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Declara como investigado el presidente del Colegio de Procuradores de España

Un juzgado indaga si Estévez manipuló los estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid

El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez.
El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez.

El presidente del Consejo General de Procuradores de España declarará este jueves por los presuntos delitos de falsificación de documentos públicos y prevaricación continuada. El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha citado en calidad de investigados al presidente y al secretario de este organismo, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa y José Manuel Villasante García, respectivamente. También declarará el presidente del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel de Diego Quevedo.

El juez indaga si Estévez, Villasante, De Diego y otros 14 procuradores manipularon desde 2003 un total de 52 de los 129 artículos de los estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid (ICIPM). Estévez era entonces presidente y decano de este último organismo. El documento de la discordia fue publicado en 2007 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

El presunto delito habría tenido por objeto crear nuevos órganos en el ICIPM para nombrar a sus miembros “sin conocimiento de la Junta General”, según los querellantes, la Asociación Nacional para la Defensa del Procurador (ADP). “Mediante la presunta falsificación del texto estatutario no solo se creó un órgano, sino que se reservó la potestad de nombrar a sus miembros, establecer el número de integrantes y su mandato”, sostienen.

Los artículos de los estatutos supuestamente alterados —según ADP— permitieron a la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid conceder premios a políticos “en su mayoría afines al PP” y proponerse a sí mismos para la Orden de San Raimundo de Peñafort, uno de los galardones jurídicos más prestigiosos

El Colegio de Procuradores de Madrid indica que la modificación de los estatutos bajo investigación judicial respondió a los “controles de legalidad que debían realizar el Consejo General de Procuradores de España y la Comunidad de Madrid según la Ley de Colegios Profesionales”.

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