El Gobierno llama a los partidos a la unidad ante la “contumacia” del desafío independentista

El Gobierno decidirá este próximo viernes en Consejo de Ministros presentar ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución para forzar su pronunciamiento contra la resolución del Parlamento de Cataluña que ha aprobado las conclusiones del denominado proceso constituyente y que abren una vía unilateral a la independencia. Ese ha sido el encargo a la Abogacía del Estado que ha estudiado y acordado este miércoles la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, dirigida por Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta en funciones justificó esta acción, que ya se ha tomado en otras ocasiones durante la deriva independentista, ante la "contumacia" en la actuación de los representantes del Parlamento catalán contra los intereses y derechos de todos los españoles.

La vicepresidenta ha comparecido este miércoles de urgencia en el Congreso de los Diputados para hacer una declaración institucional, para representar que el Gobierno está siguiendo el proceso separatista al minuto y para comunicar las actuaciones llevadas a cabo contra la resolución aprobada este miércoles por el Parlament, en la que se señala que el pueblo de Cataluña tiene legitimidad para comenzar un proceso constituyente.

Santamaría comunicó así que el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, se había puesto inmediatamente en contacto con los líderes de los grandes partidos constitucionalistas —Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos)— para informarles de sus actuaciones.

La número dos del Gobierno valoró la reacción de los interlocutores en la respuesta común a este "paso más, muy grave, contumaz y reiterado" del desafío rupturista, y ha abogado por responder con "tranquilidad", pero también con "unidad democrática, voluntad política y mecanismos judiciales suficientes". Santamaría ha afirmado que el Ejecutivo tiene la intención de "no pasar ni una" de estas acciones de los partidos separatistas porque suponen la "vulneración" del derecho de los españoles "a decidir cuál es su marco constitucional".

El Ejecutivo considera que esta resolución del Parlament catalán vulnera radicalmente la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2015, que anuló el llamado proceso de desconexión y también el auto del 19 de julio pasado en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa y la presidenta del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir sus mandatos.

La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en la pasada legislatura por el actual Gobierno prevé que se pongan en marcha este tipo de "incidentes de ejecución" que favorecen y hacen más rápidas medidas cautelares de tipo coercitivo, incluidas multas y suspensión de cargos públicos, y promueven la actuación penal por parte de la fiscalía, cuando el propio órgano judicial lo considere necesario para obligar al cumplimiento de las sentencias del alto tribunal. Esta vía permite actuar directamente contra los cargos que permitan esos comportamientos hasta con su inhabilitación.

Sánchez: "Tendrá el apoyo del PSOE"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha telefoneado este miércoles a Rajoy para trasladarle su "apoyo" en la exigencia del cumplimiento de la legalidad en Cataluña tras el "grave error" del Parlament. En una declaración desde Ferraz, el líder de los socialistas ha instado también a Rajoy a "tomar la iniciativa para impulsar una solución política" para Cataluña y España, en la que, ha dicho, también "tendrá el apoyo del PSOE".

Sánchez ha recalcado que la decisión del Parlamento catalán es "un grave error político" que "no va a ninguna parte, salvo a la quiebra de la convivencia y la división de la sociedad catalana", y ha subrayado que esto "perjudica" al conjunto de España, pero "en especial a Cataluña, a sus instituciones y a la ciudadanía catalana".