El Congreso acusa al Gobierno de buscar una “anomalía constitucional”

El Congreso acusa al Gobierno en funciones de provocar una "anomalía constitucional", de vulnerar hasta ocho artículos de la Constitución y de vulnerar la "idea de democracia". Todas esas expresiones están en el duro escrito elaborado por los letrados de la Cámara para el recurso ante el Tribunal Constitucional por la negativa del Ejecutivo a someterse al control parlamentario en los cuatro meses de legislatura frustrada.

“La verdadera anomalía constitucional se produciría si se aceptase en nuestro sistema la existencia de un Gobierno en funciones carente de responsabilidad política sin posibilidad por parte del órgano que representa la soberanía popular de comprobar tanto el hecho de que no excede sus funciones limitadas por la ley, como el hecho de que las cumple correctamente y no hace dejación de las mismas. Ello supondría admitir la existencia de espacios vacíos donde el Gobierno podría actual libremente sin control parlamentario, lo cual se sitúa en las antípodas de lo que representa y significa la forma democrática de nuestro Estado", asegura.

El recurso fue presentado la pasada semana, pero hasta este martes no ha sido trasladado a los grupos parlamentarios y a los miembros de la Mesa.

Los servicios jurídicos del Congreso aseguran que “si se menoscaban las funciones atribuidas a las Cortes Generales, resulta difícil entender lo que significa tal idea de democracia, se vulnera la Constitución desde su arranque mismo".

El recurso rebate la posición del Gobierno que afirmó que no hay precedentes de control parlamentario a un Gobierno en funciones. Se remite a 1982 cuando hubo un pleno con preguntas e interpelaciones estando el Gobierno en funciones.

"Las Cámaras están plenamente operativas por el hecho de su válida constitución tras las elecciones” y “cuando el Gobierno está en funciones es este quien tiene sus facultades limitadas, no las Cortes Generales”, añade.

Ahora el Constitucional deberá abrir un plazo de diez días para alegaciones del Gobierno y resolverá en dos meses. La sentencia tendrá carácter simbólico y servirá para situaciones futuras similares.