Las amargas vacaciones de la profesora Elena Scherbakova
El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial piden informes sobre el caso de una ciudadana rusa detenida en Grecia que acabó en una cárcel de Barcelona por un grave error policial y judicial
La abogada Mari Carmen Pino aún recuerda el rostro de Elena Scherbakova la mañana de aquel 21 de agosto de 2014 cuando tuvo que asistirla ante el juzgado de Instrucción 26 de Barcelona. Iba esposada y demacrada. Dos guardias civiles la habían escoltado la víspera en coche desde Madrid, recién aterrizada de un vuelo que la había traído desde Atenas (Grecia) custodiada por dos policías españoles. Nacida en 1960 en Rusia, Elena Scherbakova tenía aquel día “la mirada perdida", rememora Mari Carmen. "No hablaba nada: me llamó la atención la profunda tristeza que noté en su rostro”. Le acusaban de un terrible asesinato. A Mari Carmen le tocaba guardia en el turno de oficio. Hoy Mari Carmen sigue convencida de que en el drama de Elena Scherbakova confluyeron “casualidades jurídicas” adversas "y mala suerte".
En 2010, un hombre halló en un monte del término de Igualada (Barcelona) un cadáver semienterrado y envuelto en bolsas. El cuerpo estaba molido a palos, según acreditó la autopsia. Un juez de Igualada abrió diligencias por asesinato y más tarde las remitió a los juzgados de Barcelona. Los Mossos d’Esquadra lograron identificar el cadáver. Era un ciudadano ruso afincado en la ciudad condal. Y marido de Elena Scherbakova, quien, junto a su hijastra y el novio de esta, coincidiendo con la fecha del crimen, había tomado un avión en el aeropuerto de El Prat con destino a Moscú (Rusia).
Los Mossos localizaron el domicilio del cadáver y lo registraron. En la casa seguía viviendo una hija de Elena Scherbakova, también hija biológica del muerto. Y también vieron una de las habitaciones a medio pintar. Los agentes descubrieron pronto que la finalidad de la pintura era ocultar manchas de sangre en la pared. Luego se comprobó pertenecía al hombre asesinado. El juzgado de Barcelona ordenó el ingreso de la joven en un centro de menores, entonces tenía 17 años.
En 2010, un hombre halló en un monte de Igualada (Barcelona) un cadáver semienterrado y envuelto en bolsas
¿Por qué no se fue usted a Moscú con su madre y su hermanastra”, le preguntaron en el juzgado. “Me gusta Barcelona”, respondió la menor. Al año siguiente, al cumplir los 18 años, quedó libre. Y nada más ha sabido el juzgado de ella.
Las pesquisas judiciales se centraron en los prófugos, y sobre todo, en la esposa, Elena Scherbakova. En Barcelona se hizo cargo del crimen el Juzgado 26, que dirige Roser Aixandri.
Tras la autopsia y el hallazgo de la sangre en la casa de alquiler que compartían en Barcelona Elena Scherbakova y el fallecido, la juez Aixandri emitió una orden internacional de búsqueda y captura contra la presunta asesina y los otros fugados. Pasó el tiempo y ningún éxito.
Cuatro años después, el 14 de julio de 2014, a 3.081 kilómetros de Barcelona, la policía griega informó a España de que acaba de detener a Elena Scherbakova. Estaba de vacaciones. Era estío y su ruta de asueto incluía un recorrido por varias islas. Las autoridades griegas la encarcelaron en Atenas a la espera de noticias de España, que al instante anunció una petición de extradición por el crimen de Igualada.
Elena Scherbakova huyó en avión a Rusia junto a su hijastra y el novio de esta, coincidiendo con la fecha del crimen
La policía griega ofreció a Elena Scherbakova dos opciones, una rápida y otra más lenta: viajar voluntariamente a España y aclarar cuanto antes los graves cargos que pesaban sobre ella o personarse en un proceso de extradición que podía demorarse meses (y con visos de prosperar). Eligió la vía rápida. No podía creer lo que le estaba pasando. En Grecia, de vacaciones y con los grilletes. Y es que, cuando mostró su pasaporte ruso para franquear la aduana del aeropuerto, sonó una alerta roja en los terminales de Interpol Europa. Los agentes disponían de una ficha policial en la que figuraba el nombre, fecha y lugar de nacimiento de la persona buscada en Barcelona. Y unas huellas dactilares tomadas en fotocopia por los Mossos y extraídas del documento de identidad que Elena Scherbakova había aportado en el contrato de alquiler del piso.
