Más del 80% de los profesores rechaza las reválidas de la LOMCE

El Estudio de opinión sobre la LOMCE, Base de datos incluye 20 preguntas relacionadas con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que contestaron principalmente profesores y equipos directivos de centros públicos y, en menor medida, de concertados, en las etapas que van de educación infantil a Bachillerato. Además de considerar que no se ha contado con ellos, la mayoría (83,8%) cree que esta normativa no favorece su profesionalización como colectivo y casi nueve de cada 10 (89,6%), que no se ha implementado de la forma adecuada. Tampoco aprueban los cambios en los currículos (con 76,7% en contra) y alertan de que no mejora la inclusión educativa que permite que todos los alumnos accedan a una enseñanza de calidad.

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“En términos generales, tienen una opinión bastante desfavorable con respecto a esta ley. Ni siquiera consideraban que fuera necesaria, otros países de la UE no suelen cambiar las leyes con tanta frecuencia como España”, explica Héctor Monarca, profesor docente investigador de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM y autor de este informe junto con Noelia Fernández- González y César Piedrahita. “Queríamos saber qué opinan los profesores, que normalmente no son consultados”, añade.

Sin necesidad de cambios

El cuestionario fue enviado a los correos electrónicos oficiales de “todos los centros públicos” y a los mails institucionales “disponibles” de los centros concertados españoles, explica el investigador. Respondieron 6.054. En España hay 673.564 docentes de las etapas citadas, según datos oficiales del Ministerio de Educación. La recogida de datos se hizo entre diciembre de 2015 y abril de 2016.

El 79,6% considera que España no necesitaba un nuevo cambio normativo. Es la opinión mayoritaria sobre todo entre los profesores más jóvenes (de 20 a 30 años). La LOMCE es una de las tres grandes reformas educativas en democracia -tras la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica de Educación (LOE)- y la séptima aprobada. Salió adelante en 2013 solo con los votos favorables del PP. Con la legislatura ya terminada, el pasado abril, se aprobó en el Congreso la tramitación de una proposición impulsada por el PSOE para paralizar su aplicación, con el único vota en contra del PP, la abstención de Ciudadanos y el apoyo del resto de grupos.

Uno de sus aspectos más controvertidos son las evaluaciones externas. Las de primaria, ya en vigor, no hay que aprobarlas para seguir estudiando. En secundaria y bachillerato, sí. A partir de 2018 –el próximo curso solo se harán como prueba piloto- será necesario sacar al menos un 5 de nota para obtener un título y pasar de ciclo. También la mayoría de los partidos y hasta 13 comunidades autónomas –incluida Castilla y León, en la que gobierna el PP- han mostrado su desacuerdo con estas evaluaciones.

Contra los 'ránkings'

En el caso de los docentes, el rechazo es mayor en los centros públicos que en los concertados (81,8 frente a 73,9%) y más entre los docentes que entre los equipos directivos (con 82,2% frente al 76%). El resultado contrasta con un estudio anterior de Héctor Monarca y Soledad Rappoport, de 2015, Opinión del profesorado sobre evaluaciones externas. Base de datos en el que la mayoría de los docentes encuestados consideraban que las evaluaciones externas son necesarias y que suponen una herramienta para la mejora educativa. “La diferencia en este caso es por cómo se están gestionando”, añade el autor. Monarca explica que el rechazo proviene principalmente de que, en España, los alumnos tienen que aprobar estas pruebas para poder seguir estudiando y que existe el riesgo de que se publique la clasificación de los centros en función de sus resultados.

La LOMCE eliminó un apartado de la LOE que señalaba que “en ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones en los centros”. El exministro José Ignacio Wert, impulsor de la ley que ha acabado llevando su nombre, era favorable a estas clasificaciones. El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, se ha mostrado contrario e introdujo una modificación en la normativa de los territorios que gestiona directamente el Estado (Ceuta y Melilla) para evitarlos en primaria. Pero el último decreto sobre reválidas de secundaria y bachillerato no incluye ninguna salvedad al respecto “porque la competencia es de las comunidades autónomas”, señala un portavoz oficial. “El Ministerio ya lo hizo para su ámbito en la evaluación de Primaria. Y haremos lo propio en las Evaluaciones Finales de la ESO y Bachillerato”. Es decir, queda en manos de las comunidades autónomas hacer o no clasificaciones.

Para el debate

La postura de los profesores que recoge la encuesta de la UAM está en línea con la de distintas comunidades autónomas, partidos políticos y sindicatos docentes, contrarios en su mayoría a las reválidas. El PSOE registró este lunes una proposición no de ley para derogar el decreto que regula estas evaluaciones. “Es una apuesta clara por reducir el número de alumnos que van a la Universidad”, considera Paco García, responsable de enseñanza en CC OO.

Los autores de este último trabajo quieren que sirva para el debate: “Los políticos con responsabilidad de gestión deberían tener en cuenta el punto de vista de los docentes. En otras profesiones no pasa, pero los profesores funcionan en ocasiones como meros técnicos de lo que se le ocurre al político de turno. No se dan cuenta de que hay cuestiones de la ley que van a quedar bloqueadas si no cuentan con ellos”, concluye Monarca.