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“No podemos obligar ni multar, y ese es un defecto tremendo de la ley”

Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de la Transparencia, asegura que a los políticos les falta compromiso

Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno.
Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno.

Esther Arizmendi preside el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, el órgano que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Lo hace con una exigua plantilla de 19 personas, una oficina cuyo alquiler se come buena parte de su presupuesto y la dificultad de controlar a un Gobierno que, a juzgar por sus respuestas durante la entrevista, no apoya la ley que garantiza el derecho a saber en España desde hace algo más de año y medio. "Nos hemos sentido solos en la lucha por la transparencia", asegura en una oficina decorada con muebles sobrantes de ministerios y cuadros sacados del depósito de Muface.

Pregunta: Apenas 5.800 peticiones de información en año y medio. ¿Por qué no ha calado la ley entre los españoles?

Respuesta: Por varias razones. La primera, porque no se ha hecho suficiente publicidad. Si sales a la calle y preguntas a alguien si sabe que hay una ley que te permite saber por qué no se ha acabado el polideportivo de tu barrio o cuánto se han gastado en un tramo de carretera, te dirán que qué has desayunado, que eso no pasa, que la Administración no cuenta estas cosas. Poco después de la entrada en vigor de la ley se hicieron tres días de publicidad. Es muy insuficiente y no se ha reiterado, así que no ha llegado.

P. El Defensor del Pueblo tildó de "disuasorio" el sistema de acceso.

R. Es el segundo motivo, la dificultad del acceso. Piden tu DNI, correo electrónico y además tu cuenta bancaria en una plataforma de la Agencia Tributaria. Eso es terrorífico para cualquier persona. Qué tiene que ver una cosa con otra. Pues no. Desisto. Eso echa mucho para atrás. En los países donde funciona bien se contesta simplemente con un correo electrónico. Lo importante no es quién pregunta sino si lo que se pregunta es público. Si lo es, tienes que darlo. A quien sea. Sucede así en Reino Unido, Chile, México, Estados Unidos… Eso hay que arreglarlo.

P. ¿Tiene que ver también con eso tan español de quejarnos mucho pero luego no actuar? 

R. Mucho. Primero, a los que somos un poco mayores nos educaron para creer que preguntar es de mala educación. Durante muchos años la Administración abrazaba los datos como suyos y cuando le preguntaban contestaba, o no, según le pareciera. No estaba sometida a reglas. Lo que nos encanta a los españoles es quejarnos en los bares e irnos a casa, pero las cosas se arreglan con responsabilidad. Esta ley atribuye al ciudadano una gran responsabilidad, porque si no la usa, la ley muere. El número de informaciones que se ponen en publicidad activa está relacionado con las preguntas que se hacen, y pasan de oficio a estar en el listado de cosas que se publican. Si no preguntas, si no usas tu derecho, eso se muere.

P. ¿Por qué todavía no tiene reglamento la ley? Evitaría la disparidad a la hora de interpretar.

R. Nosotros estamos definiendo los criterios, qué es información auxiliar y de apoyo y qué no, qué es reelaborar, estamos diciendo que una causa de inadmisión tiene que ser motivada y ajustada al caso concreto. Vamos ajustando hasta que haya reglamento. Se hizo un borrador, lo informamos y pusimos bastantes pegas. No ha salido y a mí si sale como estaba, no me gusta. El reglamento que había preparado no acaba con los problemas gordos de la ley.

P. ¿Por qué está parado? ¿Al Gobierno no le interesa a ley?

R. No sé lo que es, pero la transparencia entre los políticos es una palabra y una bandera en la que se envuelven mucho, pero a la hora de apostar por ella, dar ejemplo, hacerla algo vivo, no veo mucha iniciativa.

P. ¿Se la toman más en serio algunos gobiernos autonómicos?

R. Nos relacionamos mucho con las comunidades autónomas y hay quien tiene leyes mucho más modernas y más avanzadas que la del estado, como Cataluña, Aragón o Canarias. La de Estado es una ley de mínimos. La aplicación es desigual. Cuando se trae un hijo al mundo hay que apostar por él. Esto no se acaba con la aprobación de la ley; empieza con la aprobación de la ley y el consejo. 

P. ¿Cree que el Gobierno impulsó la ley solo porque España era el último país europeo sin norma de acceso a la información? Porque después no se ha hecho nada más, y el Consejo trabaja con 19 personas y sin apenas presupuesto para publicidad.

