El nuevo Gobierno deberá decidir si paga una factura de más 1.000 millones para armas

Ningún candidato habla de ello ni tampoco figura en ningún programa electoral, pero una de las primeras decisiones que deberá tomar el Gobierno salido de las urnas del 26-J es si aprueba un crédito extraordinario de más de 1.000 millones de euros para armamento. Desde 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado cuatro créditos extraordinarios, por un valor total de más de 4.300 millones, para hacer frente a una factura que ronda los 30.000 y que habrá que seguir pagando hasta 2030. Con ella se sufragan los grandes programas militares iniciados en los años noventa (el avión de combate Eurofighter, el carro de combate Leopardo o la fragata F-100, a los que se han ido sumando otros) financiados inicialmente con créditos de Industria.

Pese a las quejas de la oposición, el Gobierno se ha negado a incluir esta partida en el presupuesto inicial del ministerio, al igual que el coste de las misiones en el exterior, lo que ha provocado que el gasto real en Defensa el año pasado ascendiese 8.102 millones, un 40% más de lo presupuestado.

La fórmula elegida para hacer frente a la factura ha sido aprobar cada verano un crédito extraordinario, a través de un decreto ley posteriormente validado por el Congreso. El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ya anunció en agosto pasado, cuando presentó los presupuestos de 2016 en el Congreso, la intención de aprobar otro crédito por más de 1.000 millones este año. El problema es que el Ejecutivo en funciones no tiene entre sus competencias la de aprobar decretos leyes, por lo que habrá que esperar a que haya un nuevo Gobierno.

Las empresas de armamento contemplan con preocupación la posibilidad de que un Ejecutivo de diferente color político no atienda a este compromiso. A su favor juegan los problemas que podría causar el impago a empresas públicas como Navantia o el riesgo de exponerse a penalizaciones si se incumple lo firmado en programas internacionales (como el Eurofighter). En contra, la dificultad de justificar ante la opinión pública un desembolso en armamento mientras se discuten con Bruselas los ajustes necesarios para reducir el abultado déficit o la deuda pública.

El pago de los 1.000 millones no es la única decisión en materia de Defensa que deberá tomar el Gobierno antes del otoño. España debe decidir en las próximas semanas si atiende la petición de la coalición que lucha contra el Daesh (ISIS por sus siglas en inglés) para aumentar en un centenar los 300 instructores que ya tiene en Bagdad. Y el todavía entonces presidente en funciones, Mariano Rajoy, acudirá el 8 de julio a una cumbre de la OTAN en Varsovia (Polonia) donde se adoptarán importantes decisiones: el despliegue de cuatro batallones en las repúblicas bálticas y Polonia, la creación de una brigada multinacional en Rumania, el traslado a Irak de la misión de instrucción del Ejército iraquí que la Alianza desarrolla en Jordania o la transformación de la misión naval Active Endeavour para que colabore con la UE en la lucha contra el tráfico ilegal de inmigrantes en el Mediterráneo. España tendrá que decir en cuál está dispuesta a colaborar y en qué medida.