Los críticos de la Comisión de Ética del PSOE exigen que se convoque el órgano
Tres vocales anuncian un dictamen si en 24 horas no se acepta su petición
Los tres vocales que pertenecen a la Comisión Federal de Ética y Garantías y son críticos con Pedro Sánchez han presentado este jueves un escrito en Ferraz en el que solicitan, antes de 24 horas, la convocatoria del órgano, cuyo cometido es resolver los recursos establecidos reglamentariamente. Su petición coincide con la de la presidenta de la Mesa del Comité Federal, Verónica Pérez, de la confianza de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Los vocales anuncian un dictamen si no se acepta su petición en el plazo que han fijado.
La potestad para convocar la Comisión de Ética y Garantías, formada por cinco miembros, corresponde a su presidenta, Isabel Celaá, próxima a Patxi López y, por tanto, a Pedro Sánchez. María Jesús Montero, consejera de Hacienda de Andalucía; Inés Alaya, eurodiputada aragonesa y en sintonía con el presidente de su comunidad autónoma, Javier Lambán; y Wilfredo Jurado, íntimo de Tomás Gómez —fue concejal de urbanismo de Parla cuando este era alcalde y posteriormente ha llevado los asuntos jurídicos de la federación madrileña cuando Gómez era su secretario general— solicitan a Celaá que convoque el órgano.
En caso de que la presidenta de la Comisión Federal de Ética y Garantías no la convoque "en el plazo expresado y en el ejercicio de las obligaciones ineludibles" presentes en los estatutos, los tres vocales "procederán a la emisión de opinión fundada en Derecho acerca de las cuestiones planteadas por la presidenta de [la Mesa] del Comité Federal sin perjuicio de la ratificación en su caso de la Comisión Federal de Ética y Garantías cuando esta sea formalmente convocada".
La comisión garantiza "los derechos reconocidos en los estatutos a militantes individuales y colectivos mediante la resolución de los recursos establecidos reglamentariamente", "con libertad, autoridad e independencia". Sus decisiones "no admitirán recurso alguno". Los partidarios de Sánchez sostienen frente a sus detractores que la dimisión de 17 miembros de la dirección no conlleva la disolución de la ejecutiva.
Los firmantes del escrito sostienen que se ven "impedidos" como miembros de la Comisión Federal de Ética y Garantías "para ejercitar" sus "obligaciones expresamente previstas" en los estatutos del PSOE.
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