R. Tenemos un presupuesto de tres millones de euros, y el 80% se va en pagar sueldos y alquiler. Hemos pedido un edificio afectado para no tener que pagar. Nos quedan 400.000 euros para hacerlo todo: formación, actividad y seguimiento, reuniones con comunidades autónomas. A veces nos hemos sentido un poco solos en esta lucha, sí, es así.

P. ¿Hay poco compromiso político en general?

R. Todos hablan de transparencia, todos los partidos. Y ellos saben muy bien que siguen sin cumplir la ley. Ellos que tienen que dar ejemplo siguen sin aclarar bien sus procesos de democracia interna, sin explicarlos a la ciudadanía; sus fundaciones están todavía en un terreno poco claro… Esto de la transparencia parece ser un poco molesto en ocasiones. Es una bonita bandera, una bonita palabra, un bonito discurso, pero falta el compromiso. En todos los programas viene la transparencia nombrada un mínimo de 20 veces, pero el ejemplo se da en uno mismo. Tienes que cumplirla y demostrarla. No se lo aplican.

Los políticos hablan de transparencia pero  no están comprometidos con la transparencia

P. En países con tradición de rendición de cuentas suelen decir que sus dirigentes son igual de corruptos, pero que la transparencia la previene, porque todo se ve y se sabe. Si hubiéramos tenido ley hace años, ¿habríamos evitado casos de corrupción?

R. Se hubieran podido prevenir. Es posible que sean igual de corruptos y que la corrupción sea una condición humana difícil de exterminar. Lo verdaderamente importante es qué haces con la corrupción. La vicepresidenta sueca dimitió en 1992 porque se supo que había comprado dos tabletas de Toblerone, 15 euros, con una tarjeta del ministerio. Vale que puedes ser igual de corrupto, pero las consecuencias no son las mismas. Hay dimisiones por multas de tráfico, por perder un referéndum, en Islandia por los papeles de Panamá. En 2005 hizo caer a Gordon Brown. Cuando The Guardian preguntó en qué gastaban el dinero los miembros del Gobierno se descubrió que pagaban la caseta del perro, la moqueta de su casa... Cayeron varios.

P. Tendemos a pensar que todo lo que se hace con dinero público debe ser público. ¿Es así?

R. Vale como regla general, con una matización. Es público siempre y cuando no esté afectado por algún límite. Es público salvo cuando se hace lo que se llama "test del daño" y resulta que hace más daño al interés general darlo a conocer que no darlo a conocer.

P. Póngame algún ejemplo.

R. Un ciudadano preguntó cuántas veces se había violado el espacio aéreo español en los últimos años. Eso preguntar las debilidades de un Estado en caso de ataque. Nombres y apellidos de las personas que han asistido a una inauguración de la asociación de ciegos españoles. Se puede dar el cargo, pero si son personas que asisten a título particular, no puedes revelar una condición de salud. Pedir una relación de puestos de trabajo de la Administración sin purgar. Hay que purgarla porque hay destinos atribuidos por sentencias de violencia de género. O temas que afectan a la seguridad del Estado: dónde están colocados radares de detección de misiles en territorio español. No puede ser. Pero la negativa siempre debe estar motivada y justificada para que se pueda entender.

P. El problema es cuando el Gobierno abusa y llama reelaboración a pegar unos datos en un Excel, ¿no?

R. Hemos hecho un criterio que dice que la mera agregación de datos, la suma de tablas diversas, no puede considerarse reelaboración. Si solo tienes que juntarlo y agregarlo no lo es. Reelaborar es otra cosa; es hacer algo nuevo.

P. ¿Por qué no podemos saber cuánto cobran los empleados públicos?

R. Ya se puede saber.

P. No en el caso de los asesores eventuales a dedo. El Gobierno se niega a contestar.

R. Debe hacerlo, siempre y cuando estén entren el criterio firmado con la Agencia de Protección de Datos, y que depende de cómo de cerca del poder estén. Cuanto más cerca estás de la toma de decisiones, de la necesaria rendición de cuentas, si manejas dinero público, menos privacidad se te va a aplicar. Desde luego no es lo mismo un eventual en el gabinete del ministro que un mozo.

P. De acuerdo. El criterio existe, pero el Gobierno sigue negándose.

R. Eso es causa de un recurso contencioso administrativo, que el Consejo llevaría de la mano con la persona que ha hecho la petición. Tenemos 22, de los cuales en 13 acompañamos a ciudadanos, y en 10 litigamos contra la Administración. Si el Consejo dice que no se cumple, vamos a ir a por ello.