Tras más de un mes encarcelada en Grecia, dos agentes el Cuerpo Nacional de Policía españoles viajaron a Atenas a por ella el 20 de agosto de 2014. Cuando llegó a Barcelona al día siguiente, la juez Aixandri estaba de vacaciones. La sustituía una colega. El juzgado avisó a una abogada de oficio para que la representara. Mari Carmen la vio ese día por primera y única vez. “Le noté un rostro muy triste. No hablaba castellano y la acompañaba un intérprete de ruso”.
“Cuéntame todo para que pueda defenderte” - le pidió Mari Carmen estando ellas frente a frente, en privado.
“Me miró y solo me dijo: ‘yo no he sido, yo no he sido’… Y agachó la cabeza y se calló. Tampoco declaró ante la juez. Se acogió a su derecho a no declarar”, evoca Mari Carmen. El juzgado 26 de Barcelona decretó su ingreso en prisión sin fianza en una cárcel de mujeres. Eso sí, se acordó practicar un análisis de las huellas dactilares, señala la letrada.
18 días estuvo recluida en Barcelona hasta que se descubrió el monumental error. Es decir, que la Elena Scherbakova detenida en Grecia durante sus vacaciones y recluida en Barcelona no era la Elena Scherbakova buscada por el asesinato a palos de su esposo. A nadie, ni en Grecia ni luego en Barcelona, se le ocurrió hacer un cotejo fiable de las huellas dactilares. En ambas Elenas coincidía casi todo: año y lugar (Rusia) de nacimiento y nombre y apellidos. Pero tampoco nadie, ni en Grecia ni luego en España, creyó sus palabras de inocencia. La mujer injustamente recluida era una ingeniera y profesora de universidad, tenía hijos y estaba viuda, pero la muerte de su marido había sido natural.
La juez Aixandri emitió una orden internacional de búsqueda y captura contra la presunta asesina y los otros fugados.
La juez Roser Aixandri entiende, y así lo ha comunicado al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial, que le pidieron un informe sobre este asunto, que se trató de “un error policial” por no cotejar correctamente las huellas. Recuerda que, cuando se incorporó tras las vacaciones al juzgado y preguntó por lo ocurrido, le dijeron que las huellas de la ficha policial apenas tenían calidad.
-¿Y la chica no se puso a gritar, o lo que fuera, cuando llegó desde Grecia proclamando su inocencia y viendo que la volvían a meter en la cárcel por algo que no había hecho?
-Pregunté y me dijeron que no dijo nada, que no declaró - señala la magistrada a EL PAÍS.
-¿Y no pudo ser que, al ser rusa, no la entendieran bien?
-¿Y la chica no se puso a gritar, o lo que fuera, cuando llegó desde Grecia proclamando su inocencia?
-No, no; declaró con intérprete. Su abogada me comentó posteriormente que en Rusia muchas personas prefieren callar por miedo a que les ocurra algo peor… Es verdad”, agrega la juez, “que muchos detenidos niegan lo que se les imputa; pero, vamos, si la chica, por ejemplo, hubiese dicho: yo jamás he pisado Barcelona, soy viuda, vivo en tal sitio… se notaría que algo no encaja… pero no dijo nada.
“Luego creo que se hizo cargo de ella un abogado del Consulado de Rusia”, comenta Aixandri, que nada más ver el informe sobre las huellas ordenó su inmediata libertad. El responsable del consulado declinó hablar sobre este asunto.
El Poder Judicial, en un informe del pasado dos de febrero, culpa de este grave error, aunque no llega a calificarlo así porque señala que carece de facultad para enjuiciar decisiones judiciales, “no solo a la autoridad extranjera [Grecia, donde no se cotejaron las huellas], sino también a las nacionales [las españolas]”. Y tampoco exime al juzgado 26, puesto que “a disposición” suya quedó al ser trasladada a Barcelona. Y también es el que ratificó su ingreso en la cárcel de mujeres, “privándola indebidamente de su libertad”, señala el órgano de gobierno de los jueces en un informe. Estuvo presa en Barcelona hasta el 10 de septiembre de 2014. “Es un error de carácter material que se incardina entre los supuestos de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia” y que, por tanto, debe ser reparado económicamente. Quien decide finalmente si se indemniza es el Ministerio de Justicia.
18 días estuvo recluida en Barcelona hasta que se descubrió el monumental error
Elena Scherbakova, la profesora universitaria, volvió inmediatamente a Rusia. La juez Aixandri ordenó retirar su nombre de las alertas de Interpol Europa ante el temor de que, tanto a su vuelta a Rusia como en lo sucesivo, pudiera sufrir otro percance similar en cualquier aduana.
