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Susana Díaz niega que haya un fraude en los cursos de formación

La presidenta andaluza cierra la comisión de investigación del Parlamento

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha negado este martes que exista un fraude en los cursos de formación subvencionados por el Gobierno autonómico entre 2002 y 2012. Díaz ha argumentado que las arcas públicas aún no han sido dañadas pese a los indicios recabados por la policía y la Guardia Civil en los dos últimos años. “Al no haber menoscabo [de fondos públicos] no ha habido fraude. Si los tribunales determinan otra cosa, cambiaré de criterio”, ha afirmado Díaz.

La Intervención General de la Junta ha evitado mencionar el menoscabo en la formación porque no lo detectó en sus análisis de los cursos; el proceso de reintegro para que los empresarios devuelvan el dinero percibido irregularmente continúa abierto; y las 18 investigaciones judiciales abiertas en Andalucía aún no han culminado y carecen de sentencias firmes.

Sin embargo, en paralelo a los jueces la Junta abrió una investigación interna y hoy reclama 90 millones de euros a mil empresarios por “las disfunciones” en la justificación de gastos de algunas subvenciones, según definió el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado. De los 2.896 millones invertidos en formación durante una década, ahora la Junta reclama un 3%. Díaz precisó al respecto: “Esos 90 millones no sabemos si al final serán 90, 85 o 60 millones. Aquí ha habido revisión. Y no significa fraude, sino gastos mal computados”. La líder socialista matizó que la Junta ha recuperado un millón devuelto de manera voluntaria.

La presidenta ha cerrado las 68 comparecencias ante la Cámara andaluza tras las intervenciones de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la ausencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Tras salir a la luz las primeras sospechas de irregularidades en la justificación de facturas desde el sindicato UGT en 2013, el Gobierno presidido por Díaz evitó la concesión de nuevas líneas de subvenciones en la formación. “Había alertas suficientes para mantener la paralización de los cursos”, ha explicado.

La diputada del PP Teresa Ruiz centró sus preguntas en el sueldo del marido de la presidenta, José María Moriche, obtenido entre 2004 y 2012 gracias a los cursos de formación que impartió UGT y que el PP cifró en 200.000 euros. “Me he casado con un tieso”, ha afirmado Díaz sobre la nómina de entre 700 y 1.200 euros que percibió su esposo como auxiliar administrativo.

Los ingresos de marido de Díaz le han dado pie a la presidenta para defender la transparencia empleada con su economía doméstica: "En mi casa como entra poco, lo sabemos (…) Yo no formaré parte de la moda de las mujeres que no saben de dónde viene el dinero y los coches", dijo en referencia a la exministra Ana Mato. A continuación, ha subrayado que la pareja de la portavoz parlamentaria del PP y exdelegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se lucró gracias a los cursos de formación pero a ella le parecía una actividad correcta. El diálogo entre Díaz y Ruiz Sillero subió de tono hasta enzarzarse en una agria disputa que la primera definió como "insidias".

Durante la comparecencia salieron a relucir los convenios firmados entre UGT y el PSOE, y si el partido socialista se había beneficiado de manera indirecta de los cursos de formación. Díaz rechazó esta posibilidad, así como las acusaciones sobre financiación irregular que protagonizó el año pasado la juez Mercedes Alaya durante sus investigaciones, cuando incluso mencionó la existencia de una red de "clientelismo político".

La formación en Andalucía es un cajón de sastre con todo tipo de ayudas: fraudes claros con cursos que no se impartieron, facturas infladas de manera desorbitada sobre materiales utilizados (paquetes de folios a 50 euros), pero también inconveniencias sobre porcentajes del sueldo de los profesores imputables a la Seguridad Social que la Administración ha inadmitido. La pregunta es si el primer y más grave supuesto ha sido el más frecuente.

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