Reformistas contra provincianos

Ciudadanos se ha movido. Las seis condiciones al PP para negociar el sí a la investidura de Rajoy son un pequeño paso para regenerar las instituciones, pues son medidas superficiales. Pero son un gran paso para la democracia española, que ha sufrido demasiado tiempo el orgullo de unos partidos incapaces de bajar a la arena y ensuciarse las manos discutiendo políticas.

Las propuestas anticorrupción de Rivera son bien intencionadas. Y van en línea con medidas adoptadas en otros países. Aunque en algún caso, como limitar los mandatos presidenciales a dos legislaturas, algunos expertos propondrían lo contrario: los políticos son más responsables cuando tienen opciones de reelección. Si sabes que es tu última legislatura, cuidas menos tu reputación.

Más información

Rivera pone seis condiciones al PP para negociar el ‘sí’ a la investidura de Rajo

El PSOE y Podemos presionan a Pastor para que fije ya el debate de investidura

La principal virtud de las medidas de Ciudadanos es que ayudarán a reducir la distancia que la población percibe que existe entre una élite política que disfruta de privilegios exclusivos y el resto de los mortales.

La eliminación de los aforamientos y los indultos por corrupción política, así como el desbloqueo de investigaciones parlamentarias sobre la corrupción de algunos partidos (como el caso Bárcenas), ayudarán a mitigar la frustración popular con nuestros dirigentes. Tendrán efectos positivos sobre la percepción que los españoles tenemos de la democracia y de la lucha contra la corrupción. Y eso no es poco. Sabemos que las percepciones, al fin y al cabo, son las que mueven a las personas —o a los inversores extranjeros—. Con lo que, mejorar una percepción es siempre positivo.

Pero, para regenerar de verdad la democracia española, hacen falta pasos más grandes. Y es aquí donde puede surgir el conflicto de fondo entre un partido reformista como Ciudadanos y otro partido conservador como el PP. Por ejemplo, durante dos siglos la vida política española se ha estructurado en torno a las provincias. Votamos en provincias y el poder, y las subvenciones, se ha distribuido provincialmente.

El PP es deudor de esa tradición, encarnada por un Rajoy que lanzó su carrera política como presidente de una Diputación, la de Pontevedra. Y que la ha mantenido gracias a saber guardar los equilibrios entre notables provinciales. Pero algunas medidas que pueden regenerar las instituciones en España atacan esa base de poder en un doble frente, mediante el desmantelamiento (o el vaciado de poder discrecional) de las Diputaciones o mediante una reforma electoral que reequilibre territorialmente un poder político sesgado hacia las provincias rurales.