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España expulsó a 10.600 extranjeros en 2015

Apenas un 41% de los 'sin papeles' fueron expulsados tras su paso por los CIE

Un policía revisa las instalaciones, ya cerradas, del antiguo CIE de Málaga.
Un policía revisa las instalaciones, ya cerradas, del antiguo CIE de Málaga.

España expulsó a 10.594 extranjeros en 2015, según un informe que ha presentado este miércoles en el Congreso la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, sobre la prevención de la tortura. Del número total, 6.869 personas fueron expulsadas después de haber permanecido un tiempo en España, mientras que 3.725 fueron devueltas después de haber sido detenidas cuando trataban de entrar al país. El 41% de los extranjeros que fueron internados en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) fueron expulsados.

Según el informe, 6.930 personas ingresaron en un CIE en 2015, pero apenas el 41,43% fueron expulsados en España . La cifra es inferior al 47,45% de 2014. El último año se redujeron los internamientos, 6.930 casos, frente a los 7.340 del año 2014. El Defensor del Pueblo ha destacado que en estos centros sigue sin prestarse asistencia psicológica y psiquiátrica a los internos y ha apuntado que se ha observado deficiencias en las historias clínicas.

La institución ha insistido en que en muchos de los centros de privación de libertad de corta duración —por ejemplo, comisarías o calabozos— los sistemas de vigilancia no permiten la grabación de imágenes, lo que dificulta la investigación interna o judicial en el caso de que se produzca un incidente.

El Defensor del Pueblo ha reiterado la importancia de la videovigilancia en las zonas comunes y espacios "críticos", como las celdas de sujeciones mecánicas, en los centros penitenciarios. Además, algunas de estas dependencias tampoco contaban con asistencia sanitaria permanente y no se habían cubierto todos los puestos de trabajo por las "restricciones presupuestarias".

La institución ha subrayado que la mayoría de los internos en los centros para menores se siente bien y que recibe ayuda de los educadores. No obstante, ha recomendado mejorar la información que se facilita a los menores cuando ingresan al centro y ha señalado que los abogados de oficio no visitan a los internos. Un hecho "que debería subsanarse".

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