El duro horizonte penal de la legislatura

Medir el impacto real de los casos de corrupción en los resultados electorales tiene mucho de ejercicio de especulación, más allá de las encuestas que repetidamente subrayan la preocupación de los ciudadanos por la falta de ejemplaridad de los políticos. Sin embargo, la XII Legislatura, que comienza el próximo 19 de julio, va a estar influida desde el principio por la resaca de las investigaciones judiciales iniciadas en los años anteriores. Procesos tan relevantes como Gürtel, Púnica, los ERE de Andalucía, la familia Pujol, el caso Rato, o las tarjetas black de Caja Madrid, algunos de los cuales se inician este mismo otoño, van a marcar la agenda política y probablemente supondrán un obstáculo —el tiempo dirá hasta qué punto insalvable— para la formación y el mantenimiento de los pactos de Gobierno.

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El carrusel de juicios se pondrá en marcha con el final del verano. El 23 de septiembre se inicia en la Audiencia Nacional el juicio sobre las tarjetas opacas al fisco que los consejeros y directivos de Caja Madrid y su sucesora Bankia disfrutaron entre 1999 y 2012 y a las que supuestamente cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros. Los principales acusados en esta causa —los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato— están, sobre todo el segundo, vinculados al PP como el tuétano a los huesos. Para Blesa —hombre que gozó de la máxima confianza del expresidente del Gobierno José María Aznar— el fiscal pide seis años de prisión por apropiación indebida. Para Rato, su sucesor en la caja madrileña y antiguo vicepresidente económico del Gobierno, se reclaman cuatro años y medio.

Sin embargo, el juicio de las tarjetas black no solo es potencialmente corrosivo para los populares. Entre los 66 procesados que se sentarán en el banquillo hay antiguos consejeros a propuesta del PSOE, como el exministro Virgilio Zapatero o José Acosta, o de Izquierda Unida, como José Antonio Moral Santín. Además, figuran representantes de organizaciones sindicales, como Rodolfo Benito (CC OO) o José Ricardo Martínez (UGT), y de la patronal, como Gerardo Díaz Ferrán o Arturo Fernández.

Rodrigo Rato previsiblemente se enfrentará durante la próxima legislatura a otros dos juicios. La investigación sobre el fraude de la salida a bolsa de Bankia con las cuentas falseadas está muy próxima a su conclusión, también en la Audiencia Nacional, y el juicio no debería demorarse. Además, Rato está imputado por las supuestas irregularidades fiscales cometidas principalmente tras abandonar el cargo de director gerente del FMI. El expolítico percibió supuestamente 6,5 millones de euros de origen desconocido entre 2006 y 2014.

El juicio de las tarjetas black se solapará previsiblemente con el inicio de la vista oral de la llamada “primera época” del caso Gürtel. Será el primero de los grandes juicios sobre la trama corrupta liderada por Francisco Correa y que anidó en el PP durante la presidencia de José María Aznar. Este caso, con 43 procesados, se centra en las adjudicaciones irregulares concedidas a las empresas de Correa por municipios madrileños y por la propia Comunidad de Madrid. En la vista oral estará presente la exministra de Sanidad Ana Mato, a la que la fiscalía considera partícipe a título lucrativo de 28.467 euros procedentes de los supuestos delitos de su exesposo, el antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda.

El caso Bárcenas

También dentro de esta legislatura —si dura los cuatro años de un mandato normal— se celebrará el juicio del caso Bárcenas, sobre la caja b en la que el PP ingresó donativos ilegales por valor ocho millones de euros entre 1990 y 2008. Esta causa, que ha acompañado al partido del Gobierno desde enero de 2013, y el caso Gürtel, que estalló en 2009, se complementarán con el caso de la destrucción de los ordenadores del extesorero popular Luis Bárcenas y con el caso Taula de blanqueo de capitales en el PP valenciano. El partido se encuentra actualmente imputado como persona jurídica en ambas causas.

La investigación del caso Púnica, sobre corrupción en el PP madrileño, previsiblemente se irá cerrando, al menos parcialmente, durante el otoño. El ex secretario general del partido en la comunidad Francisco Granados es el único imputado que permanece en prisión provisional.

El PSOE también sufrirá en este mandato el impacto de la justicia. El pasado junio el juez instructor cerró la investigación de la rama política del caso de los ERE y procesó a los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a seis exconsejeros y a otros 18 ex altos cargos por prolongar la “ilicitud” del fondo de 855 millones de euros durante una década.