Quien sigue huida es la otra Elena Scherbakova, la presunta asesina. Quizás se esconda en Rusia, país al que huyó hace seis años y no se ha vuelto a saber de ella. Aixandri reactivó recientemente la orden internacional de búsqueda y captura. Pero, son tantas las coincidencias de filiación entre ambas Elenas, que la magistrada confiesa que no se atreve a descartar la repetición de lo sucedido en cualquier paso fronterizo. Y eso que “la secretaria del juzgado y yo”, indica la juez, “estuvimos mirando un día las fotos de ambas y, si bien tienen una edad similar, físicamente no se parecen”.
Por fin libre en Rusia, la profesora ha demandado al Estado español por daños y perjuicios. Tuvo serios problemas con su trabajo universitario: cuando regresó de su pesadilla, el curso académico llevaba tiempo empezado. Sin contar el daño psicológico que sufrió al verse esposada y encarcelada en dos países y en la cárcel de una ciudad, Barcelona, que jamás antes había pisado. En su demanda reclama “una indemnización de 5.900 euros, a razón de 100 euros por cada día que estuvo privada de libertad”. Un total de 59.
investigacion@elpais.es
Enterrado en una fosa común sin cotejar sus huellas dactilares
La familia de Enrique Suárez ha demandado al Estado por un grave error en la identificación de su cadáver. Enrique desapareció el 4 de febrero de 1991 y, tras el paso de los años, le dieron por fallecido. A raíz de la muerte del patriarca de la familia, el 13 de marzo de 2013 (sin dejar testamento), dos hermanos del fallecido emprendieron los preceptivos trámites judiciales para recibir la herencia. E instaron una declaración de fallecimiento de Enrique ante el Juzgado número 2 de Ocaña (Toledo), mediante la correspondiente publicidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en sendos número del 13 y 28 de febrero de 2014.
La policía, su departamento de Desaparecidos, observó un anuncio y el 26 de marzo de 2014 se puso en contacto con uno de los hermanos para comunicarle que Enrique llevaba 23 años muerto. Y que su cadáver fue hallado el 4 de febrero de 1991; es decir, 20 días antes de que la familia denunciase su desaparición en la comisaría de Entrevías (Madrid).
El Juzgado de guardia de la plaza de Castilla levantó el cadáver y abrió diligencias el mismo día de la muerte de Enrique. Su cadáver estaba en la calle, envuelto en barro y sangre. La mezcla de barro y sangre impidió a los agentes extraer sus huellas dactilares e identificarle. Al no reclamarle (supuestamente) nadie, el juez ordenó enterrarles en una fosa común.
La familia exige al Estado una indemnización de 980.000 euros “por el daño moral causado”. Acusa al juzgado y a la policía de no haberles comunicado durante 23 años la muerte de Enrique.
El Poder Judicial entiende que no hay un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia en este asunto puesto que el juez ordenó enterrar el cadáver al no haberle podido identificar la policía debido a que entonces, 1991, no existían medios técnicos adecuados para extraer la huella dactilar debido al barro y sangre que tenía el cadáver en sus dedos y resto del cuerpo. Señala el Poder Judicial en un informe en el que analiza este caso, que años después del hallazgo del cadáver entró en funcionamiento “un nuevo sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID)” que sí permitió identificarle a partir de las muestras antiguas que conservaba del difunto. Y era Enrique. La policía comunicó al juzgado la identificación de Enrique el 17 de marzo de 2014. El juez, el de Instrucción 7 de Madrid, ordenó en ese momento que se facilitasen los datos de defunción al registro civil y se comunicase al cementerio sur, donde estaba enterrado en una fosa común, la filiación completa del hombre enterrado allí 23 años antes.
La familia discrepa totalmente del veredicto del Poder Judicial y asegura que en ningún momento ni la policía ni el juzgado “hicieron la menor averiguación” para comunicarles la muerte de su ser querido. Los familiares aportan una prueba irrefutable más allá de los avances técnicos. Tras recibir la llamada policial del Departamento de Desaparecidos indicándoles que había muerto hacia 23 años, Luis Ramón, uno de los hermanos de la familia, fue a la comisaría de Vallecas y un agente le facilitó “el DNI de Enrique y una fotocopia de su fotografía”. Es decir, el DNI del cadáver estaba en su bolsillo, en el que “consta el domicilio” de la madre de Enrique, que sigue siendo el mismo que tiene ahora. Bastaba con ir a la casa, señala la familia en su denuncia.
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