Interior instaura visados para limitar los medicamentos de los presos

La última instrucción dirigida a los médicos de las cárceles, que entró en vigor en junio, sustituye a una de 2011 que ha sido parcialmente anulada por el Tribunal Supremo. Aquel texto reguló un programa de equivalentes terapéuticos que permitía a los farmacéuticos de las prisiones cambiar los medicamentos prescritos por otros de “diferente composición” y “diferente estructura química original”, aunque de “similar mecanismo de acción”. “Ni la política de racionalización del gasto público ni la singularidad del contexto penitenciario son suficientes para que en este ámbito, y en virtud de una instrucción como la aquí controvertida, pueda permitirse la sustitución de los medicamentos prescritos por el médico por unos términos menos estrictos que los fijados en la ley”, advirtieron los jueces.

Para cumplir con la sentencia, Interior ha aprobado una nueva instrucción que revoca los artículos que regulaban el programa de intercambio de fármacos, pero introduce un sistema que, en la práctica, se basa de nuevo en cambiar unos medicamentos por otros para reducir costes. Instituciones Penitenciarias no ha respondido a la petición de este periódico para que valorara la nueva situación.

La instrucción, como ya hacía la anterior, insta a los médicos a recetar solo principios activos que estén recogidos en la Guía Farmacoterapéutica de Prisiones. Esta guía recoge muchos de los principios activos más usados para cada tipo de dolencia, pero no todos. Y, según médicos consultados, deja fuera decenas de fármacos empleados habitualmente en la sanidad pública y que quedan fuera del alcance de los presos. Así, se está dando el caso de reclusos que llegan con una medicina recetada por su médico pero en la cárcel no puede seguir el tratamiento porque ese fármaco no lo financia Prisiones.

Según el nuevo procedimiento instaurado por Interior, cuando un médico (del centro penitenciario o de fuera) receta a un recluso un medicamento no incluido en la guía, el farmacéutico de la cárcel tiene la obligación de recordarle al facultativo que debe atenerse al listado estándar. Si el médico insiste en que las medicinas de la guía no sirven para ese recluso, la primera opción que da Interior es pedir un visado a la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, que tarda entre 48 y 72 horas en contestar. Si el centro directivo no autoriza la dispensación, el médico podrá proponer una alternativa contemplada en la guía, el procedimiento que censuró el Supremo. “En cualquier caso (...) el paciente podrá adquirir por su cuenta el medicamento prescrito, que tendrá consideración de medicamento no financiable”, añade el escrito.

La instrucción sostiene que esta opción de compra por parte del enfermo es “acorde a lo que se lleva a cabo en el Sistema Nacional de Salud”. Sin embargo, la situación no es pareja porque la sanidad pública financia decenas de medicamentos que la guía de Prisiones ha dejado fuera.

El Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria ha presentado un recurso de alzada contra la circular de Interior. Los representantes de los médicos denuncian que el texto vulnera el artículo 208 del reglamento penitenciario, que establece que “a todos los internos, sin excepción, se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población”. “Tendrán igualmente derecho a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se deriven de esta atención”, añade la norma.

“A pesar de que se le prescribe un producto financiado por el sistema nacional de salud este le es denegado por la institución penitenciaria”, señala José Ángel Veiras, secretario general del sindicato. El consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que llevó a los tribunales la instrucción que anuló el Supremo, también consideró que la guía aprobada por Interior y la obligación que se imponía a los farmacéuticos de cambiar el medicamento recetado mermaban la libertad de prescripción del médico y la calidad de la asistencia al paciente preso.

Médicos consultados y el sindicato de sanidad penitenciaria advierten también que la nueva circular de Interior invade la competencia exclusiva que tiene el Ministerio de Sanidad para regular qué fármacos precisan visado. Prisiones los exige ahora para fármacos que Sanidad no somete a control.

El escrito enviado por Instituciones Penitenciarias a todas las cárceles justifica las restricciones a la dispensación de fármacos en una política “encaminada al uso racional de los medicamentos” que permita ahorrar costes “sin menoscabo de la atención debida a los pacientes”. Los datos revelan que la política de ahorro ha dado frutos: el recorte del gasto farmacéutico en las prisiones ha sido del 37,3% desde que entró en vigor la guía y el programa de equivalencias anulado por el Supremo. Frente a los 37,8 millones que se gastó Interior en la compra centralizada de medicinas en 2010, en 2014, último año del que hay datos, el gasto bajó a 23,7 millones.