Tras los pasos de Alfon hasta prisión

En Estrasburgo reside su última oportunidad para salir de la cárcel. Agotadas todas las instancias judiciales españolas, después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia de cuatro años por tenencia de explosivos y después de que el Tribunal Constitucional desestimara la solicitud de amparo; Alfonso Fernández Ortega, alias Alfon, ha cumplido este viernes su primer año en prisión a la espera de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acepte el recurso que ha presentado su abogado. "Pero las esperanzas son limitadas. Es una jurisdicción complicada porque no todos los recursos que llegan se estudian", reconoce su letrado, Erlantz Ibarrondo.

Mientras tanto, Alfon intenta aprovechar el tiempo que pasa entre rejas. Ha retomado sus estudios de Bachillerato. "Y está aprobando las asignaturas con buena nota. Aunque pasa los días intentando asumir las consecuencias que han tenido para él un juicio injusto y centrándose en asumir que está en prisión por un hecho que no ha realizado", apostilla Ibarrondo sobre un joven de 24 años que se ha convertido en un símbolo para una parte de la izquierda. Han serigrafiado su rostro en camisetas. Su nombre se ha rotulado en pancartas, chapas y pegatinas. Y algunos, como IU, lo han calificado de "preso político". Pese a las investigaciones policiales y las sentencias judiciales. Y pese a sus antecedentes.

EL PAÍS recorre los lugares clave de una historia que arranca ante un bloque de pisos de seis alturas del modesto barrio de Vallecas y que acaba, casi cuatro años después, en la prisión madrileña de Navalcarnero.

La Avenida de Buenos Aires. Todo empieza aquí, donde una pintada en la pared recuerda el encarcelamiento de Fernández Ortega. "Alfon libertad. Diez meses sin Alfon", reza el grafiti, junto al callejón entre la avenida de Buenos Aires y la calle de Villalobos, donde tres agentes vieron por primera vez al joven el 14 de noviembre de 2012. Era jornada de huelga general. Y a ese momento recurren quienes creen en la inocencia de Alfon. Quienes confían en la palabra del condenado, rechazada por dos tribunales de Justicia; frente a la de la policía, ratificada por esos mismos jueces.

A primera hora de la mañana de aquel día, Alfon caminaba con una bolsa junto a su novia y otro hombre, según detalla la primera agente que se bajó del coche patrulla, que cuenta cómo el segundo varón huyó y cómo el acusado dejó la bolsa, con los explosivos, en el suelo. Un relato que coincide con el de los otros dos policías y que los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid y del Supremo consideraron creíble porque "no mostraron vacilación alguna"; porque sus testimonios "no ofrecen duda alguna"; y porque, pese a que sus declaraciones fueron "sometidas a contradicción por parte del letrado de la defensa, no arrojaron resquicio alguno sobre su credibilidad".

Una versión que niega Alfon. "Él no portaba el artefacto", insiste Ibarrondo. Según el procesado, los agentes sacaron la bolsa de unos matorrales y dijeron que la llevaba él. "Además, nunca se acreditó que se cumpliese con la cadena de custodia. Es decir, no se probó que el supuesto artefacto casero que se le incauta [compuesto por dos botellas con gasolina, botes con gas butano, metralla y fósforos] sea el mismo que se analizó", repite el letrado respecto al principal punto sobre el que versa el recurso enviado a Estrasburgo. Una tesis que ya rechazaron la Audiencia Provincial y el Supremo, que añadió en su sentencia cómo el dispositivo preparado "estaba destinado a causar graves lesiones e incluso la muerte de una o varias personas que se encontrasen cerca en el momento de la explosión".

Cárcel de Soto del Real. Tras su detención, Alfon permaneció 56 días en prisión provisional. Salió en enero de 2013. Y aseguró que, aparte de este arresto, solo había tenido antes un único encontronazo con la policía: un enfrentamiento con varios agentes que lo pararon cuando iba en coche con unos familiares —fue condenado en primera instancia por resistencia a la autoridad, pero finalmente absuelto en segunda—. "Y estos son los problemas que tengo con la justicia y no hay más, no hay nada más", repitió en una entrevista en Eldiario.es; donde obvió que, como recuerdan los propios magistrados de la Audiencia Provincial en su sentencia, sobre él ya pesaba una condena de 2011 de dos años de cárcel por un delito contra la salud pública cometido en 2010 por tenencia de estupefacientes.

