Jueces y fiscales piden más concreción al pacto de PP y Ciudadanos
Las asociaciones creen que el cese del fiscal general por el Congreso puede encajar en la Constitución
La posibilidad, contemplada en el acuerdo de investidura firmado el domingo entre el PP y Ciudadanos, de que el Congreso de los Diputados pueda reprobar y, en su caso, cesar al fiscal general del Estado ha sido acogida con tibieza en el ministerio público. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de signo conservador, considera que la medida puede suponer una mayor desconexión entre el fiscal general y el Gobierno que lo nombra, lo que en principio contemplan como algo positivo. La Unión Progresista de Fiscales, por su parte, entiende que la propuesta pactada por ambos partidos, es de una "indefinición absoluta y desconcertante".
El punto 143 de los 150 que componen el acuerdo entre PP y Ciudadanos se refiere a la hipotética reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "para fortalecer su autonomía y eficacia". Los partidos firmantes del pacto pretenden aumentar de 15 a 20 años el tiempo de ejercicio profesional del jurista de reconocido prestigio nombrado por el Ejecutivo para dirigir la Fiscalía y regular un "mecanismo de reprobación y posterior cese" del fiscal general por la Cámara baja. Este punto, muy genérico, no detalla ni las mayorías parlamentarias requeridas ni los motivos para la revocación del jefe de los fiscales.
El actual Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que regula la estructura y el funcionamiento del ministerio público, contempla que el Consejo de Ministros pueda revocar el mandato del fiscal general por "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones". Álvaro García, portavoz de la asociación progresista, afirma que el texto pactado por PP y Ciudadanos "es tan absolutamente genérico que no se sabe a qué se refiere". Según él, habría que ver qué desarrollo legislativo tiene la medida. "Si la razón del cese es una mera pérdida de confianza del parlamento, sería atacar la independencia de la Fiscalía", afirma.
Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales, insiste en que su prioridad es "potenciar las funciones del Consejo Fiscal para controlar las decisiones jurídicas del fiscal general", aunque considera que el control parlamentario puede suponer "desconectar al fiscal general del Ejecutivo", lo que consideran un avance para la independencia del Ministerio Público. Frías reclama también “separar el mandato temporal del fiscal general del mandato del Gobierno” que lo nombra.
El paso de la “derogación” al “seguimiento”
El pacto de investidura que firmaron el pasado febrero el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, contemplaba la “derogación” inmediata de la limitación a seis meses del plazo para la investigación de causas penales que el PP incluyó en su última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en diciembre de 2015.
En su nuevo pacto con el PP, Ciudadanos omite la derogación de ese artículo —el 324— y acuerda “realizar un seguimiento” de los efectos de la norma que recorta el plazo de instrucción judicial con carácter general a medio año. Este seguimiento de la criticada “ley de punto final”, que obligaba a revisar casi 540.000 causas penales antes del 6 de junio, servirá, según el nuevo pacto para “tener una visión objetiva de la eficacia de la norma” antes de “cualquier decisión sobre su modificación”.
En el acuerdo con el PP, Ciudadanos tampoco plantea, como sí hizo con el PSOE en febrero, la derogación de la prisión permanente revisable.
Ninguna de las asociaciones ve inconveniente constitucional en el cese parlamentario del fiscal general. La Constitución únicamente prevé que este sea nombrado por el Gobierno, pero no impide que pueda ser separado del cargo por el Congreso.
Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, también de carácter progresista, no ve en principio una mala idea la posibilidad de que el Congreso pueda revocar al fiscal general, aunque opina que la propuesta de PP y Ciudadanos no es más que una generalidad y habría que especificar las causas de reprobación y las mayorías necesarias para el cese.
González Vega se ha referido a la posibilidad, también pactada entre ambos partidos, de que 12 de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los propios jueces. El representante de JpD ha abogado por un pacto de Estado entre las principales fuerzas parlamentarias para lograr un sistema que “integre a las diferentes sensibilidades de la carrera judicial” y en el que las minorías se vean representadas.
La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, en declaraciones a Europa Press, reclama también que se especifique en qué casos y con qué mayorías se podría reprobar al fiscal general. Este grupo, mayoritario en la judicatura, ha aplaudido la elección directa de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y lo consideran la vuelta al sistema "más acorde" con el espíritu de la Constitución.
El portavos del Foro Judicial Independiente Alejandro Vega afirmó que el pacto es “un buen punto de partida” pero que “hace falta mayor consenso y que se incorporen otras fuerzas y en especial el PSOE”. Esta asociación reclamó también que las promesas de mejoras materiales y tecnológicas en la Justicia vayan acompañadas de “apoyo presupuestario”.
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