Castilla y León deniega la autorización para celebrar el Toro de la Vega
El Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) anuncia que recurrirá la decisión
La Junta de Castilla y León ha denegado al Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) la autorización para celebrar, el próximo 13 de septiembre, el llamado "torneo" del Toro de la Vega por no ajustarse a la normativa vigente. El Gobierno autonómico ha instado al Consistorio, que recurrirá la decisión, a cumplir dicha normativa si quiere seguir adelante con el espectáculo.
La decisión fue firmada el pasado 24 de junio por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Pablo Trillo-Figueroa, y remitida el lunes al alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela (PSOE). El Consistorio tiene ahora dos opciones: rectificar por la vía administrativa o interponer un recurso de alzada.
La solicitud de autorización, que el Ayuntamiento registró el 20 de junio, no se ajusta al decreto ley que la Junta aprobó el 19 de mayo y que prohíbe la muerte en público de los astados protagonistas de festejos taurinos populares y tradicionales. Esta normativa se ha topado con el rechazo de los defensores del encierro medieval: miles de personas se manifestaron a mediados de junio contra la normativa aprobada por el Gobierno regional y los votos nulos se disparon en la localidad el pasado 26-J.
El decreto ley, refrendado por las Cortes regionales el 8 de junio, deroga la normativa anterior sobre la que el Ayuntamiento de Tordesillas ha basado la documentación que debe acompañar toda solicitud de autorización de un festejo taurino.
La petición del alcalde apelaba a las bases reguladoras del torneo aprobadas por este municipio en 1999, que después respaldó la administración autonómica con la aprobación del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León.
La resolución denegatoria no excluye la posibilidad de que el Ayuntamiento de Tordesillas presente una nueva solicitud siempre que las bases reguladoras del torneo se adapten a la normativa vigente, previa modificación aprobada en pleno y sometida a un periodo de información pública de quince días.
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