"Cometió errores, como todos los chicos de barrio, pero no es un delincuente", le defendió posteriormente su madre. En esa entrevista, Alfon olvidó también mencionar que cuenta con otro antecedente delictivo: en 2009, cuando era menor, fue procesado por robo con violencia y agresión, según el auto del juez. Preguntado por ellos, Alfon aseguró que eran "inventos" de la "maquinaria propagandística de la derecha ultraconservadora". "Decir la verdad es siempre revolucionario", remachó en esa conversación con la periodista.

Congreso de los Diputados. El caso Alfon tiene también una vertiente política. A final de 2014, antes del juicio contra el joven en la Audiencia Provincial, varios partidos (IU, Amaiur, Geroa-Bai, ERC, Compromís y BNG) presentaron una Proposición no de Ley en el Congreso donde aseguraban que Fernández Ortega había sido "acusado falsamente" por la policía en un intento de "criminalizar la protesta social y restringir los derechos fundamentales y libertades públicas". Mantenían que el fiscal sustentaba su petición de pena en "una acusación absolutamente infundada y sin carga probatoria alguna que no sean las declaraciones de los policías". "Se trata de un juicio político", aseveraron.

Los defensores del veinteañero alegan que existe un montaje policial contra él. Pero los jueces también han rechazado esta teoría. "Respecto a la posible existencia de móviles espurios no se ha demostrado mínimamente. Ninguno de los testigos [los tres agentes] conocía al acusado y este se limitó a decir que le sonaba la cara de uno de los policías, pero que nunca le habían detenido con anterioridad", afirma la Audiencia Provincial.

Tras la condena, un sector de la izquierda ha mantenido su apoyo al joven. Después de que el Supremo ratificara la sentencia, Pablo Iglesias (Podemos) consideró una "injusticia" que Alfon fuese a prisión. Y, hace apenas dos meses, IU lo calificó como "preso político" en un mensaje lanzado en Twitter durante la emisión de la entrevista a Otegi en Salvados (La Sexta): "Buena noticia ver libre a Otegi. Ojalá veamos pronto fuera de la cárcel a más presos políticos, como Alfon o Bódalo", afirmó la coalición en un tuit, que borró a los pocos minutos.

Parroquia de San Carlos Borromeo. Pero todo esto no se explica sin entender que los defensores de Alfon consideran las acusaciones contra él como un "montaje policial" para criminalizar "la lucha obrera". De hecho, varios cientos de personas marcharon este viernes en Vallecas con motivo del primer aniversario de la entrada en prisión del joven. "Trabajadores y trabajadoras en contra de la represión", "Defender los derechos de la clase obrera no es un delito" y "Un año secuestrado por el Estado" son tres de los lemas que recorrieron las calles de este distrito, donde los movimientos antifascistas tienen una importante presencia.

La manifestación acabó en la Parroquia de San Carlos Borromeo del barrio de Entrevías (Vallecas), donde se atrincheró Fernández Ortega en junio de 2015 con el apoyo de más de 200 personas, después de que la Audiencia Provincial de Madrid dictase la orden de detención e ingreso en prisión de Alfon —tras la decisión del Supremo de ratificar su condena—. Aquí, precisamente, tras la concentración, se leyeron este viernes unas palabras transmitidas por Alfon a su círculo más próximo: "Mi deseo es que esta movilización sirva de inspiración para no ceder ante el miedo que el poder quiere infligir a los trabajadores y trabajadoras; y fortalezca la unidad y la lucha de los que hoy estáis aquí. Pero mañana tenéis que está en cualquier plaza o en cualquier calle. Como hace un año grité a la puerta del coche de la policía: ¡Vamos sin miedo!".

Prisión de Navalcarnero. Alfon pasa las noches, actualmente, a unos 35 kilómetros de su casa, en la cárcel de Navalcarnero. "Le han cambiado cada tres meses de módulo para desestabilizarle", cuenta la familia. Y su abogado se centra en estos momentos en "luchar" contra el régimen penitenciario que le han impuesto. "Le habían puesto en régimen FIES III (siglas de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), aplicado a los miembros pertenecientes a banda armada. Pero hemos conseguido que se lo retiraran", relata el letrado, que pelea ahora para que le retiren la intervención de las comunicaciones, tanto orales como escritas: "Porque no puede tener una conversación sin ser escuchada por los demás. No porque tenga que decir nada especial, sino porque le limita la intimidad".