Las medidas de protección a los hijos de víctimas de violencia machista se multiplican con la nueva ley

La reforma legal, que modifica las medidas de protección sobre los menores que contemplaba la ley integral aprobada en 2004, obliga a los jueces a estudiar si conviene o no dictar medidas de protección sobre los niños, un aspecto que hasta ahora solo se contemplaba en casos excepcionales, lo que permitía a muchos padres agresores pasar los fines de semana y las vacaciones con los hijos. En los primeros 10 años de aplicación de la ley contra la violencia de género, 44 menores murieron a manos de los maltratadores. De ellos, 26 fueron asesinados por su padre durante el régimen de visitas.

El incremento de las medidas de protección sobre los menores es la principal novedad que deja la estadística sobre el primer trimestre de 2016 que este miércoles ha publicado el Consejo General del Poder Judicial. Además de multiplicarse las suspensiones de patria potestad, han aumentado también de forma considerable otras medidas dictadas por los jueces para poner a salvo a los niños: la suspensión de la guarda y custodia, que ha aumentado un 65% (de las 311 órdenes décadas entre enero y marzo de 2015 a 514 en el mismo periodo de este año); el régimen de visitas, con un 51% de incremento (de 160 a 241); o la permuta de vivienda, que ha subido un 125% (de ocho a 18).

Los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género muestran también un incremento de las denuncias: entre enero y marzo se han presentado 33.917 denuncias, un 12% más que el año pasado (30.293). En estas denuncias corresponden a 32.031 mujeres víctimas de violencia (algunas han denunciado más de una vez), un 9,9% más que el año pasado (29.153). De ellas, 22.720 víctimas eran españolas (un 71%) y 9.311, extranjeras (un 29%).

Más de un 70% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente o a través de los atestados policiales. Lo que supone un incremento de dos puntos con respecto al año anterior, que había sido de un 68%.

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 15,2% —dato similar al año anterior— constatándose una vez más las pocas denuncias presentadas por familiares, que apenas llegaron a un 1,4% del total. Cerca de un 10% por de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y casi un 3% a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.

En 4.150 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 12,96% de las víctimas, cifra ligeramente superior al año anterior, que fue de un 12,2%, La fiscalía y muchos expertos han pedido que se elimine esta dispensa ya que consideran que muchas mujeres se ven coaccionadas para no declarar contra su pareja, lo que dificulta seguir con la instrucción judicial del caso y obliga a menudo a archivarlo.

Durante el primer trimestre de 2016, los órganos judiciales dictaron un total de 11.621 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 63,96% (7.433) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de casi tres puntos respecto a las condenas dictadas en el mismo trimestre de 2015, que representaron algo más de un 61%.

El mayor porcentaje de condenas se produjo en las Audiencias Provinciales, con un 88,7%, seguido de los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 79,3%. Un 53,6% de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias.