Los fiscales tramitan centenares de causas diarias en bloque para evitar su archivo

Los fiscales se han visto obligados a revisar en los últimos días centenares de causas penales diarias para poder cumplir el plazo que acaba el 6 de junio —en aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal— y evitar su archivo. Para hacerlo precipitadamente, se ha recurrido en muchos casos a la posibilidad de tramitarlas en masa, de forma sistemática, con formularios comunes y sin apreciar el contenido de los procedimientos. “Está siendo un caos, una locura y es imposible materialmente ver con detalle todas las causas y conseguir que ninguna se traspapele”, asegura un fiscal de una de las capitales con mayor carga de trabajo. Otra fiscal afirma que en un solo día de esta semana tramitó 180 causas.

La reforma legal limita a seis meses la instrucción penal, prorrogables a 18 meses para causas complejas, siempre a petición del fiscal. La ley entró en vigor el 6 de diciembre, por lo que el 6 de junio se cumplirán seis meses y las causas que no hayan sido consideradas complejas llegan a una especie de limbo legal. En estos meses se han revisado más de 400.000 causas, pero la Fiscalía ya advirtió de que era imposible cumplir ese plazo y revisar todas, por lo que se ha optado por este sistema insólito que consiste en pedir la ampliación del plazo de instrucción de forma sistemática para evitar su archivo.

Para cumplir con los plazos y dar cobertura a este trámite contrarreloj, el fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena Pastor, remitió este martes a todas las fiscalías un oficio en el que se les autoriza a "utilizar dictámenes uniformes para emitir el pertinente dictamen exclusivamente sobre ampliación de plazo". Esa orden supone no tratar cada causa de forma diferenciada, sino tramitarla sin examinarla y sin entrar en su contenido, con petición automática de ampliación de plazo solo para impedir su posible archivo. De hecho, se desnaturaliza el espíritu de la polémica reforma legal al dar cobertura a peticiones no razonadas ni individualizadas.

La Fiscalía General del Estado considera que tramitar en bloque las causas que están llegando en los últimos días desde los juzgados es la única manera de "evitar la impunidad" de cientos de delitos. Fuentes de la fiscalía admiten que, si hubiera habido más tiempo, se habría actuado de otra manera, pero sostienen que la presión de los plazos que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a tener revisadas hasta el 6 de junio todas las causas abiertas, ha obligado a buscar "fórmulas más creativas". "Lo fundamental es garantizar que no quedan causas impunes", señalan estas fuentes.

Esta opción, explica la fiscalía, está prevista en el apartado 4 del artículo 324 de la ley, el que fija los plazos de la instrucción. "Excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores o, en su caso, de la prórroga que hubiera sido acordada, si así lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las partes personadas, por concurrir razones que lo justifiquen, el instructor, previa audiencia de las demás partes, podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción", señala este apartado. Los fiscales consideran que hay razones para ampararse en esta previsión que establece la ley para casos "excepcionales".

Muchos fiscales ya habían acudido a esta vía durante los seis meses que llevan revisando causas cuando se encontraban con una que no era formalmente compleja, pero en la que iba a faltar tiempo para terminar la instrucción. La diferencia es que ahora se usa esta opción de forma generalizada y sin examinar a fondo el caso. "La ley lo permite y es una posibilidad que barajábamos muchos, pero que ahora se ha institucionalizado", señala Emilio Frías, portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera. Ahora serán los jueces instructores de cada sumario los que deberán decir si se prorroga o no el tiempo de investigación.

"La alternativa es peor"

Los fiscales progresistas son más críticos con la instrucción de la Fiscalía General, pero admiten que quizá era la única solución posible. "Jurídicamente es una muy mala solución. La ley no busca esto. Pero la alternativa de dejar pasar el plazo puede ser peor", advierte Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. "El oficio demuestra que la ley es un fracaso porque hay que buscar fórmulas para burlarla", señala.

El escrito remitido por el fiscal inspector alude a otra circunstancia que se está viviendo esta semana en los despachos de los fiscales: la llegada desde los juzgados de cientos de sumarios que hasta ahora no constaban en las fiscalías y que, por tanto, no se habían revisado. El control de las causas corresponde a los letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales), que, según se quejó la pasada semana la fiscal general, Consuelo Madrigal, tienen que remitirlas antes del 6 de junio a los fiscales y, en muchos casos, no lo han hecho. "Sospechamos que hay causas que no conocemos, pero no sabemos cuántas", dijo Madrigal, que se comprometió a que los fiscales iban a revisar a tiempo todos los sumarios que tuvieran sobre la mesa, pero no se responsabilizó de los que se hubieran quedado en los juzgados.

Los letrados de la administración de Justicia, antes secretarios, han remitido a los fiscales en los últimos días, casi en el límite del plazo, listados no oficiales de causas a punto de caducar. No hay certeza, según explican, de que no queden causas sin revisar y se plantea la duda de qué ocurrirá con ellas. La ley asegura que el mero transcurso del plazo no es causa de archivo, pero al dar por cerrado el sumario y no haber posibilidad de pedir más diligencias quedan en la práctica archivadas o son elevadas al juzgado de lo penal sin culminar la instrucción o con una investigación deficiente.

Explican los fiscales que es imposible cumplir los plazos de seis meses porque, por ejemplo, transcurren entre 18 y 24 meses de plazo para pruebas periciales que dependen del ministerio. Esas pruebas son para móviles o para análisis de drogas, según un fiscal.

Lo positivo es que ha servido para hacer aflorar causas porque los juzgados no saben a ciencia cierta lo que tenían en trámite. “Ha venido bien para limpiar los juzgados”, admiten en la Fiscalía. Lo malo es que no se establece un sistema de control para en el futuro saber qué causas quedan y cuántas van superando los plazos previstos en la instrucción.

La norma ha sido protestada por todos los sectores de la Justicia y todos los partidos, salvo el PP que la aprobó en solitario y ha provocado el enfrentamiento entre fiscales y secretarios porque estos han recibido la orden de remitir a la Fiscalía todas las causas para que sean revisadas y en su caso pedir ampliaciones de plazo declarándolas complejas.

Los fiscales relacionan la llegada de cientos de causas a sus sedes desde el pasado lunes con las palabras de Madrigal, cuya reprobación piden los letrados judiciales. Los Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) han difundido un comunicado en el que censuran "la sombra de dudas" que, a su juicio, ha dirigido contra ellos la fiscal general. "Dado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé la manera en que debía desarrollarse la colaboración entre oficinas judiciales y fiscalías, ambas instancias, Ministerio y Fiscalía, tenían la responsabilidad de llegar a un acuerdo legal sobre esta cuestión", señalan los antiguos secretarios. "Lo que pone de manifiesto la situación que se ha generado es que el Ministerio no calibró las consecuencias del artículo ni la disposición del Ministerio Fiscal a colaborar con el cumplimiento del mismo sin pretender quebrar el marco competencial de los colectivos implicados", sostiene SISEJ.