Justicia y Fiscalía discrepan sobre la revisión de causas penales

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, discrepan sobre el cumplimiento de los plazos para la instrucción de causas pendientes. Ambos se reunieron este jueves en el Ministerio y Catalá garantizó que “se cumplirá al cien por cien”, aunque a 20 días de acabar el plazo admite que quedan miles de causas por revisar. La Fiscalía da por hecho que es imposible cumplir la ley, pero Madrigal se negó a dar explicaciones tras la reunión.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor el pasado 6 de diciembre, que en su artículo 324 establece un plazo de seis meses para la instrucción de sumarios. Es ampliable a 18 meses solo si se declara antes, a instancias de fiscal, como causa compleja. Por eso, la Fiscalía dictó una instrucción para que se revisaran todos los procedimientos abiertos y poder determinar cuáles son declarados complejos. Es decir, la revisión debe concluir antes del 6 de junio y, según cálculos aproximados, afectaría a casi 400.000 causas abiertas. La cifra se incrementa cada día, en función de los nuevos procedimientos que se van abriendo.

El Consejo Fiscal, en el que está representada la carrera y que preside la propia Madrigal, aprobó el miércoles una resolución en la que admitía la imposibilidad de revisar todas las causas antes del plazo legal de seis meses. La fiscal general hizo suya esa crítica a la reforma legal que, en su momento, fue rechazada también por todas las asociaciones de jueces y fiscales, las conservadoras y las progresistas. Tuvo también el voto en contra de todo el Congreso en la anterior legislatura, salvo el PP que tenía entonces mayoría absoluta. En esta última legislatura, la mayoría del Congreso aprobó una proposición no de ley instando a la derogación.

Grado de cumplimiento

Catalá aseguró tras la reunión de este jueves que días antes de cumplirse el plazo ya se ha revisado el cien por cien, en casi todas las provincias, salvo en algunos lugares que van por el 80%. No precisó en qué lugares, aunque citó como ejemplo Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia.

Aunque las cifras son muy imprecisas, el 80% de los procesos abiertos en esas provincias citadas por el ministro suponen miles de causas.

No obstante, los datos del Consejo Fiscal del miércoles muestran que en algunas provincias solo consta como revisado el 27% de los procedimientos.

A pocos días del fin del plazo, el ministro se comprometió a tomar medidas como extender un protocolo de colaboración entre fiscales y letrados de la administración de Justicia —antes secretarios judiciales— que fue establecido en Valladolid. También han acordado cruzar datos.