El PP se alinea con Bárcenas y reclama la nulidad de todo el ‘caso Gürtel’
La formación pretende ser apartada del banquillo como partícipe a título lucrativo
El Partido Popular se alineó este miércoles con algunos de los acusados más relevantes del juicio del caso Gürtel, como su extesorero Luis Bárcenas o el número dos de la trama, Pablo Crespo, y reclamó la anulación radical de la investigación judicial que más profundamente le ha afectado en su historia. La formación, personada en la causa como partícipe lucrativo, se escudó en sus grupos municipales de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid).
La segunda sesión del juicio de la rama central del caso Gürtel, dedicada a la exposición de cuestiones previas, transcurría en tono bajo en el búnker de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), cuando, sobre las 17.50, llegó el turno del abogado del PP, Jesús Santos.
El letrado representa desde hace años al Partido Popular, que en esta causa está considerado partícipe a título lucrativo, figura que describe a la persona —física o jurídica— que se beneficia del fruto de un delito sin tener conciencia de su origen ilícito. Según la Fiscalía Anticorrupción, las comisiones ilegales que la trama dirigida por el empresario Francisco Correa entregó entre 2002 y 2003 a los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, sirvieron para sufragar gastos de campaña del PP en las elecciones municipales de 2003.
El responsable es el grupo municipal, no el partido
El letrado Jesús Santos, además de pedir la anulación de todo el caso Gürtel, sostuvo este miércoles en el juicio que al PP se le ha aplicado de forma “inadecuada y equívoca” la figura de partícipe a título lucrativo. “No debería ser el PP el que ocupara esta posición sino los grupos municipales de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón los que en todo caso deberían ocuparla”, afirmó.
Santos denunció también que el PP desconoce con precisión y concreción qué hechos llevan a la fiscalía a considerarle beneficiario de delitos. “Seguimos sin conocer qué hechos concretos generan ese concreto beneficio en los Ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo. No sabemos ni el qué, ni el cuándo, ni el cómo ni el dónde”, se quejó.
El abogado Santos, antiguo fiscal de la Audiencia Nacional tomó la palabra después de la letrada de la ausente exministra de Sanidad Ana Mato, también considerada partícipe lucrativo. Y lo hizo para lanzar un alegato que entra dentro de la lógica jurídica y el derecho de defensa, pero cuyas implicaciones políticas son innegables.
El representante legal anunció la “adhesión” del PP a las cuestiones previas planteadas por el resto de abogados defensores, y que consisten, en esencia, en solicitar la nulidad radical de la causa por “conculcación de derechos fundamentales”. Santos denunció la “plena indefensión” que, según él, ha padecido el Partido Popular, y que “da cabida a todo el artículo 24 de la Constitución”, sobre el derecho a la tutela judicial.
Según el letrado, la causa de Gürtel vulneró el principio del juez predeterminado por la Ley, el derecho a un juicio con todas las garantías, y el derecho a ser informado de la acusación. Esta vía de defensa fue abierta el martes en la primera jornada del juicio por el abogado del número dos de la trama, Pablo Crespo, y en ella profundizaron las defensas de otros acusados relevantes como el extesorero popular Luis Bárcenas. Otros acusados, en especial el supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, renunciaron el martes a plantear cuestiones previas, lo que anticipa una posible confesión de los delitos.
El abogado Santos basó en dos momentos clave del proceso su petición de que la mayor causa de corrupción de la historia reciente de España sea anulada —como ya lo fue en junio de 1990 el caso Naseiro, sobre la financiación ilegal del PP—. El primero son las grabaciones realizadas por el concejal de Majadahonda José Luis Peñas. Según Santos, este “acto iniciado” está viciado de “ilegalidad e ilicitud”.
El segundo momento que citó Santos fue la grabación de las conversaciones en prisión entre los principales imputados y sus abogados. Estas escuchas “ilegales y delictivas” le costaron al primer juez instructor de la causa, Baltasar Garzón, una condena a 11 años de inhabilitación por prevaricación. El abogado del PP recordó que el Tribunal Supremo dijo en su sentencia que Garzón cometio “uno de los más graves atentados al derecho defensa, que recuerda a estados totalitarios”.
Ya desestimadas
Solicitudes parecidas de nulidad ya fueron desestimadas por la Audiencia durante la fase de instrucción. En febrero de 2014, la Sección Cuarta de lo Penal rechazó la idea de que las grabaciones ilegales ordenadas por el juez Garzón contaminen al resto de la causa. Y en junio de 2013, el mismo tribunal ya validó las grabaciones subrepticias del edil Peñas a Correa. El segundo juez instructor, Pablo Ruz, había señalado que, en sentido estricto, las grabaciones de Peñas no son el origen del caso Gürtel. La génesis de la causa reside, afirmaba el magistrado, en las “manifestaciones en modo de denuncia” que realizó Peñas junto a su abogado, Ángel Galindo, ante la policía, la fiscalía y el juzgado.
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