expolítica cumple ya sentencias que suman más de 11 años de cárcel, dejando claro que "los hechos y las circunstancias manifestadas denotan tal gravedad que tendrían incluso que incrementarse".
El veredicto del jurado ha avalado íntegramente la tesis de los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Ana Lamas. En el fallo se considera que no puede aplicarse al caso de Munar ninguna circunstancia atenuante. Los jurados argumentan que la expresidenta del Consell de Mallorca se ha declarado culpable, se ha negado a contestar a la mayoría de las preguntas y no ha aportado ningún "dato esclarecedor" de los hechos juzgados.
Tampoco creen que pueda ver reducida su condena tras haber consignado 150.000 euros en la Audiencia Provincial como muestra de buena voluntad porque se trata de un montante que "no es relevante en comparación con la cantidad recibida". Como el fiscal, aprecian "razonable" el plazo de tres años y medio de instrucción del asunto debido a la duración de la investigación y los trámites judiciales posteriores, negando así la posibilidad de aplicar a la exlíder regionalista una atenuante por dilaciones indebidas.
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