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Los escándalos que afectan al PP

El PP recusa a la juez que investiga la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

El partido dice que Rosa Freire no es imparcial por su supuesta cercanía al PSOE

El Partido Popular ha recusado a la juez de Madrid Rosa Freire, que instruye la causa por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, en la que la formación conservadora se encuentra imputada como persona jurídica. El PP, en un escrito registrado hoy ante la Audiencia Provincial de Madrid, pide que se aparte a la magistrada Freire del caso por falta de “apariencia de imparcialidad”, que basa en una supuesta “evidente cercanía” de la juez al PSOE.

El extesorero del PP Luis Bárcenas junto a los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el pasado mes de mayo.
El extesorero del PP Luis Bárcenas junto a los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el pasado mes de mayo.

La recusación de la juez Freire llega un día después de que el extesorero Bárcenas ordenara a su abogado desistir de la acción penal contra su antiguo partido por la destrucción de los dispositivos informáticos, que provocaron la desaparición de datos relevantes para la investigación del caso de los papeles de Bárcenas, en la Audiencia Nacional.

El abogado del PP, Alberto Durán, imputado a su vez en la causa de la destrucción de los discos duros, fundamenta su recusación en la supuesta amistad entre Rosa Freire y Álvaro Cuesta, exdiputado socialista y vocal del Consejo General del Poder Judicial. El escrito del PP sostiene que Freire fue propuesta por Cuesta para ocupar el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional para sustituir a Javier Gómez Bermúdez, actual magistrado de enlace de España en París. Freire finalmente no consiguió la plaza, que fue para la magistrada Carmen Lamela.

El escrito de recusación se hace eco de diversas informaciones de diarios digitales y tertulias de televisión en las que la supuesta imparcialidad de la juez Freire “ha sido debatida”. El PP cita también que Álvaro Cuesta y Rosa Freire coincidieron como ponentes u organizadores en diversas jornadas judiciales.

Finalmente, el PP recuerda que, en mayo de 2015, la magistrada que por primera vez ha imputado a un partido político intervino en la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la que se debatía sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En aquella ocasión, recuerda el PP, Freire intervino a propuesta del PSOE para criticar “con toda virulencia” la reforma de la ley procesal.

El letrado del PP, Alberto Durán, sostiene que la recusación no supone “un reproche de ninguna clase a la competencia y la profesionalidad” de la juez Freire, ni a su “orientación política”. Sin embargo, afirma que la “evidente cercanía” de la magistrada al PSOE “priva a la instructora de la apariencia de imparcialidad que debe proyectar un juez respecto del objeto de procedimiento”.

El PP establece un paralelismo entre el caso de Freire y las recusaciones, que prosperaron, contra los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel, que fueron apartados del caso Gürtel por su supuesta cercanía al PP. El abogado Durán afirma que los vínculos de estos magistrados con este partido consistían “fundamentalmente” en haber sido propuestos por el PP para el cargo de vocales del Consejo General del Poder Judicial. El escrito de Durán no menciona que López fue magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP y que participó en más de medio centenar de ponencias de la fundación FAES, órgano ideológico del PP.

Sin embargo, el letrado popular menciona dos diferencias del caso de los discos duros con Gürtel que, según él, hacen aconsejable el apartamiento de la juez Freire. En el caso Gürtel, el PP es partícipe a título lucrativo, mientras que en el de los ordenadores su participación es de imputado, “lo cual exige un reforzamiento de los cánones de imparcialidad”. Y en el caso Gürtel, los magistrados López y Espejel se situaban en una aparente “parcialidad favorable” al PP, mientras que Freire está en una posición de “aparente parcialidad en contra”. Las garantías constitucionales en favor del reo, afirma Durán, “exigen un rigor extremo a la hora de valorar la imparcialidad de instructores y enjuiciadores”.

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