La fecha de la investidura es competencia de Pastor

El PP arremetió en febrero contra López por no fijar el pleno inmediatamente

El rey Felipe VI recibe a la presidenta del Congreso este jueves en el  Palacio de la Zarzuela.
El rey Felipe VI recibe a la presidenta del Congreso este jueves en el Palacio de la Zarzuela.Ángel Díaz (EFE)

Fijar la fecha de la investidura del presidente del Gobierno es competencia exclusiva de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, según el reglamento de la Cámara. Siempre, la Presidencia de la Cámara contacta con el candidato propuesto por el Rey para conocer cuánto tiempo necesita. La media ha sido en democracia de 11 días, salvo en 1996, cuando José María Aznar le pidió tres semanas a Federico Trillo, entonces presidente del Congreso, para negociar con los nacionalistas. Y en febrero, Patxi López le dio a Pedro Sánchez un mes.

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En todo caso, la fecha de la investidura se anunció a la vez que la comunicación del encargo del Rey y la aceptación. El pasado mes de febrero, cuando López dio un mes a Sánchez, el PP se lanzó contra el entonces presidente de la Cámara para exigirle que acortara ese plazo, con el argumento de que el artículo 99 de la Constitución presupone inmediatez. Podemos apoyó en eso al PP. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por ejemplo, apoyó a sus dos representantes en la Mesa y explicó que debe haber “un tiempo prudencial” hasta la investidura, que puede ser de 15 o 20 días, pero que “no se alargue de manera indefinida por un puro interés partidista”. A su juicio, se trata de “puro sentido común”.

Ahora no hay ni fecha. El plazo de los dos meses para la repetición de elecciones empieza a correr desde el día de la primera votación fallida. Es decir, si fuera el 3 de agosto las terceras elecciones serían el 20 de noviembre. Si fuera el 10, serían el 27 de noviembre; si fuera el 17 de agosto, el 4 de diciembre y el 24 de agosto, el 11 de diciembre. Fuentes parlamentarias consideran imposible que sea el 3 o el 10; y solo el 17 y el 24 podrían cumplir su propósito de aprobar el techo de gasto y las gestiones previas de los Presupuestos antes de agosto. El plazo no correría si Rajoy finalmente no se sometiera a la investidura y esa situación podría prolongarse eternamente, sin que haya ningún mecanismo para disolver las Cortes.

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