P. ¿Cómo se controla el cumplimiento de las resoluciones del Consejo?

R. Llevamos presentadas 1.082 reclamaciones hasta agosto. Han subido. Una resolución que acuerda estimar la petición, insta al organismo a entregar la información en el plazo determinado y también que se mande copia al Consejo. Si pasan ese tiempo y no llega, entendemos que tampoco al interesado. Tenemos una unidad de seguimiento y control que manda requerimientos. Es un defecto tremendo de la ley de transparencia: el Consejo no tiene poder coercitivo ni puede multar ni puede obligar. Solo puede instar. Pero tenemos una cosa que funciona: la publicidad. Los incumplidores salen a la plaza publica. Se hace una nota y aparecen en la web para conocimiento general. A algunos hay que requerirles, pero cumplen. Y si no quieren cumplir, tienen la vía del contencioso.

P. ¿Por qué RTVE se niega a cumplir las resoluciones del Consejo? Es el ejemplo más flagrante de incumplimiento.

R. Cree que como compite con las televisiones privadas es un ente sometido a derecho privado. Sin embargo, se olvida muy bien de que en su creación es un organismo de servicio público y de que juega con dinero publico del presupuesto del estado, y en algunas ocasiones no tiene concurrencia. Por ejemplo, el festival de Eurovisión solo se puede contratar con la televisión oficial. Insiste en que dar cualquier información le perjudicaría en audiencia y concurrencia con canales privados. Pero ya tenemos una sentencia que dice que es pública y que tiene obligación de informar.

P. ¿Deberíamos conocer la lista de la amnistía fiscal?

R. Tenemos un contencioso abierto. Decidirán los tribunales. La Agencia Tributaria aplica el artículo 95 de la Ley general tributaria y considera que todo está sometido a confidencialidad. Con eso excluye todo un ámbito y nosotros decimos: vale, algo sí, los datos con los límites naturales, los de carácter personal, los protegidos. No sé si está sometido a secreto cuando la propia Administración publica trimestralmente la lista de morosos con nombres, apellidos y hasta el NIF... El criterio es distinto. ¿La información es pública o no lo es? Si lo es, ¿lo es para todos? Habría que ponderar con la Agencia de Protección de Datos y fijar un criterio sobre qué debe publicarse. Pero como nos niegan la mayor...

P. ¿Deberíamos saber quién usa y cuándo los coches oficiales?

R. Totalmente. Debería bastar con preguntar. El parque móvil centraliza toda la información. Debería ser facilísimo.

P. ¿Deberíamos conocer el contenido de las negociaciones del TTIP?

R. Ahí habría que hacer la ponderación porque que se conozcan determinadas posiciones en un debate puede afectar al avance negociación. Eso no quiere decir que una vez que se acabe la negociación no haya que levantar esos límites. Debe tener un marco temporal. Pero la ley no lo permite. Los límites son aplicables a un tiempo determinado, luego habría que revisar si ya se puede dar. Lo que es perjudicial en un momento, pasado un tiempo es inocuo.

P. ¿Incluiría ahí la desclasificación de documentos? Por ejemplo, lo que sucedió en el 23-F.

R. Totalmente. En EEUU hay una comisión que revisa cada cierto tiempo los secretos oficiales, los libera y los va abriendo. Es natural. La ley española no dice nada sobre el tema.

P. Usted ha dicho que llegaremos a saber con quién habla por teléfono el presidente del Gobierno. El paso previo sería conocer las agendas de ministros y altos cargos, y no estamos ahí todavía.

R. Pero vamos a estar. Hay 40 peticiones. Hemos dicho que las agendas hay que darlas. Si es importante el dinero público, el tiempo público también. Lo que ha sucedido es que cuando hemos fallado en favor de quien pedía, en la Administración han ido a buscar agendas y como no estaba legislado, no existían. El ministro anterior no dejó ninguna agenda, etc. Así que decidimos hacer las cosas bien. Hemos elaborado un criterio, llamado agenda para la transparencia, que fije cuánto tiempo tienen que ser públicas las agendas, cuánto tienen que estar en archivo. Lo queremos acabar antes de finales de año.

P. ¿No se puede saber con quién se reúne un ministro consultado los registros de entrada?

R. El registro se constituye a efectos de seguridad y control, y está legislado en una disposición del Ministerio del Interior. No es información pública y además pasado un tiempo la destruyen.

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